El caso de los 190 vacunos denunciados como desaparecidos por el influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido en redes como “La Joya Agro”, continúa generando repercusión en el sector. La situación, que alcanzó gran visibilidad debido a sus más de 2,5 millones de seguidores, derivó en una investigación judicial que recién comienza.
En paralelo al avance de la causa y tras un rápido operativo de la Guardia Rural “Los Pumas” de Santa Fe, se logró ubicar a 161 animales en un establecimiento rural de Chabás. Según información difundida por el sitio especializado Bichos de Campo, el principal señalado en la maniobra pertenecería a una familia reconocida de Rosario y el sur santafesino, además de arrastrar una deuda superior a los 500 millones de pesos.
El mismo informe plantea interrogantes sobre la cantidad exacta de animales involucrados —si eran 190 o 163— y menciona que dos habrían muerto durante el traslado, lo que explicaría la cifra finalmente hallada. También se detallan identidades y lugares de residencia de las personas que estarían vinculadas al caso.
Uno de los puntos centrales es que los animales no fueron encontrados como resultado de un procedimiento investigativo, sino que fue el propio productor de Chabás quien notificó voluntariamente a las autoridades. El hombre informó que había adquirido la hacienda a través de un consignatario, presentando la documentación correspondiente, incluyendo guías, certificados y registros del traslado desde un campo en Santa Teresa, con paso por una balanza de cooperativa.
La operatoria implicó el uso de dos camiones jaula de doble piso, lo que supone una logística compleja, controles y trazabilidad, elementos que, según se destaca, resultan incompatibles con un robo de gran escala. En este sentido, no se registraron secuestros de animales por parte de la Justicia, y el productor mantiene la totalidad del ganado en su poder.
Desde esta perspectiva, se pone en duda la hipótesis de un delito de cuatrerismo en gran magnitud, considerando las dificultades prácticas para sustraer y trasladar una cantidad tan significativa de animales sin documentación ni controles.
En ese contexto, surgen versiones que apuntan a un posible conflicto comercial o interno entre las partes involucradas, más que a un hecho delictivo tradicional.
Por su parte, el abogado del productor afirmó que avanzarán “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer lo sucedido, y remarcó que buscarán evitar que su representado, quien asegura haber actuado de buena fe, sea involucrado en disputas ajenas. Además, anticipó que exigirán una reparación por el daño público ocasionado.
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