El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no prorrogar esa herramienta, mientras que la reforma previsional de mayor alcance quedó, por el momento, en segundo plano.
En cambio, la única vía que quedará abierta para quienes no lleguen con los aportes será saldar de contado los períodos faltantes hasta fin de año, opción que muy pocos pueden costear. Según cálculos de especialistas, 7 de cada 10 adultos mayores pudieron jubilarse en 2023 gracias al Plan de Pagos de Deuda Previsional (PPDP). El impacto es particularmente notable en las mujeres, ya que para 9 de cada 10 de ellas, ese mecanismo fue la puerta de entrada a la jubilación.
Una vez finalizada la moratoria, las personas que acrediten vulnerabilidad socioeconómica –a través de declaraciones juradas y requisitos del Gobierno– podrán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Hoy, este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y, sumado al bono de 70.000 pesos que se mantiene fijo desde el año pasado, alcanza los 293.297,36 pesos mensuales. Sin embargo, no todos podrán acceder a la PUAM, ya que la condición de vulnerabilidad deberá probarse nuevamente y, de no cumplir con los parámetros establecidos, se les negará el beneficio.
Los expertos en seguridad social señalan que, si bien la moratoria previsional también exigía la comprobación de ciertas pautas socioeconómicas, el cierre de este programa elimina la principal opción para quienes no contaban con los aportes suficientes. De acuerdo con datos de la Anses, en diciembre de 2024 la PUAM fue percibida por 194.000 personas, un número que se espera crezca ante la extinción de la moratoria.
En síntesis, el fin de esta herramienta previsional anticipa un escenario complejo, sobre todo para las mujeres mayores, que representan la población más afectada. Sin propuestas concretas para modificar el sistema de fondo, miles de futuros jubilados enfrentarán la incertidumbre y un posible deterioro en sus ingresos tras la jubilación.
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