Caputo se quedó con más de $1.165 millones que debían destinarse a la reparación de las rutas

El crítico estado de las rutas en la Argentina, escenario de numerosos siniestros viales a lo largo del país, tiene detrás una cifra contundente: 1.165.491 millones de pesos. Se trata de un monto millonario que, según distintos análisis, hubiese permitido avanzar con obras de reparación en gran parte de la red vial deteriorada, cuya situación no solo pone en riesgo vidas sino que también complica el traslado de bienes y personas.

El número surge de un informe elaborado por un grupo de veinte diputados peronistas, quienes revisaron los fondos que —según sostienen— fueron retenidos de manera indebida por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Esos recursos provienen del Impuesto a los Combustibles, que por normativa nacional establece que el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al Sistema Vial Integrado (Sisvial), encargado del mantenimiento y mejora de las rutas.

En ese contexto, también señalan que el superávit fiscal que destacan el presidente Javier Milei y su equipo económico estaría sostenido, en parte, por el incumplimiento de obligaciones legales del Estado, como la falta de pagos y la retención de partidas específicas. Entre los ejemplos, mencionan la deuda con proveedores del PAMI, que ronda los mil millones de dólares. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.

El informe además detalla que la recaudación del impuesto a los combustibles tuvo un crecimiento marcado desde el cambio de gestión. Entre 2023 y 2024, el incremento fue del 378%, lo que implicaba transferir al sistema vial unos 354.835 millones de pesos. Sin embargo, según el relevamiento, esos fondos no habrían sido girados en su totalidad. En 2025, el aumento fue del 92%, y en ese período se habrían retenido 688.126 mil millones. A esto se suman 122.530 millones correspondientes a los primeros meses de 2026, recursos que, de acuerdo a la ley 23.966, debían ser distribuidos entre las provincias.

Uno de los firmantes del informe, el diputado entrerriano Guillermo Michel, advirtió que el panorama vial «no se sostiene más» y remarcó que desde el Congreso ya se presentaron iniciativas y pedidos de informes sin obtener respuestas. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», señaló.

La situación impacta con fuerza en el interior del país, donde intendentes de distintas localidades vienen alertando por el deterioro de las rutas nacionales. «detonadas» describen algunos jefes comunales, quienes además remarcan que las quejas de los vecinos recaen directamente sobre los municipios. «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.

Frente a este escenario, intendentes de diferentes puntos del país tienen previsto reunirse en Buenos Aires para definir acciones conjuntas, mientras crece el malestar también entre los gobernadores, quienes no descartan avanzar en planteos comunes.

A la par, las provincias enfrentan una caída en la coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional en un contexto de recesión, lo que agrava aún más la situación financiera. En ese marco, una de las principales preocupaciones pasa por cómo se distribuirán los adelantos de fondos federales.

El relevamiento parlamentario también expone que, en línea con otras decisiones de la actual gestión económica, una parte significativa de esos recursos habría sido derivada a instrumentos financieros en lugar de cumplir con su destino original.

Mientras tanto, el deterioro de las rutas nacionales sigue siendo evidente: señalización deficiente, banquinas en mal estado y tramos peligrosos que continúan acumulando accidentes, en un contexto donde la falta de inversión se vuelve cada vez más visible.

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