Jorge Cayupán, presidente del club Guardia del Monte de Toay, confirmó esta tarde el inicio de acciones legales por un contrato “irregular” y con “serio perjuicio económico” con una productora de espectáculos, firmado en 2022 por autoridades anteriores, y que se extiende hasta 2025.
“El 18 de agosto de 2023 se realizó la Asamblea General Extraordinaria, convocada por la Comisión Directiva en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes. En el marco de la misma, la Comisión Directiva informó a los socios, las graves irregularidades en torno a contratos vigentes como el serio perjuicio económico que los mismos generan a las arcas del Club”, afirmó Cayupán, quien estuvo acompañado por el Revisor de Cuentas, Mauro Vignetta y el asesor legal, Tobías Larregui.
El presidente de la entidad toayense recordó que desde comienzos de este año, la CD del club inició un proceso tendiente a revisar los contratos vigentes perjudiciales para la institución, a modo de devolver a los socios el control trasladado, en los hechos, a personas externas a la institución.
La CD informó las alternativas existentes en proceso de estudio, siendo respaldada por la asamblea el inicio de las acciones judiciales de rescisión contractual, en particular, en torno al contrato de cesión de exclusividad de agenda cultural y recreativa que mantiene con el titular de la productora Rancho Aparte S.R.L.
“Hoy Rancho Aparte S.R.L es el único y exclusivo responsable de la producción y organización de los eventos y demás espectáculos que se desarrollan en la institución”, se afirmó desde el club.
Las autoridades de Guardia del Monte confirmaron que el mes pasado se planteó una acción judicial en el Juzgado Civil en Santa Rosa. “Esto representa un importante hito en la historia del club, y el inicio de un proceso de regularización y saneamiento de la institución”, afirmaron.
“A la vez, sienta las bases para evitar que en el futuro, intereses lucrativos se coloquen por delante de la identidad del club. Los socios han planteado la necesidad de contar con un club de puertas abiertas que recupere su lugar como espacio de fomento para la inclusión social e integración colectiva”, aseguraron.
Esta tarde, con la presencia de muchos socios, las autoridades explicaron que el citado contrato data de marzo de 2022, antes de la actual nueva gestión y es por tres años, por un total de 7.200.000 pesos pagaderos proporcionalmente cada seis meses, sin cláusula de ajuste ni actualización, entre otros detalles.
“El enojo de la masa societaria es grande, pero pacientemente siguen el curso legal del trámite, esperando se resuelva favorablemente ante la contundente argumentación presentada en la demanda”, concluyeron en la presentación de este martes.
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