Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informaron que terminó el “proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares” a los fondos previstos en la ley 21.950 y que la Iglesia católica dejará de percibir los aportes del Estado nacional.
Mediante un comunicado explicaron que las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, “conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”.
En una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado que los arzobispos y obispos que “hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
La ley 21.950 (de 1979) establece que los “arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”.
La CEA precisó que los montos que recibían los eclesiásticos eran de “98.000 pesos” y que en 2018 se había anunciado la “decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales”. También se consignó que en julio de 2020 “los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país”.
“Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres”, se destacó.
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