La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ensayó este miércoles una explosiva hipótesis sobre la muerte en 2015 de su exmarido, el fiscal Alberto Nisman, al señalar que los supuestos partícipes están ligados a servicios de inteligencia vinculados con la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz, y a un funcionario del actual Gobierno nacional.
La jueza disertó en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, en el Hotel Libertador, donde aseguró que la corrupción en la Argentina es estructural, ya que abarca a los tres poderes del Estado.
Arroyo Salgado calificó al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” porque -según dijo- debería haber más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.
El discurso de la magistrada arrancó aplausos entre los rotarios y exclamaciones de asombro ante sus revelaciones realizadas desde el púlpito, aunque luego no dio mayores detalles.
La magistrada fue durante 16 años la esposa de Alberto Nisman y madre de sus dos hijas. El fiscal, que investigaba la causa AMIA, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza tras denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner por encubrimiento tras la firma del Pacto con Irán.
Al final de su discurso, a la hora de los postres y las preguntas del público, la consultaron acerca de si era optimista con respecto a los avances en la investigación de la muerte de Nisman.
La jueza respondió: “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”.
La magistrada no dio otros detalles. La causa por la muerte de Nisman es considerada por la Justicia un homicidio. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. Están procesados los excustodios del fiscal.
El fiscal Eduardo Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban tras el crimen.
Arroyo Salgado pareció aludir a informes de prensa que señalan una supuesta reunión en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y interventor Pablo Gordillo, durante una hora y media. Gordillo sería un histórico kirchnerista nombrado ahora por la administración libertaria, luego de la salida del anterior interventor por corrupción.
Arroyo Salgado dio una charla sobre Investigaciones Complejas y Credibilidad en la Justicia donde dijo que “la corrupción es estructural y no escapa a los tres poderes del Estado. Es de orden público, pero también de la sociedad civil”, explicó al sostener que “detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”.
Mencionó que esta situación “no escapa a ningún color político y a ningún Gobierno”. Fue allí que mencionó la ineficacia de la Justicia frente al crimen organizado.
Dijo que en las fronteras el narcotráfico se apropia del Estado y del territorio, adquiriendo campos para construir pistas clandestinas y contrabandear droga. En la misma línea afirmó que el terrorismo no es una categoría académica, sino una deuda con la sociedad y las víctimas de la AMIA y la Embajada de Israel.
Allí mencionó a Nisman, “asesinado a cuatro días de radicar una denuncia de encubrimiento contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo”. Dijo que el pacto con Irán fue en realidad un “pacto de impunidad para los responsables detrás del atentado”.
“Es el avasallamiento más grande que tuvo nuestro país una vez reanudada la democracia”, indicó, al tiempo que consideró al crimen de Nisman como “el acontecimiento de mayor impacto institucional”, porque era “un fiscal en función”.
Señaló que “el gran desafío es combatir la corrupción endémica y estructural que tenemos, que no solo es una corrupción activa cuando hemos visto jueces, fiscales, miembros de fuerzas de seguridad, de la política, que forman parte de organizaciones criminales, sino que también tenemos en este escenario una corrupción pasiva de no ver, de no hacer, de dejar pasar”.
Arroyo Salgado entendió que en la selección de magistrados, poniendo por encima de todo la honestidad, está la clave para combatir la corrupción.
A la hora de las preguntas se quejó de que los presos bonaerenses puedan tener celulares en sus celdas, dijo que advirtió sobre ello al ministro de Justicia provincial Juan Martín Mena, sin tener éxito en su reclamo, y enfatizó: “Sería una buena decisión política que el gobernador Axel Kicillof pase el Servicio Penitenciario bonaerense a la cartera de Seguridad, tal como lo hizo el presidente de la Nación con el Servicio Penitenciario Federal”.
La jueza dijo que con los índices de corrupción que hay debería haber más jueces destituidos. “El Consejo de la Magistratura, como tiene una integración tan plural e integrada por académicos, por jueces, por políticos, es como un elefante burocrático que difícilmente llega a tomar decisiones en tiempo y forma respecto del magistrado que no está haciendo bien su trabajo”, criticó.
Arroyo Salgado dijo que “con los índices de corrupción que hay en la Justicia, en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, deberían ser muchos más los magistrados que estén sometidos a procesos de investigación, en juicio político y también que sean removidos, ¿no?“, concluyó.
La jueza sorprendió con esa hipótesis en una conferencia en la que advirtió que la corrupción en la Argentina es estructural y está en los tres poderes del Estado; para ella, debería haber más jueces y fiscales destituidos
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