La Cámara del Trabajo otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional contra la medida cautelar decretada por el juez Horacio Ojeda que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral, según el fallo al que accedió LA NACION. De esta manera, la iniciativa aprobada en el Congreso está en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo resolvieron los camaristas María Dora González y Víctor Pesino, que con su decisión dejaron en suspenso lo fallado en primera instancia por Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63 y quien el 30 de marzo pasado dictó una medida cautelar innovativa en la que hizo lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la normativa de la ley 27.802.
La semana pasada, el Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laborala pedido de laConfederación General del Trabajo (CGT).
El Ministerio de Capital Humano celebró en redes sociales el fallo de la Cámara del Trabajo con un comunicado. “La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional”, expresó la cartera que depende de Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Trabajo.
COMUNICADO OFICIAL.@JMilei @MinJusticia_Ar @juanbmahiques @ProcuTesoroAR pic.twitter.com/iTE5mxQxXe
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 23, 2026
La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.
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Así lo resolvieron los camaristas María Dora González y Víctor Pesino; el Gobierno había presentado un recurso de per saltum ante la Corte, que todavía no resolvió la disputa de fondo
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