Drones: un operativo de la Justicia elevó la tensión entre el oficialismo y el juecismo

La Voz

La primera medida que tomó el fiscal Tomás Casas, a cargo de investigar la denuncia del Ministerio de Seguridad en contra de los vocales juecistas en el Tribunal de Cuentas, terminó con resultado negativo y envuelta en una fuerte controversia que amenaza con escalar y sumar tensión política entre poderes.

En el arranque de la pesquisa que busca determinar si los vocales de la oposición se extralimitaron en sus funciones al bloquear la compra, este miércoles, el funcionario judicial buscó hacerse de una copia del expediente de la frustrada licitación para el equipamiento de drones pretendida por la Provincia.

Para ello, envió a la sede del Tribunal de Cuentas a cuatro policías afectados a la Unidad Judicial de Delitos Económicos. El resultado fue negativo: se volvieron sin la documentación que fueron a buscar.

Si bien se dijo que el presidente del Tribunal, el juecista Beltrán Corvalán, se negó a entregar la documentación requerida, el juecista niega que haya sido así.

De acuerdo a su versión, ese expediente ya no está físicamente en la sede del órgano de contralor. “No puedo dar lo que no tengo. Los expedientes son digitales”, explicó.

Al mismo tiempo, el tribuno denunció la improcedencia legal del requerimiento del fiscal y aseguró que el oficialismo busca amedrentarlo. Así lo planteó: “Vinieron cuatro policías. Se presentaron pidiendo el expediente. Y ellos saben que ya no está acá. Les recuerdo a los del Gobierno que tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir esto”, afirmó Corvalán.

Hizo referencia a lo que expresa la Constitución Provincial: “Tienen las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de cámara”.

A diferencia de la fiscalía, que enmarcó la acción en un “requerimiento de información”, el titular del Tribunal de Cuentas habló de “allanamiento” y lo vinculó con la disputa política que se viene dando entre el juecismo y el oficialismo por la licitación fallida de los drones.

“Esto se enmarca en la idea de que el Gobierno de Llaryora quiere amedrentar el accionar del Tribunal de Cuentas”, sostuvo el dirigente juecista al vincular el operativo con la denuncia penal que días atrás impulsó el ministro Juan Pablo Quinteros contra la mayoría opositora del organismo.

La versión de la fiscalía difiere respecto a la de Corvalán. Fuentes ligadas a esa repartición judicial dijeron a La Voz que tribuno se negó a entregar la documentación. “Primero dijo que no la podía entregar porque estaba fotocopiando el expediente”, contó un informante.

“Como los policías dijeron que esperarían a que termine el fotocopiado, Corvalán les dijo que no les entregaría la documentación”, agregaron. Eso es lo que consta en el acta que escribieron los enviados por Casas sobre el resultado del procedimiento.

Tras el frustrado operativo, se espera que Casas disponga nuevas medidas para hacerse de la documentación para avanzar en la investigación.

La primera acción del fiscal se produjo en un contexto de máxima confrontación entre el Ejecutivo provincial y los tribunos alineados con el senador nacional Luis Juez, quienes frenaron el visado del gasto y paralizaron la licitación para la compra de drones. Esa decisión fue el disparador de la ofensiva judicial del Gobierno.

El domingo pasado, en la apertura de sesiones de la Unicameral en Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora apuntó directo contra el líder del Frente Cívico. Sin nombrarlo, lo acusó de ordenar a los vocales de sus partido “obstruir” la gestión a través del control que ejercen en el Tribunal de Cuentas.

La reacción de Corvalán

Minutos después de conocido el procedimiento, Corvalán formalizó su respuesta por escrito. En una nota dirigida al jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, el tribuno rechazó el alcance del requerimiento y cuestionó su legalidad.

Allí sostuvo que, por imperio de la Constitución provincial, los miembros del Tribunal deben ser considerados a los fines procesales penales como “jueces de Cámara”, una condición que, según su interpretación, impide cualquier medida asimilable a una requisa o secuestro sin orden expresa de un juez de Control.

Corvalán señaló que el reclamo formulado por la Fiscalía, al comisionar a la Policía, resulta equiparable a una medida de registro o secuestro prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal. Y remarcó que, dada la calidad institucional de los denunciados, ese tipo de medidas solo puede ser dispuesto por un juez de Control, a pedido del fiscal interviniente.

En ausencia de esa orden judicial, afirmó, el oficio carece de validez.

Con ese argumento, devolvió formalmente el requerimiento policial y pidió que se cumpla con lo dispuesto por la Constitución y la ley procesal. En el mismo texto, introdujo una lectura política del episodio.

Advirtió sobre lo que definió como “presiones del denunciante” y calificó el procedimiento como parte de una persecución política, una línea discursiva que ya había expuesto públicamente tras la difusión del procedimiento ordenado por Casas.

Qué dijo la fiscalía

En un comunicado difundido ayer, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 turno 7, informó que “en el marco de la investigación iniciada con motivo de la denuncia de Quinteros Juan Pablo c/ Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en el día de la fecha, se dispuso requerir a las autoridades del mencionado Organismo, copias del Expediente Administrativo N° 0002050337/2025.

Sobre el resultado del operativo, consignó: “El personal afectado, se presentó en mencionado Tribunal, en donde sus autoridades se negaron a hacer entrega de las copias requeridas, retirándose del lugar sin poder cumplir la comisión ordenada”.

La denuncia de Quinteros a los tribunos juecistas

Con el aval político explícito del gobernador Llaryora, el ministro Juan Pablo Quinteros denunció la semana pasada y ante la Justicia provincial a Corvalán y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación sostiene que ambos se excedieron en sus funciones al cuestionar el mérito y la conveniencia de la política pública impulsada por el Ejecutivo.

El expediente apuntado refiere a la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Policía de Córdoba.

Desde el Tribunal de Cuentas, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado en bloque, a renglón único, lo que a su criterio habría direccionado el proceso para beneficiar a la UTE Vantac-Huinol SA, única oferente que cumplía con los requisitos del pliego.

El Ministerio de Seguridad rechazó de plano esa interpretación. En la denuncia presentada, sostiene que el Tribunal ignoró normativas técnicas aeronáuticas y actuó bajo motivaciones políticas, afectando el principio de división de poderes.

El planteo se apoya en la Ley Provincial 10.930, que limita la intervención del Tribunal de Cuentas al control de juridicidad, sin habilitarlo a evaluar criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo.

En el comunicado oficial difundido por la Provincia, Quinteros apuntó políticamente contra el senador Juez, a quien responsabiliza por el freno del expediente, aunque sin mencionarlo de manera directa.

“Expresiones como fraude, corrupción, traje a medida, sobreprecios o cajas negras, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. La crítica es legítima, la injuria no. Todo tiene un límite”, advirtió Quinteros.

​La primera medida que tomó el fiscal Tomás Casas, a cargo de investigar la denuncia del Ministerio de Seguridad en contra de los vocales juecistas en el Tribunal de Cuentas, terminó con resultado negativo y envuelta en una fuerte controversia que amenaza con escalar y sumar tensión política entre poderes.En el arranque de la pesquisa que busca determinar si los vocales de la oposición se extralimitaron en sus funciones al bloquear la compra, este miércoles, el funcionario judicial buscó hacerse de una copia del expediente de la frustrada licitación para el equipamiento de drones pretendida por la Provincia.Para ello, envió a la sede del Tribunal de Cuentas a cuatro policías afectados a la Unidad Judicial de Delitos Económicos. El resultado fue negativo: se volvieron sin la documentación que fueron a buscar. Si bien se dijo que el presidente del Tribunal, el juecista Beltrán Corvalán, se negó a entregar la documentación requerida, el juecista niega que haya sido así.De acuerdo a su versión, ese expediente ya no está físicamente en la sede del órgano de contralor. “No puedo dar lo que no tengo. Los expedientes son digitales”, explicó.Al mismo tiempo, el tribuno denunció la improcedencia legal del requerimiento del fiscal y aseguró que el oficialismo busca amedrentarlo. Así lo planteó: “Vinieron cuatro policías. Se presentaron pidiendo el expediente. Y ellos saben que ya no está acá. Les recuerdo a los del Gobierno que tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir esto”, afirmó Corvalán. Hizo referencia a lo que expresa la Constitución Provincial: “Tienen las mismas inmunidades y remuneraciones que los jueces de cámara”.A diferencia de la fiscalía, que enmarcó la acción en un “requerimiento de información”, el titular del Tribunal de Cuentas habló de “allanamiento” y lo vinculó con la disputa política que se viene dando entre el juecismo y el oficialismo por la licitación fallida de los drones. “Esto se enmarca en la idea de que el Gobierno de Llaryora quiere amedrentar el accionar del Tribunal de Cuentas”, sostuvo el dirigente juecista al vincular el operativo con la denuncia penal que días atrás impulsó el ministro Juan Pablo Quinteros contra la mayoría opositora del organismo.La versión de la fiscalía difiere respecto a la de Corvalán. Fuentes ligadas a esa repartición judicial dijeron a La Voz que tribuno se negó a entregar la documentación. “Primero dijo que no la podía entregar porque estaba fotocopiando el expediente”, contó un informante. “Como los policías dijeron que esperarían a que termine el fotocopiado, Corvalán les dijo que no les entregaría la documentación”, agregaron. Eso es lo que consta en el acta que escribieron los enviados por Casas sobre el resultado del procedimiento.Tras el frustrado operativo, se espera que Casas disponga nuevas medidas para hacerse de la documentación para avanzar en la investigación.La primera acción del fiscal se produjo en un contexto de máxima confrontación entre el Ejecutivo provincial y los tribunos alineados con el senador nacional Luis Juez, quienes frenaron el visado del gasto y paralizaron la licitación para la compra de drones. Esa decisión fue el disparador de la ofensiva judicial del Gobierno.El domingo pasado, en la apertura de sesiones de la Unicameral en Laboulaye, el gobernador Martín Llaryora apuntó directo contra el líder del Frente Cívico. Sin nombrarlo, lo acusó de ordenar a los vocales de sus partido “obstruir” la gestión a través del control que ejercen en el Tribunal de Cuentas.La reacción de CorvalánMinutos después de conocido el procedimiento, Corvalán formalizó su respuesta por escrito. En una nota dirigida al jefe del Departamento de Delitos Económicos de la Policía, el tribuno rechazó el alcance del requerimiento y cuestionó su legalidad.Allí sostuvo que, por imperio de la Constitución provincial, los miembros del Tribunal deben ser considerados a los fines procesales penales como “jueces de Cámara”, una condición que, según su interpretación, impide cualquier medida asimilable a una requisa o secuestro sin orden expresa de un juez de Control.Corvalán señaló que el reclamo formulado por la Fiscalía, al comisionar a la Policía, resulta equiparable a una medida de registro o secuestro prevista en el artículo 210 del Código Procesal Penal. Y remarcó que, dada la calidad institucional de los denunciados, ese tipo de medidas solo puede ser dispuesto por un juez de Control, a pedido del fiscal interviniente.En ausencia de esa orden judicial, afirmó, el oficio carece de validez.Con ese argumento, devolvió formalmente el requerimiento policial y pidió que se cumpla con lo dispuesto por la Constitución y la ley procesal. En el mismo texto, introdujo una lectura política del episodio. Advirtió sobre lo que definió como “presiones del denunciante” y calificó el procedimiento como parte de una persecución política, una línea discursiva que ya había expuesto públicamente tras la difusión del procedimiento ordenado por Casas.Qué dijo la fiscalíaEn un comunicado difundido ayer, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 turno 7, informó que “en el marco de la investigación iniciada con motivo de la denuncia de Quinteros Juan Pablo c/ Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en el día de la fecha, se dispuso requerir a las autoridades del mencionado Organismo, copias del Expediente Administrativo N° 0002050337/2025.Sobre el resultado del operativo, consignó: “El personal afectado, se presentó en mencionado Tribunal, en donde sus autoridades se negaron a hacer entrega de las copias requeridas, retirándose del lugar sin poder cumplir la comisión ordenada”.La denuncia de Quinteros a los tribunos juecistasCon el aval político explícito del gobernador Llaryora, el ministro Juan Pablo Quinteros denunció la semana pasada y ante la Justicia provincial a Corvalán y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.La presentación sostiene que ambos se excedieron en sus funciones al cuestionar el mérito y la conveniencia de la política pública impulsada por el Ejecutivo.El expediente apuntado refiere a la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Policía de Córdoba.Desde el Tribunal de Cuentas, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado en bloque, a renglón único, lo que a su criterio habría direccionado el proceso para beneficiar a la UTE Vantac-Huinol SA, única oferente que cumplía con los requisitos del pliego.El Ministerio de Seguridad rechazó de plano esa interpretación. En la denuncia presentada, sostiene que el Tribunal ignoró normativas técnicas aeronáuticas y actuó bajo motivaciones políticas, afectando el principio de división de poderes.El planteo se apoya en la Ley Provincial 10.930, que limita la intervención del Tribunal de Cuentas al control de juridicidad, sin habilitarlo a evaluar criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo.En el comunicado oficial difundido por la Provincia, Quinteros apuntó políticamente contra el senador Juez, a quien responsabiliza por el freno del expediente, aunque sin mencionarlo de manera directa.“Expresiones como fraude, corrupción, traje a medida, sobreprecios o cajas negras, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. La crítica es legítima, la injuria no. Todo tiene un límite”, advirtió Quinteros.  ​

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