Ciudad en reconstrucción, derechos en destrucción

Santa Rosa sufrió la tormenta más violenta de su historia y la respuesta de la comunidad, del Estado y de las organizaciones estuvo muy a la altura de las circunstancias; en el Congreso, con nuevas complicidades pampeanas, avanzó la ley de explotación laboral que pisotea conquistas históricas. 

Una de cal…

Santa Rosa arrancó la reconstrucción con algo que no se compra ni se decreta: una reacción solidaria y un trabajo colectivo que aparecieron casi al mismo tiempo que se asentaba el polvo del desastre.

La tormenta del miércoles pasado pegó con una violencia que no se recuerda en la historia de la capital provincial. Vientos huracanados, lluvia feroz y repentina, granizo.

Un golpe breve y brutal que dejó una postal de caos: más de 1.000 árboles tirados, más de 100 columnas caídas, centenas de familias con daños y un impacto notable sobre servicios esenciales como la energía eléctrica y las telecomunicaciones. En pocas cuadras, en pocos minutos, la ciudad quedó vuelta del revés.

Pero si el temporal expuso la fragilidad material —techos, cableados, estructuras, arbolado—, también mostró otra cosa: una comunidad que, cuando se la prueba, no se queda mirando.

Hubo vecinos ayudando a vecinos, manos que aparecieron para correr ramas, despejar accesos, asistir a quienes se quedaron sin luz o con la casa comprometida, y una disposición general a resolver lo urgente sin pedir permiso. Esa respuesta ciudadana, hecha de gestos concretos y silenciosos, fue el primer amortiguador frente al desorden que deja la naturaleza cuando golpea fuerte.

El segundo amortiguador fue la acción diligente y coordinada de los organismos públicos y de las instituciones que sostienen lo cotidiano, incluso cuando lo cotidiano se rompe: Municipalidad, gobierno provincial, Defensa Civil, la Cooperativa Popular de Electricidad, Bomberos y Policía, entre otras. A esa trama se sumaron también el Ejército y comunas cercanas.

No se trata de una lista para el aplauso fácil: es el mapa real de cómo funciona una ciudad cuando las cosas salen mal. Lo que se vio en estas horas fue capacidad de respuesta, presencia en el territorio y coordinación para despejar, asistir y empezar a ordenar. Y eso, en el medio de un escenario desbordado, vale.

La dimensión del daño todavía se termina de conocer, incluso después de la tarea intensa de estas jornadas. La reconstrucción demandará varias más y, sobre todo, obligará a mirar hacia adelante: porque el daño natural no se «arregla» solamente, también requiere reposición.

Árboles, columnas, infraestructura, servicios: reponer no es solo volver a lo anterior, es decidir cómo se vuelve y con qué criterio.

En ese punto, la buena noticia no es el temporal —que fue devastador—, sino la manera en que Santa Rosa empezó a ponerse de pie: con una combinación de solidaridad social y respuesta institucional que, en momentos así, es lo único que acorta el camino de regreso a la normalidad.

…y una de arena…

Mientras Santa Rosa se ordena a fuerza de comunidad y respuesta concreta, en el Congreso Nacional se volvió a ver otra clase de «reconstrucción»: la de un tablero político que, cuando se trata de derechos laborales, suele inclinarse con facilidad hacia el lado del recorte.

La Cámara de Diputados avanzó hacia la concreción de la ley de explotación laboral, que a primera vista es, antes que nada, un notable retroceso sobre conquistas construidas a lo largo de décadas con luchas colectivas, muchas de ellas paradigmáticas. No es un detalle técnico ni un debate menor: cuando se tocan condiciones de trabajo, se toca el corazón de la vida cotidiana.

En ese movimiento, La Pampa quedó otra vez señalada por las manos que acompañaron la avanzada. A los antecedentes ya conocidos en el Senado —Victoria Huala y Daniel Kroneberger— se sumaron ahora otros dos pampeanos, Adrián Ravier y Martín Ardohain, ubicados, en este caso, en la vereda contraria a los intereses del sector trabajador.

No es solo una cuestión de voto: es una definición política que ordena pertenencias, pone de un lado a quienes creen que la competitividad se construye ajustando hacia abajo, y del otro a quienes entienden el trabajo como piso de dignidad y no como variable de descarte.

Pero el saldo amargo no se agota en el resultado. La sesión expuso, una vez más, un espectáculo que por momentos rozó lo penoso. No es la primera vez que ocurre, pero sí una ocasión en la que se exhibió de manera más exacerbada la falta de formación de una porción importante de legisladores y, sobre todo, su lejanía respecto de la vida real.

Esa distancia se nota cuando se discute el trabajo como si fuera una categoría abstracta, un Excel o una consigna, y no la experiencia concreta de millones de personas: horarios, salarios, seguridad, estabilidad, derechos, posibilidades de futuro. Cuando ese vínculo se rompe, el Congreso deja de ser una caja de resonancia social y se vuelve un teatro cerrado, donde se actúa para la tribuna propia y se legisla para otros.

Y como telón de fondo, quedó al desnudo el mecanismo que, en los hechos, sostiene al gobierno libertario: la operación permanente de la llamada «casta», esa palabra que se usó para prometer lo contrario. A contramano de lo dicho en campaña y del compromiso con votantes que esperaban otra cosa, aparece el pacto.

Un toma y daca vergonzoso al que se prenden sin demasiada distinción figuras del PRO, del radicalismo, del peronismo y partidos provinciales. No es nuevo, pero cada vez que se repite se vuelve más claro: hay momentos en los que la grieta es un decorado y el sistema funciona con una lógica común, especialmente cuando el costo político se descarga en el eslabón más débil.

Así, mientras en la calle se ve la organización para volver a poner en pie una ciudad, en el recinto se consolida una dinámica que vuelve a poner en discusión lo básico: qué vale un derecho cuando las negociaciones se imponen como método y la vida real queda afuera del cálculo.

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