El exgobernador Rodolfo Suárez interpuso acciones judiciales ante Nación, y una es por la liquidación de las regalías de Los Nihuiles. Tiene la vía de la Corte o lograr que Milei derogue un decreto.
El exgobernador mendocino Rodolfo Suárez, durante sus cuatro años de gestión, interpuso distintas acciones judiciales contra el Gobierno Nacional en la gestión de Alberto Fernández. Se reclama dinero y se tramitan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esas demandas, aún no resueltas, seguirán adelante durante el 2024 y hay una que involucra a La Pampa: la pelea por las regalías de Los Nihuiles.
Según detalló el diario Los Andes, la vecina provincia insistirá durante este año en el frente judicial por la liquidación de las regalías hidroeléctricas que generan Los Nihuiles I, II y III y que se comparten con La Pampa desde 1973.
«Este caso es el único en el país en el cual, la provincia que tiene la «fuente», es decir, donde se encuentra el salto de agua y se genera la energía, recibe sólo el 50% de las regalías. En el resto de las jurisdicciones que tienen embalses que generan energía, cobran el 100% de las regalías, por lo que para Mendoza, es un hecho que tarde o temprano ganará el juicio», argumentó el medio mendocino.
En este caso, la demanda no es contra La Pampa, sino contra el decreto 1.560/73 por el que Mendoza debía compartir -en partes iguales – las regalías por la generación hidroeléctrica en San Rafael.
Decreto de Lanusse.
Esa resolución dictada durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse expresa que en los casos en donde «las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del cinco por ciento (5%) se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas».
Esta decisión fue cuestionada en 1977 por el entonces interventor de la provincia, Jorge Sixto Fernández, amparándose en el artículo 43 de la Ley 15.336. En aquel momento el reclamo de Mendoza se hizo ante el Poder Ejecutivo Nacional y también ante la Corte. El máximo tribunal respondió que si se había elegido la vía administrativa, debía agotarse.
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