En 2025, el juecismo rechazó más de 10 expedientes de obras: no pudieron ser ejecutadas

La Voz

La pulseada entre la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas y el gobierno de Martín Llaryora crece y se expande a varias áreas. La intensa polémica por el rechazo a la compra de un sistema integral de drones para la Policía de Córdoba domina la discusión pública y ya tiene un capítulo abierto en la Justicia, pero en simultáneo se acumulan expedientes rechazados de obras públicas que no se concretan por las “observaciones” de los vocales Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva. Hay numerosas licitaciones que se demoran más de lo normal por las idas y vueltas que impone el organismo de control.

Se trata de un problema que no tuvo ninguno de los gobernadores cordobeses anteriores, y que tampoco tiene ningún otro gobernador del país: la inmensa mayoría de las provincias y la Nación no tienen control previo del gasto, y las pocas jurisdicciones que sí tienen ese doble control –todas auditan el gasto tras su realización– no cuentan con un Tribunal de Cuentas en manos de la oposición.

En el Panal hablan directamente de un “bloqueo” de la gestión por parte del juecismo. El problema se agrava en la medida en que la administración Llaryora intenta acelerar en prestaciones estratégicas y obras públicas. Es algo que planea hacer ahora, dada la obtención de financiamiento por U$S 800 millones.

El listado de las obras que los dos vocales de la mayoría juecista impidieron en 2025 por observaciones previas a la adjudicación de las licitaciones es el siguiente:

Sistematización vial e hidráulica del Camino a San Antonio, desde Circunvalación hasta Villa Rivadavia. Se trata de la obra más relevante de todas las bloqueadas: se licitó la duplicación de calzada, con pavimento de hormigón de dos manos por sentido, separador central y rotondas, además obras simultáneas de desagües e iluminación, reubicación de todas las redes de servicios públicos y tendido de fibra óptica en la traza de casi 5 kilómetros del actual Camino a San Antonio, desde la Circunvalación hacia afuera.

La Legislatura avanzó en la autorización de las expropiaciones y en agosto pasado el gobernador y el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunciaron la obra, con una inversión de más de $ 44.783 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. Paradójicamente, la obra hubiese beneficiado a los vecinos de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en la zona sur de la Capital. Pero no se hará porque la licitación fue observada.

El trámite comenzó el 7 de agosto del año pasado. Atravesó 28 pasos administrativos antes de ingresar al Tribunal de Cuentas, el 21 de octubre. El expediente fue devuelto en noviembre con una providencia (pedido de información al Ejecutivo), volvió a ingresar y el 17 de diciembre volvió a la Dirección de Vialidad de la Provincia, observado por los opositores Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva y visado por la vocal oficialista Silvina Rivero. Es decir, fue rechazado.

Según lo explicado por Corvalán, el rechazo se fundamenta en el hecho de que la preadjudicación se hizo a un monto un 13% superior al del presupuesto oficial actualizado, con lo cual hubiera costado $ 53.500 millones.

La legislación no prevé que deban rechazarse las contrataciones en las que las cotizaciones de las empresas estén por encima del presupuesto oficial. Es un criterio determinado por los vocales de la mayoría juecista, que consideran que es “de sentido común” y que equiparan cotización superior al presupuesto oficial con indicio de sobreprecio.

Ese mismo motivo fundamenta el “bochazo” juecista a numerosas obras en el transcurso del año pasado. Algunas de las observadas son las siguientes:

Pavimentación del Camino a 60 Cuadras, desde la Circunvalación hasta la ruta T-171-23. La obra fue licitada en diciembre de 2025 y no se adjudicó por el rechazo de los vocales juecistas. Preveía la pavimentación de unos seis kilómetros del Camino a 60 Cuadras, desde la avenida 11 de septiembre hasta la ruta T-171-23 y la construcción de una rotonda en esa intersección. La inversión anunciada era de unos $ 12 mil millones y la obra no se hizo. El argumento de los vocales opositores fue que el monto de la adjudicación fue 14% superior al presupuesto oficial actualizado: $ 14.790 millones contra los $ 13.000 millones del presupuesto oficial.

Ampliación del desagüe urbano de las calles Jujuy-José Hernández de la ciudad de Río Primero. Se Trata de una obra para impedir anegamientos en el sector sur de esa ciudad. Se abrieron los sobres en octubre de 2025 y participaron tres empresas. El presupuesto oficial era de $ 279,3 millones y se preadjudicó a $ 316,9 millones. Fue frenado por el juecismo.

Bacheo Zona 3 y bacheo Zona 5. Son dos grandes licitaciones lanzadas por la Dirección Provincial de Vialidad para la reparación de versos tramos de numerosas rutas. La zona 3 abarca a los departamentos del sudeste cordobés (Unión, Marcos Juárez, General San Martín, Tercero Arriba, San Justo, Río Segundo y Juárez Celman) y la Zona 5 abarca las rutas del oeste provincial (San Javier, San Alberto y Pocho). Se trata de trabajos de Reparación de baches, fisuras y depresiones en las rutas, fresado y reemplazo de pavimento deteriorado, repavimentación y mejoras de seguridad vial que no se ejecutaron porque los expedientes fueron rechazados, por los mismos motivos que los anteriores.

La Zona 5 se preadjudicó a $ 6.092 millones, 20% más que el presupuesto oficial actualizado. La Zona 3, a $ 5.589 millones, 16% más que el presupuesto oficial actualizado. Cientos de kilómetros deteriorados no tendrán los arreglos necesarios.

Pavimentación ruta provincial U-312 (calle Bernardino López) entre la avenida Juan B. Justo y la avenida Rancagua. La licitación se llevó a cabo en octubre. La obra, que beneficiaba al norte de la Capital, no se inició por el rechazo de la preadjudicación a un costo de $ 12.998 millones, 20% por encima del presupuesto oficial de $ 10.875 millones.

Desvío de tránsito pesado en la ciudad de Oncativo. No se hizo por el rechazo opositor. Fue preadjudicada en $ 12.831 millones, un 21% más que el monto del presupuesto oficial actualizado.

Construcción redes de infraestructura barrio El Quemadero. Es una obra de urbanización básica que se preadjudicó por $ 1.688 millones. Se rechazó por superar en un 13% el presupuesto oficial.

Construcción redes de infraestructura en barrio Patricios. Se preadjudicó en $ 408 millones, 14% más que el presupuesto oficial, y fue rechazada. En ambos casos, son intervenciones sociales que no se concretaron.

Más obras frenadas

Según los registros del Ejecutivo, también se rechazaron los expedientes para la rehabilitación de la ruta provincial 17, entre Balnearia y la intersección con ruta 3; la reconstrucción de los los accesos en el puente sobre el río Ctalamochita en Los Potreros y la construcción de edificios para escuela secundaria técnica que se había proyectado en Villa General Belgrano.

En algunos casos las obras volvieron a licitarse, lo que agregó demoras de meses. En otros casos, los procesos se detuvieron tras el rechazo del Tribunal de Cuentas.

Hay otra larga serie de obras cuyos expedientes se encuentran ahora dentro del organismo de control y ya tuvieron “providencias”. Esto significa que tras analizar por 15 días la futura contratación, se solicitan aclaraciones o más información al Ejecutivo. Tras la respuesta, corren otros 15 días, y muy habitualmente, luego llega el rechazo del expediente.

Las obras que se encuentran en ese estado son las siguientes:

• Mantenimiento del cauce del Río Suquía entre Puente Santa Fe y Puente 15 (Capital).
• Pavimentación RP 28, tramo Hotel Municipal-Río Yuspe.
• Pavimentación RP 28, tramo Tala Cañada-Río Chaves.
• Desagüe pluvial calle Urquiza (entre Los Cerezos y Las Acacias), en San Francisco.
• Inversiones para mejoramiento, adecuación y modernización de los servicios del sistema eléctrico de la Provincia de Córdoba.
• Servicio de inspección, evaluación y reparación de puentes de la red vial de la Provincia de Córdoba.
• Acueducto Traslasierra (tercera etapa).
• Construcción nuevo edificio para la Comisaría de Santa Rosa de Calamuchita.
• Rehabilitación RP E-94 entre Rayo Cortado y La Quinta.
• Nexo cloacal Hospital Noroeste, en Capital.
• Adquisición de materiales para contingencias causadas por catástrofes.

Básicamente, ese mecanismo de solicitar más información –que el Ejecutivo considera, en muchos casos, meramente dilatorio– alarga por un mes la tramitación de cada expediente, en el caso de que haya una sola providencia. En numerosas ocasiones son varias las providencias en un mismo expediente. El tipo de información adicional que solicitan los opositores en algunas ocasiones abona la tesis de que sólo se trata de demorar.

Un ejemplo, entre muchos: en una licitación de botas para personal policial de 2025, se alargó más de un mes el proceso porque la oposición solicitó que se aclare si la unidad de medida del calzado a adquirir era “unidades” o “pares”. Además, se exigió información retrospectiva de la última compra de botas realizada en 2019, solicitando marca, tipo de calzado y proveedores de aquel entonces.

Caminos de las Sierras, en la mira

La mayoría juecista apunta especialmente a Caminos de las Sierras, la empresa de propiedad provincial que ejecuta la mayor porción de las obras viales. A través de la Resolución Nº 149 del 18 de diciembre pasado, se dispuso la creación de una “delegación” del organismo dentro de la sede administrativa de la empresa.

Según lo anunciado, el objetivo es llevar adelante una auditoría y desarrollar “un trabajo técnico vinculado a las funciones de control que ejerce el Tribunal”. Hubo foto de las autoridades del Tribunal de Cuentas ingresando a la empresa, que acondicionó un espacio para que trabajen los tres empleados del Tribunal de Cuentas, que ahora hacen lo mismo que siempre hizo el organismo: solicitar y recibir la información contable de la firma.

“Hay más circo político, pero los controles son los mismos de siempre: ellos piden la información por escrito y nosotros la proveemos por esa misma vía”, indicaron desde la empresa. Negaron que el gasto de Caminos de las Sierras –que ejecuta casi 6 de cada 10 pesos destinados a obras viales– carezca de control preventivo y recalcaron que, dado que las nuevas obras se solventan mayormente por aportes de capital de la Provincia, esos expedientes sí tienen control previo del Tribunal de Cuentas. En cambio, los gastos que se solventan con los ingresos por el cobro del peaje, solo tienen control posterior.

Desde la empresa, además, indicaron que el nivel de detalle que comprenden los expedientes es muy minucioso, y que por ahora no hay expedientes observados por el Tribunal de Cuentas. “Todas las obras que se licitaron están en marcha”, explicaron.

El rol del Tribunal de Cuentas, eje del debate

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba es el órgano encargado del control externo del gasto público provincial. Su función está definida tanto por la Constitución provincial y la Ley 10.930.

Según el artículo 127 de la Constitución de Córdoba, el Tribunal de Cuentas tiene a su cargo la aprobación o desaprobación originaria de la inversión de los caudales públicos realizada por los funcionarios y administradores provinciales. Es decir, verificar si el gasto público se ajusta a la normativa vigente.

Ese control se encuentra expresamente acotado por el artículo 23 de la Ley 10.930, que dispone que las observaciones del Tribunal sólo pueden fundarse en razones de juridicidad. Esto implica que el organismo no puede evaluar aspectos vinculados a la oportunidad, mérito o conveniencia de una política pública, porque esas son las facultades que le corresponden de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Se trata del punto que está en discusión en este momento, a dos años de la administración de Martín Llaryora, el primer gobernador de la democracia con el Tribunal de Cuentas en manos de la oposición.

El senador Luis Juez es el jefe político directo de Beltrán Corvalán y de María Fernanda Leiva, los dos vocales del Frente Cívico que terminan definiendo qué puede hacer –y qué no– la administración provincial.

La legislación y la doctrina coinciden en que el Tribunal de Cuentas debe limitar su actuación al control jurídico del gasto, sin avanzar sobre valoraciones políticas, comparaciones de prioridades, juicios técnicos complejos o definiciones estratégicas. Las extralimitaciones en ese sentido pueden implicar una afectación al principio constitucional de división de poderes.

Esas limitaciones son clave, porque Córdoba es una de las pocas provincias que tiene control previo del gasto (esto también existe en Tucumán y La Pampa), lo que supone que una extralimitación del organismo de control redunda directamente en la ralentización o el directo bloqueo de las decisiones del Ejecutivo. En casi todas las demás provincias y en la Nación, sólo existe control posterior, que en Córdoba también se realiza.

Entre las cosas que expresamente no puede hacer el Tribunal de Cuentas está evaluar la idoneidad técnica de los bienes o servicios adquiridos; juzgar la estrategia operativa o el diseño de una política pública; pronunciarse sobre la necesidad, conveniencia u oportunidad del gasto; analizar prioridades presupuestarias ni compararlas con otras decisiones del Ejecutivo, ni tampoco imponer criterios sobre la gradualidad o modalidad de implementación de una política. En el caso del expediente de los drones, la observación de la vocal Leiva contiene numerosas apreciaciones de estas que la ley prohíbe. Ese tipo de argumentos son el núcleo central de la denuncia penal que el ministro Juan Pablo Quinteros presentó el viernes en contra de los vocales juecistas.

Lo que sí pueden hacer los vocales del Tribunal de Cuentas cuando observan el incumplimiento de la ley de contrataciones es pedir mayores precisiones al Ejecutivo o, cuando las dudas son mayores, realizar una providencia, donde se requiere información en profundidad sobre el objeto del gasto. Cuando esto ocurre, el expediente puede llegar a estar un mes demorado.

Finalmente, la decisión de los tribunos es el visado, lo que significa que la contratación cumple con ley de contrataciones, o la observación, que presenta el rechazo del expediente si dos de los tres votos son en ese sentido.

​La pulseada entre la mayoría juecista del Tribunal de Cuentas y el gobierno de Martín Llaryora crece y se expande a varias áreas. La intensa polémica por el rechazo a la compra de un sistema integral de drones para la Policía de Córdoba domina la discusión pública y ya tiene un capítulo abierto en la Justicia, pero en simultáneo se acumulan expedientes rechazados de obras públicas que no se concretan por las “observaciones” de los vocales Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva. Hay numerosas licitaciones que se demoran más de lo normal por las idas y vueltas que impone el organismo de control.Se trata de un problema que no tuvo ninguno de los gobernadores cordobeses anteriores, y que tampoco tiene ningún otro gobernador del país: la inmensa mayoría de las provincias y la Nación no tienen control previo del gasto, y las pocas jurisdicciones que sí tienen ese doble control –todas auditan el gasto tras su realización– no cuentan con un Tribunal de Cuentas en manos de la oposición.En el Panal hablan directamente de un “bloqueo” de la gestión por parte del juecismo. El problema se agrava en la medida en que la administración Llaryora intenta acelerar en prestaciones estratégicas y obras públicas. Es algo que planea hacer ahora, dada la obtención de financiamiento por U$S 800 millones.El listado de las obras que los dos vocales de la mayoría juecista impidieron en 2025 por observaciones previas a la adjudicación de las licitaciones es el siguiente:Sistematización vial e hidráulica del Camino a San Antonio, desde Circunvalación hasta Villa Rivadavia. Se trata de la obra más relevante de todas las bloqueadas: se licitó la duplicación de calzada, con pavimento de hormigón de dos manos por sentido, separador central y rotondas, además obras simultáneas de desagües e iluminación, reubicación de todas las redes de servicios públicos y tendido de fibra óptica en la traza de casi 5 kilómetros del actual Camino a San Antonio, desde la Circunvalación hacia afuera.La Legislatura avanzó en la autorización de las expropiaciones y en agosto pasado el gobernador y el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunciaron la obra, con una inversión de más de $ 44.783 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. Paradójicamente, la obra hubiese beneficiado a los vecinos de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en la zona sur de la Capital. Pero no se hará porque la licitación fue observada.El trámite comenzó el 7 de agosto del año pasado. Atravesó 28 pasos administrativos antes de ingresar al Tribunal de Cuentas, el 21 de octubre. El expediente fue devuelto en noviembre con una providencia (pedido de información al Ejecutivo), volvió a ingresar y el 17 de diciembre volvió a la Dirección de Vialidad de la Provincia, observado por los opositores Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva y visado por la vocal oficialista Silvina Rivero. Es decir, fue rechazado.Según lo explicado por Corvalán, el rechazo se fundamenta en el hecho de que la preadjudicación se hizo a un monto un 13% superior al del presupuesto oficial actualizado, con lo cual hubiera costado $ 53.500 millones.La legislación no prevé que deban rechazarse las contrataciones en las que las cotizaciones de las empresas estén por encima del presupuesto oficial. Es un criterio determinado por los vocales de la mayoría juecista, que consideran que es “de sentido común” y que equiparan cotización superior al presupuesto oficial con indicio de sobreprecio.Ese mismo motivo fundamenta el “bochazo” juecista a numerosas obras en el transcurso del año pasado. Algunas de las observadas son las siguientes:Pavimentación del Camino a 60 Cuadras, desde la Circunvalación hasta la ruta T-171-23. La obra fue licitada en diciembre de 2025 y no se adjudicó por el rechazo de los vocales juecistas. Preveía la pavimentación de unos seis kilómetros del Camino a 60 Cuadras, desde la avenida 11 de septiembre hasta la ruta T-171-23 y la construcción de una rotonda en esa intersección. La inversión anunciada era de unos $ 12 mil millones y la obra no se hizo. El argumento de los vocales opositores fue que el monto de la adjudicación fue 14% superior al presupuesto oficial actualizado: $ 14.790 millones contra los $ 13.000 millones del presupuesto oficial.Ampliación del desagüe urbano de las calles Jujuy-José Hernández de la ciudad de Río Primero. Se Trata de una obra para impedir anegamientos en el sector sur de esa ciudad. Se abrieron los sobres en octubre de 2025 y participaron tres empresas. El presupuesto oficial era de $ 279,3 millones y se preadjudicó a $ 316,9 millones. Fue frenado por el juecismo.Bacheo Zona 3 y bacheo Zona 5. Son dos grandes licitaciones lanzadas por la Dirección Provincial de Vialidad para la reparación de versos tramos de numerosas rutas. La zona 3 abarca a los departamentos del sudeste cordobés (Unión, Marcos Juárez, General San Martín, Tercero Arriba, San Justo, Río Segundo y Juárez Celman) y la Zona 5 abarca las rutas del oeste provincial (San Javier, San Alberto y Pocho). Se trata de trabajos de Reparación de baches, fisuras y depresiones en las rutas, fresado y reemplazo de pavimento deteriorado, repavimentación y mejoras de seguridad vial que no se ejecutaron porque los expedientes fueron rechazados, por los mismos motivos que los anteriores.La Zona 5 se preadjudicó a $ 6.092 millones, 20% más que el presupuesto oficial actualizado. La Zona 3, a $ 5.589 millones, 16% más que el presupuesto oficial actualizado. Cientos de kilómetros deteriorados no tendrán los arreglos necesarios.Pavimentación ruta provincial U-312 (calle Bernardino López) entre la avenida Juan B. Justo y la avenida Rancagua. La licitación se llevó a cabo en octubre. La obra, que beneficiaba al norte de la Capital, no se inició por el rechazo de la preadjudicación a un costo de $ 12.998 millones, 20% por encima del presupuesto oficial de $ 10.875 millones.Desvío de tránsito pesado en la ciudad de Oncativo. No se hizo por el rechazo opositor. Fue preadjudicada en $ 12.831 millones, un 21% más que el monto del presupuesto oficial actualizado.Construcción redes de infraestructura barrio El Quemadero. Es una obra de urbanización básica que se preadjudicó por $ 1.688 millones. Se rechazó por superar en un 13% el presupuesto oficial.Construcción redes de infraestructura en barrio Patricios. Se preadjudicó en $ 408 millones, 14% más que el presupuesto oficial, y fue rechazada. En ambos casos, son intervenciones sociales que no se concretaron.Más obras frenadasSegún los registros del Ejecutivo, también se rechazaron los expedientes para la rehabilitación de la ruta provincial 17, entre Balnearia y la intersección con ruta 3; la reconstrucción de los los accesos en el puente sobre el río Ctalamochita en Los Potreros y la construcción de edificios para escuela secundaria técnica que se había proyectado en Villa General Belgrano.En algunos casos las obras volvieron a licitarse, lo que agregó demoras de meses. En otros casos, los procesos se detuvieron tras el rechazo del Tribunal de Cuentas.Hay otra larga serie de obras cuyos expedientes se encuentran ahora dentro del organismo de control y ya tuvieron “providencias”. Esto significa que tras analizar por 15 días la futura contratación, se solicitan aclaraciones o más información al Ejecutivo. Tras la respuesta, corren otros 15 días, y muy habitualmente, luego llega el rechazo del expediente.Las obras que se encuentran en ese estado son las siguientes:Mantenimiento del cauce del Río Suquía entre Puente Santa Fe y Puente 15 (Capital).Pavimentación RP 28, tramo Hotel Municipal-Río Yuspe.Pavimentación RP 28, tramo Tala Cañada-Río Chaves.Desagüe pluvial calle Urquiza (entre Los Cerezos y Las Acacias), en San Francisco.Inversiones para mejoramiento, adecuación y modernización de los servicios del sistema eléctrico de la Provincia de Córdoba.Servicio de inspección, evaluación y reparación de puentes de la red vial de la Provincia de Córdoba.Acueducto Traslasierra (tercera etapa).Construcción nuevo edificio para la Comisaría de Santa Rosa de Calamuchita.Rehabilitación RP E-94 entre Rayo Cortado y La Quinta.Nexo cloacal Hospital Noroeste, en Capital.Adquisición de materiales para contingencias causadas por catástrofes.Básicamente, ese mecanismo de solicitar más información –que el Ejecutivo considera, en muchos casos, meramente dilatorio– alarga por un mes la tramitación de cada expediente, en el caso de que haya una sola providencia. En numerosas ocasiones son varias las providencias en un mismo expediente. El tipo de información adicional que solicitan los opositores en algunas ocasiones abona la tesis de que sólo se trata de demorar.Un ejemplo, entre muchos: en una licitación de botas para personal policial de 2025, se alargó más de un mes el proceso porque la oposición solicitó que se aclare si la unidad de medida del calzado a adquirir era “unidades” o “pares”. Además, se exigió información retrospectiva de la última compra de botas realizada en 2019, solicitando marca, tipo de calzado y proveedores de aquel entonces. Caminos de las Sierras, en la miraLa mayoría juecista apunta especialmente a Caminos de las Sierras, la empresa de propiedad provincial que ejecuta la mayor porción de las obras viales. A través de la Resolución Nº 149 del 18 de diciembre pasado, se dispuso la creación de una “delegación” del organismo dentro de la sede administrativa de la empresa. Según lo anunciado, el objetivo es llevar adelante una auditoría y desarrollar “un trabajo técnico vinculado a las funciones de control que ejerce el Tribunal”. Hubo foto de las autoridades del Tribunal de Cuentas ingresando a la empresa, que acondicionó un espacio para que trabajen los tres empleados del Tribunal de Cuentas, que ahora hacen lo mismo que siempre hizo el organismo: solicitar y recibir la información contable de la firma. “Hay más circo político, pero los controles son los mismos de siempre: ellos piden la información por escrito y nosotros la proveemos por esa misma vía”, indicaron desde la empresa. Negaron que el gasto de Caminos de las Sierras –que ejecuta casi 6 de cada 10 pesos destinados a obras viales– carezca de control preventivo y recalcaron que, dado que las nuevas obras se solventan mayormente por aportes de capital de la Provincia, esos expedientes sí tienen control previo del Tribunal de Cuentas. En cambio, los gastos que se solventan con los ingresos por el cobro del peaje, solo tienen control posterior. Desde la empresa, además, indicaron que el nivel de detalle que comprenden los expedientes es muy minucioso, y que por ahora no hay expedientes observados por el Tribunal de Cuentas. “Todas las obras que se licitaron están en marcha”, explicaron.El rol del Tribunal de Cuentas, eje del debateEl Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba es el órgano encargado del control externo del gasto público provincial. Su función está definida tanto por la Constitución provincial y la Ley 10.930.Según el artículo 127 de la Constitución de Córdoba, el Tribunal de Cuentas tiene a su cargo la aprobación o desaprobación originaria de la inversión de los caudales públicos realizada por los funcionarios y administradores provinciales. Es decir, verificar si el gasto público se ajusta a la normativa vigente. Ese control se encuentra expresamente acotado por el artículo 23 de la Ley 10.930, que dispone que las observaciones del Tribunal sólo pueden fundarse en razones de juridicidad. Esto implica que el organismo no puede evaluar aspectos vinculados a la oportunidad, mérito o conveniencia de una política pública, porque esas son las facultades que le corresponden de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Se trata del punto que está en discusión en este momento, a dos años de la administración de Martín Llaryora, el primer gobernador de la democracia con el Tribunal de Cuentas en manos de la oposición. El senador Luis Juez es el jefe político directo de Beltrán Corvalán y de María Fernanda Leiva, los dos vocales del Frente Cívico que terminan definiendo qué puede hacer –y qué no– la administración provincial. La legislación y la doctrina coinciden en que el Tribunal de Cuentas debe limitar su actuación al control jurídico del gasto, sin avanzar sobre valoraciones políticas, comparaciones de prioridades, juicios técnicos complejos o definiciones estratégicas. Las extralimitaciones en ese sentido pueden implicar una afectación al principio constitucional de división de poderes.Esas limitaciones son clave, porque Córdoba es una de las pocas provincias que tiene control previo del gasto (esto también existe en Tucumán y La Pampa), lo que supone que una extralimitación del organismo de control redunda directamente en la ralentización o el directo bloqueo de las decisiones del Ejecutivo. En casi todas las demás provincias y en la Nación, sólo existe control posterior, que en Córdoba también se realiza. Entre las cosas que expresamente no puede hacer el Tribunal de Cuentas está evaluar la idoneidad técnica de los bienes o servicios adquiridos; juzgar la estrategia operativa o el diseño de una política pública; pronunciarse sobre la necesidad, conveniencia u oportunidad del gasto; analizar prioridades presupuestarias ni compararlas con otras decisiones del Ejecutivo, ni tampoco imponer criterios sobre la gradualidad o modalidad de implementación de una política. En el caso del expediente de los drones, la observación de la vocal Leiva contiene numerosas apreciaciones de estas que la ley prohíbe. Ese tipo de argumentos son el núcleo central de la denuncia penal que el ministro Juan Pablo Quinteros presentó el viernes en contra de los vocales juecistas.Lo que sí pueden hacer los vocales del Tribunal de Cuentas cuando observan el incumplimiento de la ley de contrataciones es pedir mayores precisiones al Ejecutivo o, cuando las dudas son mayores, realizar una providencia, donde se requiere información en profundidad sobre el objeto del gasto. Cuando esto ocurre, el expediente puede llegar a estar un mes demorado. Finalmente, la decisión de los tribunos es el visado, lo que significa que la contratación cumple con ley de contrataciones, o la observación, que presenta el rechazo del expediente si dos de los tres votos son en ese sentido.  ​

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