Con carácter de urgencia, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) organizaron una reunión con senadores y diputados de Unión por la Patria para delinear la estrategia para frenar en el Congreso nacional las reformas y el brutal ajuste que impulsa el presidente Javier Milei.
Los bloques presididos por José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados) analizaron junto a los mandatarios provinciales los pasos a seguir tras la ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso.
De forma presencial, además de Kicillof y Ziliotto, estuvieron en el despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela.
Una vez finalizado el encuentro, desde la oposición lanzaron un comunicado. “Reafirmamos la vocación de articulación permanente para ejercer la representación política de los millones de argentinos y argentinas que se expresaron detrás de Unión por la Patria en las elecciones de octubre y noviembre”, dijeron.
En ese sentido remarcaron “la importancia de la unidad” para “tener una fuerza legislativa que sea el punto de partida para la búsqueda de consensos” que logre “dejar en claro que hay otro camino en Argentina”.
De esta manera, expresaron su “rechazo al mega DNU 70/2023 porque claramente avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes”.
En relación a la “ley ómnibus”, apuntaron que “ratifica la pretensión del Presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”.
“Los gobernadores y los bloques parlamentarios de Unión por la Patria vamos a sostener el diálogo y el trabajo conjunto para evaluar cada coyuntura política como así también aunar criterios para la tarea parlamentaria en defensa de la Nación, las provincias y los municipios”, finalizaron.
El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso el anticipado proyecto de ley “ómnibus”, que denominó de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi.
El texto, que contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas, será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 31 de enero.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.
Por otro lado, promueve la privatización de las empresas públicas “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”.
La reforma política incluirá la eliminación de las PASO, el establecimiento de un nuevo sistema de elección de diputados en base a circunscripciones uninominales y modificando las listas cerradas.
Por otro lado, el Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.
En el capítulo destinado a la organización de las manifestaciones, los libertarios proponen que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean reprimidos con 1 a 3 años y seis meses de prisión. Las penas aumentan si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones (prisión de 3 a 6 años). Además, los organizadores serán “solidariamente responsables por los daños” que tuvieran lugar durante las marchas.
En tanto, el Ministerio de Seguridad podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional” o proponer cambios.
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