La Universidad Nacional de La Pampa realizó el miércoles pasado un acto de reparación y entrega de legajos a integrantes de la comunidad académica que fueron víctimas de la Subzona 1.4 entre los años 1975 y 1983.
El Programa Académico Institucional de Derechos Humanos (PAIDH) de la UNLPam realizó este acto, en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y del 40° aniversario de la Recuperación de la Democracia.
El acto estuvo encabezado por la vicerrectora a cargo de rectorado, María Ema Martin; la coordinadora del PAIDH, Ivana Barneix; y representantes de todas las facultades: Beatriz Cossio (Humanas), Francisco Marull (Económicas y Jurídicas); Gastón Bonassi (Agronomía); Abelardo Ferrán (Veterinarias); y Nora Ferreyra (Exactas y Naturales).
Se repararon los legajos de 76 personas, entre los que se incluyen docentes, no docentes, y estudiantes, que por detenciones ilegales, cesantías o prescindencia vieron afectadas sus trayectorias laborales o académicas, interrumpiendo o extinguiendo su vínculo con la UNLPam.
De estos legajos, se entregaron varios a las y los afectados, y a familiares y amigos que los representaron.
«Somos parte de un momento histórico, emocionante y, sobre todo, que intenta ser reparador», afirmó la vicerrectora en el inicio del acto. Sostuvo que las reparaciones históricas son «un importante mecanismo para que logremos superar los hechos victimizantes inolvidables y para que estos no se repitan», con el fin de «dignificar a las víctimas, recordar la verdad y solicitar perdón asumiendo responsabilidades».
Destacó que este acto se enmarcó dentro de otras actividades universitarias de reparación a víctimas de la dictadura. «Esperamos que así siga siendo en nuestro futuro inmediato, defendiendo nuestra democracia como modo de vida y sistema político».
La iniciativa de reparación, plasmada en la resolución 532/23 del Consejo Superior de la UNLPam, «surge un pedido de las víctimas querellantes pero a su vez se concedió en un decreto que ordenaba la reparación de todas aquellas personas que habían sido cesanteadas de la administración pública en virtud de la ley 21.274», detalló Barneix.
No obstante, para la reparación también se contemplaron los testimonios de los juicios de Subzona 14, archivos de Rectorado y otras investigaciones. «Esta reparación consiste en dejar asentado de que esas personas no representaban un peligro, que no habían cometido un delito de tal magnitud como para ser alejados de la universidad y que no merecían haber sido expulsados», afirmó la abogada.
En ese sentido, recalcó que «la lista no es definitiva; sabemos que se puede ir ampliando al tomar conocimiento de otros casos. Fue elaborada en base a los archivos que fuimos trabajando durante todo este año, pero pueden aparecer más». Asimismo, «no todas las resoluciones de baja y de despidos fueron encontradas, y eso también habla de la clandestinidad en la que operó el sistema represivo».
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