El escándalo paralelo relacionado con el caso Loan en Corrientes, y que derivo en la detención de nueve personas supuestamente vinculadas con la Asociación Lucio Abel Dupuy, sumaría en los próximos días la declaración testimonial del piquense Ramón Dupuy, abuelo del nene santarroseño asesinado por su madre y la novia de esta.
La jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quiere preguntarle a Dupuy si los sospechosos apresados son parte de su asociación.
Tal como se informó, el domingo pasado detuvieron a nueve personas vinculadas a la Asociación Dupuy, algunos de ellos abogados, en el marco de una de las causas conexas al expediente principal por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció en el paraje Algarrobal de Corrientes.
Los arrestos los hizo la Policía Federal por orden del Juzgado Federal de Goya en el barrio porteño de Balvanera y en diversas localidades bonaerenses, como Avellaneda, Hurlingham, Palomar, Merlo, General Rodríguez y General Las Heras.
Están acusados de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado por la finalidad en concurso real con estafa calificada, violación de medios de prueba y del secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad de tres de los menores que estuvieron con Loan en el naranjal al momento de su desaparición.
Estos hechos se suman a la detención por falso testimonio de un psicólogo que también estaría vinculado a la Asociación. Tras ese episodio, el abogado santarroseño José Mario Aguerrido negó cualquier vinculación de estas personas con la organización y con la familia Dupuy.
Los detenidos fueron identificados como Nicolás Gabriel Soria, alias «El Yanqui»; la abogada Elizabeth Cutaia y su pareja, Pablo Javier Noguera; el letrado Alan Cañete; Pablo Núñez, Verónica Machuca, Valeria López, Leonardo Rubio y Delfina Taborda. Sus domicilios fueron allanados.
Todos fueron trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en Madariaga 6976 de CABA, para las diligencias procesales y luego serán derivados a la sede de Investigaciones de la PFA de la calle Cavia, según dijeron las fuentes consultadas a Infobae.
Estos arrestos se suman al del psicólogo forense Federico Colombo, quien el 11 de septiembre pasado quedó detenido por el delito de falso testimonio mientras declaraba desde un juzgado federal en Tucumán vía Zoom ante a jueza Pozzer Penzo.
Todo se inició el 9 de julio pasado por la tarde, cuando la PNA entró al hotel donde se alojaba Camila Núñez con su niña y los dos hijos menores de edad de Laudelina Peña, quien para ese entonces estaba presa.
Según la causa, Soria no dejó ingresar a los prefectos aduciendo diferentes razones, incluso que «era de Interpol». El oficial entró igual al hotel. Luego, le pidió al ahora imputado las supuestas credenciales que tenía para acreditar todo lo que había dicho que era. Les dio el documento y una licencia de conducir de Florida, EEUU.
Un testigo dijo que en esa instancia Soria «tuvo una situación de discusión, pero no fue nada brusco» y recordó que «empezó a destapar los vidrios del hotel para que se viralice la situación». Lo cierto es que hay quienes dicen que también empezó a tirar las mesas y sillas.
Ante esto lo detuvieron por resistencia y atentado a la autoridad. En libertad, pero bajo investigación, el caso contra Soria luego derivó en la causa cuya ampliación de los cargos terminó con los nueve arrestos del domingo, incluido «El Yanqui», en el contexto del expediente conexo a la rama principal por la búsqueda de Loan.
Aclaración de Aguerrido
Cuando este diario publicó la acusación contra el psicólogo forense, el abogado santarroseño José Mario Aguerrido hizo una aclaración pública a través de los comentarios de esa nota.
«El único representante legal de la fundación ‘Todos por Lucio Abel Dupuy’ soy yo», dijo Aguerrido. Aseguró además que la organización «no ha recibido suma alguna de municipio alguno, ni autorizó a profesional alguno a recibir suma alguna».
De todas formas, sí reconoció que hubo contactos con Cañete aunque ese requerimiento «refería únicamente a tareas de contención de niños que tuvieran que ver con el caso Loan, nada más».
También negó que la asociación haya sido requerida «respecto de la intervención de psicólogo alguno o de haber autorizado la fundación la intervención de un profesional de la psicología».
«La fundación no ha dado instrucciones de ningún tipo para intervenir en lo relativo a la investigación de la desaparición de Loan, mas allá de su interés en la aparición con vida del niño», insistió el abogado.
«Ningún integrante de la fundación ha intervenido en interferencia con la investigación de la desaparición del niño y obviamente, tampoco ha dado instrucciones al respecto. La fundación tiene un único abogado, aclarando que es consultada de manera sostenida desde distintos puntos del país por cuestiones que vinculan a la niñez, pero en modo alguno, tiene un grupo de abogados trabajando como se indica en la nota», remarcó.
«La fundación seguirá trabajando por los niños de la Provincia y del país, pero en modo alguno, permitirá el uso indebido del nombre de la misma para aquellos y aquellas que solo busquen beneficio personal», cerró Aguerrido.
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