La Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para respaldar la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). La entidad solicitó formalmente intervenir como tercero en la causa judicial iniciada por la CGT contra el Estado Nacional para pedir que no se suspenda su aplicación.

A través de un comunicado, desde la Rural advirtieron que un freno a la reforma impactaría en los costos productivos y la generación de empleo, al tiempo que cuestionaron la competencia de la Justicia del Trabajo para decidir sobre una ley sancionada por el Congreso Nacional.

“La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica”, dice el comunicado.

En ese sentido, sostuvo en el texto que la ley busca “promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores”.

La entidad comentó también que cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica “una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso”.

Asimismo, la SRA advirtió que frenar la ley afectaría la “previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país”.

En el cierre del comunicado, la SRA precisó que reafirmó “su compromiso con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones”.

CGT contra la reforma laboral

La CGT busca evitar que la Corte Suprema valide la reforma laboral tras filtraciones sobre la postura del máximo tribunal, en una disputa centrada en la competencia judicial entre el fuero laboral y el contencioso administrativo.

Tal como contó LA NACION, se trata del fuero en el que se mantiene vigente un fuerte lobby sindical y que el Gobierno, a través de la reforma de la ley, pretende traspasar al ámbito porteño para quitarle poder e influencia. La posibilidad de desmantelar el fuero del trabajo es una de las principales preocupaciones de los sindicalistas.

La estrategia judicial de la CGT es ejecutada por el abogado Pablo Arnaldo Topet, que se presentó el martes pasado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porque ese fuero se declaró competente para intervenir en el caso.

Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados. En caso de que no prospere este planteo, en la CGT creen que deberá intervenir la Corte. Todavía restan algunos pasos por dar en esta batalla por la competencia, que también esconde una puja de intereses entre los magistrados.

La resistencia sindical tuvo también eco en la Justicia laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió 81 artículos de la ley, apeló ante la Cámara del Trabajo la decisión de los camaristas de la Sala VIII que dejaron en suspenso su fallo y volvieron a poner en vigencia la normativa. Ojeda pretende que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, los firmantes de la medida que revirtió su fallo, se pronuncien nuevamente para evitar que el fuero contencioso administrativo se quede con el caso. Pero ni Pesino ni González estarían dispuestos a pelear para que sea su fuero el que finalmente resuelva la cuestión de fondo, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.

La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral(FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.

Pero Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión, por lo que ley volvió a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría ser con la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

​La entidad advirtió que una eventual suspensión de la norma afectaría la previsibilidad jurídica y el funcionamiento del sector agropecuario  

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