La Voz
El ministro Luis Caputo pateó el hormiguero. Para muchos, sin tacto y con una confesión inadecuada para quien es ministro de Economía –“yo hace años que me compro la ropa afuera”, admitió-, pero para otros, abrió un debate que la Argentina viene postergando hace 40 años.
“Les ha ido bárbaro a los dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos la ropa, no pagándola un poco más cara, cinco, 10 veces. Convengamos que las 150 mil familias que trabajan en el sector no es que son millonarias y le están dando un impulso al país impresionante… los que se beneficiaron fueron los dueños. Los conozco a la mayoría, los quiero mucho, son buena gente, pero el que no viaja en primera no es que va en económica: tiene avión privado”, lanzó.
La pregunta es incómoda: ¿podemos sostener nuestra industria textil? ¿Podemos fabricar buenos celulares, bonitos y baratos? ¿Televisores? ¿Autos? ¿Pueden esos sectores competir en precio y en calidad con lo que se hace en el mundo? ¿Están ahí nuestras verdaderas capacidades? ¿O sólo pueden hacerlo si el Estado encadena una serie de protecciones que garantizan un muro tan artificial como costoso?
Tras el episodio de Caputo, el economista Miguel Kiguel advierte que la discusión es más profunda, y que quizá no estemos sólo frente a un cambio de modelo, sino ante una “transformación estructural” que la Argentina elude desde hace décadas.

“A través de un complejo andamiaje de cepos, aranceles, subsidios y aislacionismo, se buscó sostener una estructura productiva desconectada de nuestras verdaderas capacidades. En esta nueva etapa, con menos diques de contención, el capital está migrando rápidamente desde sectores de baja productividad artificialmente sostenidos hacia sectores de alta productividad globalmente competitivos”, sostiene.
A su criterio, los datos de actividad empiezan a dibujar “las dos argentinas”. “Los sectores donde tenemos ventajas comparativas genuinas muestran un crecimiento robusto: agroindustria, energía (Vaca Muerta), minería y servicios basados en el conocimiento; mientras que la industria manufacturera, altamente dependiente de la protección estatal, enfrenta un panorama más complicado”, sostiene.
La economista Daiana Fernández Molero, además diputada nacional por el PRO, reclama “claridad conceptual”. “No estamos ante una apertura indiscriminada, estamos ante una normalización del comercio exterior”, dice, en referencia a marcas y plataformas que son habituales en otros puntos del mapa.

“Venimos de una economía híperprotegida que funcionaba a base de parches, excepciones y regulaciones hechas a medida. Muchas inversiones que se presentaban como estratégicas eran, en realidad, inversiones nacidas al calor de la protección, sostenidas por normas transitorias, por licencias, por aranceles discrecionales. Y cuando una inversión depende más de la medida que la habilita que de su productividad real, no estamos ante un proyecto estratégico, sino ante fachadas productivas”, agrega.
Hay un indicador que se denomina Tasa de Asistencia Efectiva (TAE) que cuantifica el nivel de asistencia que un sector recibe del Estado. Lo elabora anualmente la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de la Nación y engloba tres aspectos: la protección comercial del producto, que se da vía aranceles a la importación, como textil, cuero y calzado; la asistencia fiscal focalizada, que son las exenciones impositivas dirigidas específicamente a algunos sectores, como el caso de la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones, concentrada principalmente en Tierra del Fuego y la asistencia fiscal no focalizada que se refiere a exenciones impositivas y subsidios generalizados que benefician a todos los sectores por igual, aunque con diferente impacto, por ejemplo, los subsidios a la energía. ¿Cuál es el más protegido?

En primer lugar, fabricación de celulares y TV: la ayuda del Estado les incrementa en 112% el valor agregado que generan. El número fue presentado por la OPC en septiembre pasado con datos estimados del 2024. Al 2023 esta protección estaba en 191%. La baja se debe a la reducción de aranceles. En segundo lugar están los autos, con el 104%; le sigue tabaco con 68%; cuero y calzado con 52% y textiles con 50%.
Hay sólo tres sectores que reciben asistencia efectiva negativa (o desprotección efectiva): son el de minería, el de hidrocarburos y el de alimentos y bebidas, principalmente por la carga negativa que les representan los aranceles a la exportación. Son, justamente, los sectores en los que Argentina es muy competitiva y lo es incluso con las retenciones.
Lo que viene
Es evidente que cuando el mercado se cierra artificialmente, con las Sira, licencias no automáticas, permisos previos para importar, cepo cambiario y demás yerbas, los bienes locales se encarecen y cuando esa red de protección se cae, se abaratan. Además, en el caso de los textiles, se aplican aranceles del 35%, que es el máximo permitido por la OMC.
El economista Matías Surt, jefe de la consultora Invecq, identifica cinco momentos en la historia argentina en cuanto a los precios relativos de la indumentaria: en los ’90, que se abarató 45%; 2001-2015, cuando se encareció 25%; el Gobierno de Macri, cuando cayó 22%; el de Alberto Fernández, cuando subió 40% y el actual, en el que ha bajado 32%.
Hoy, además, se agrega hoy el fenómeno “fast fashion” –que desafía a todo Occidente- con plataformas de ropa muy barata, como Shein o Temu, a los que los argentinos también pueden acceder.
En estos días, se escucha las voces de los fabricantes de textiles que piden primero que les bajen los impuestos y luego que se abran las importaciones, una especie de “nivelar la cancha primero” para luego después competir. El titular de la Camara, Claudio Drescher, cuestionó a Caputo: “Quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y olvidarse de todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar, ni un solo impuesto han logrado desarmar”.
Drescher desglosó los impuestos del sector: 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% de costo de las seis cuotas, 15% del costo de alquiler. Eso da 55% y falta la diseñadora, el flete, la publicidad. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo”.

Sin embargo, Surt sostiene que el problema de la ropa cara local no está en los impuestos porque todos esos impuestos los paga también un restaurante, una farmacia o el que vende parrillas. “La ropa no tiene en Argentina una carga tributaria adicional a la del promedio. De hecho, podríamos decir que como es un rubro industrial con un nivel de informalidad laboral bastante elevado, tiene un nivel de presión impositiva menor. El diferencial de precios está en todas las herramientas que han gravado las importaciones”, dice.
El problema de fondo es que sin el alambrado artificial, es muy difícil competir.
¿Podemos seguir fabricando ropa o hay que rendirse ante China, que pone una remera blanca a un dólar? “Creo que no; y el mundo a esa decisión la tomó hace rato. ¿Cuántos países en el mundo son grandes productores de indumentaria? ¿Cuántos países tienen un nivel de porcentaje de ropa fabricada localmente tan alto como el que tiene la Argentina? Seguramente sean muy pocos. Porque el mundo se dio cuenta que es un sector de mano de obra intensiva y como cualquier sector de mano de obra intensiva, la ventaja relativa la va a encontrar en bajar el costo laboral. Entonces, no vamos a poder. Es más, el problema ya no es China. China está quedando cara por niveles salariales para muchas marcas. Las de primer nivel hoy están fabricando remeras en Kenia, África”, dice Surt.
Caputo sostiene que tras la quita de protección, la ropa se abarató en Argentina. Y es cierto. Lo mismo pasó con otros bienes. Por ejemplo, la Ford Ranger V6 pasó a costar alrededor de U$S 55.800 en Argentina, prácticamente en línea con Chile, donde cuesta 55 mil dólares. Hace un año estaba 20 mil dólares más cara.
El Renault Kwid, hoy el auto más barato del mercado argentino, está en torno de los 14 mil dólares, en línea con otros mercados regionales. Algo similar se observa en computadoras y teléfonos móviles.
Que la apertura trae beneficios es evidente, lo que no significa que la transición esté exenta de riesgos. “Un riesgo es la velocidad de la corrección. La apertura comercial se está dando en simultáneo con un tipo de cambio real relativamente apreciado. Esta combinación acelera el impacto sobre los sectores transables menos competitivos antes de que los nuevos sectores maduren lo suficiente para absorber la oferta laboral”, dice Kiguel.
El contexto global también incide: la irrupción de la Inteligencia Artificial podría provocar que el sector servicios ya no sea tan permeable a la absorción de empleos. La discusión pública en estos días debería focalizarse en cómo gestionar la transición para minimizar los daños colaterales y no cómo frenarlo para volver al pasado.
El ministro Luis Caputo pateó el hormiguero. Para muchos, sin tacto y con una confesión inadecuada para quien es ministro de Economía –“yo hace años que me compro la ropa afuera”, admitió-, pero para otros, abrió un debate que la Argentina viene postergando hace 40 años. “Les ha ido bárbaro a los dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos la ropa, no pagándola un poco más cara, cinco, 10 veces. Convengamos que las 150 mil familias que trabajan en el sector no es que son millonarias y le están dando un impulso al país impresionante… los que se beneficiaron fueron los dueños. Los conozco a la mayoría, los quiero mucho, son buena gente, pero el que no viaja en primera no es que va en económica: tiene avión privado”, lanzó.La pregunta es incómoda: ¿podemos sostener nuestra industria textil? ¿Podemos fabricar buenos celulares, bonitos y baratos? ¿Televisores? ¿Autos? ¿Pueden esos sectores competir en precio y en calidad con lo que se hace en el mundo? ¿Están ahí nuestras verdaderas capacidades? ¿O sólo pueden hacerlo si el Estado encadena una serie de protecciones que garantizan un muro tan artificial como costoso?Tras el episodio de Caputo, el economista Miguel Kiguel advierte que la discusión es más profunda, y que quizá no estemos sólo frente a un cambio de modelo, sino ante una “transformación estructural” que la Argentina elude desde hace décadas. “A través de un complejo andamiaje de cepos, aranceles, subsidios y aislacionismo, se buscó sostener una estructura productiva desconectada de nuestras verdaderas capacidades. En esta nueva etapa, con menos diques de contención, el capital está migrando rápidamente desde sectores de baja productividad artificialmente sostenidos hacia sectores de alta productividad globalmente competitivos”, sostiene. A su criterio, los datos de actividad empiezan a dibujar “las dos argentinas”. “Los sectores donde tenemos ventajas comparativas genuinas muestran un crecimiento robusto: agroindustria, energía (Vaca Muerta), minería y servicios basados en el conocimiento; mientras que la industria manufacturera, altamente dependiente de la protección estatal, enfrenta un panorama más complicado”, sostiene.La economista Daiana Fernández Molero, además diputada nacional por el PRO, reclama “claridad conceptual”. “No estamos ante una apertura indiscriminada, estamos ante una normalización del comercio exterior”, dice, en referencia a marcas y plataformas que son habituales en otros puntos del mapa. “Venimos de una economía híperprotegida que funcionaba a base de parches, excepciones y regulaciones hechas a medida. Muchas inversiones que se presentaban como estratégicas eran, en realidad, inversiones nacidas al calor de la protección, sostenidas por normas transitorias, por licencias, por aranceles discrecionales. Y cuando una inversión depende más de la medida que la habilita que de su productividad real, no estamos ante un proyecto estratégico, sino ante fachadas productivas”, agrega.Hay un indicador que se denomina Tasa de Asistencia Efectiva (TAE) que cuantifica el nivel de asistencia que un sector recibe del Estado. Lo elabora anualmente la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de la Nación y engloba tres aspectos: la protección comercial del producto, que se da vía aranceles a la importación, como textil, cuero y calzado; la asistencia fiscal focalizada, que son las exenciones impositivas dirigidas específicamente a algunos sectores, como el caso de la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones, concentrada principalmente en Tierra del Fuego y la asistencia fiscal no focalizada que se refiere a exenciones impositivas y subsidios generalizados que benefician a todos los sectores por igual, aunque con diferente impacto, por ejemplo, los subsidios a la energía. ¿Cuál es el más protegido?En primer lugar, fabricación de celulares y TV: la ayuda del Estado les incrementa en 112% el valor agregado que generan. El número fue presentado por la OPC en septiembre pasado con datos estimados del 2024. Al 2023 esta protección estaba en 191%. La baja se debe a la reducción de aranceles. En segundo lugar están los autos, con el 104%; le sigue tabaco con 68%; cuero y calzado con 52% y textiles con 50%.Hay sólo tres sectores que reciben asistencia efectiva negativa (o desprotección efectiva): son el de minería, el de hidrocarburos y el de alimentos y bebidas, principalmente por la carga negativa que les representan los aranceles a la exportación. Son, justamente, los sectores en los que Argentina es muy competitiva y lo es incluso con las retenciones.Lo que viene Es evidente que cuando el mercado se cierra artificialmente, con las Sira, licencias no automáticas, permisos previos para importar, cepo cambiario y demás yerbas, los bienes locales se encarecen y cuando esa red de protección se cae, se abaratan. Además, en el caso de los textiles, se aplican aranceles del 35%, que es el máximo permitido por la OMC.El economista Matías Surt, jefe de la consultora Invecq, identifica cinco momentos en la historia argentina en cuanto a los precios relativos de la indumentaria: en los ’90, que se abarató 45%; 2001-2015, cuando se encareció 25%; el Gobierno de Macri, cuando cayó 22%; el de Alberto Fernández, cuando subió 40% y el actual, en el que ha bajado 32%.Hoy, además, se agrega hoy el fenómeno “fast fashion” –que desafía a todo Occidente- con plataformas de ropa muy barata, como Shein o Temu, a los que los argentinos también pueden acceder. En estos días, se escucha las voces de los fabricantes de textiles que piden primero que les bajen los impuestos y luego que se abran las importaciones, una especie de “nivelar la cancha primero” para luego después competir. El titular de la Camara, Claudio Drescher, cuestionó a Caputo: “Quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y olvidarse de todos los impuestos que en dos años no han logrado desarmar, ni un solo impuesto han logrado desarmar”.Drescher desglosó los impuestos del sector: 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% de costo de las seis cuotas, 15% del costo de alquiler. Eso da 55% y falta la diseñadora, el flete, la publicidad. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo”.Sin embargo, Surt sostiene que el problema de la ropa cara local no está en los impuestos porque todos esos impuestos los paga también un restaurante, una farmacia o el que vende parrillas. “La ropa no tiene en Argentina una carga tributaria adicional a la del promedio. De hecho, podríamos decir que como es un rubro industrial con un nivel de informalidad laboral bastante elevado, tiene un nivel de presión impositiva menor. El diferencial de precios está en todas las herramientas que han gravado las importaciones”, dice.El problema de fondo es que sin el alambrado artificial, es muy difícil competir. ¿Podemos seguir fabricando ropa o hay que rendirse ante China, que pone una remera blanca a un dólar? “Creo que no; y el mundo a esa decisión la tomó hace rato. ¿Cuántos países en el mundo son grandes productores de indumentaria? ¿Cuántos países tienen un nivel de porcentaje de ropa fabricada localmente tan alto como el que tiene la Argentina? Seguramente sean muy pocos. Porque el mundo se dio cuenta que es un sector de mano de obra intensiva y como cualquier sector de mano de obra intensiva, la ventaja relativa la va a encontrar en bajar el costo laboral. Entonces, no vamos a poder. Es más, el problema ya no es China. China está quedando cara por niveles salariales para muchas marcas. Las de primer nivel hoy están fabricando remeras en Kenia, África”, dice Surt.Caputo sostiene que tras la quita de protección, la ropa se abarató en Argentina. Y es cierto. Lo mismo pasó con otros bienes. Por ejemplo, la Ford Ranger V6 pasó a costar alrededor de U$S 55.800 en Argentina, prácticamente en línea con Chile, donde cuesta 55 mil dólares. Hace un año estaba 20 mil dólares más cara.El Renault Kwid, hoy el auto más barato del mercado argentino, está en torno de los 14 mil dólares, en línea con otros mercados regionales. Algo similar se observa en computadoras y teléfonos móviles.Que la apertura trae beneficios es evidente, lo que no significa que la transición esté exenta de riesgos. “Un riesgo es la velocidad de la corrección. La apertura comercial se está dando en simultáneo con un tipo de cambio real relativamente apreciado. Esta combinación acelera el impacto sobre los sectores transables menos competitivos antes de que los nuevos sectores maduren lo suficiente para absorber la oferta laboral”, dice Kiguel.El contexto global también incide: la irrupción de la Inteligencia Artificial podría provocar que el sector servicios ya no sea tan permeable a la absorción de empleos. La discusión pública en estos días debería focalizarse en cómo gestionar la transición para minimizar los daños colaterales y no cómo frenarlo para volver al pasado.

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