El ministro de Infraestructura de uno de los grandes distritos del país apuraba, a mediados de noviembre, la revisión de los cuadros tarifarios de electricidad de las distribuidoras que operan en la provincia. Según borradores negociados con las empresas, preveía aumentos de entre un 25% y un 30% para las facturas de luz a partir del 1° de enero. Las subas cubrirían, según comentaba en esos días el funcionario a 3Días, el encarecimiento de los costos operativos, acrecentados fundamentalmente por el aumento de sueldos.
Sin embargo, la última semana de diciembre todo cambió. Sin demasiadas explicaciones, su gobernador firmó con el ministro de Planificación, Julio De Vido, la prórroga del programa de Convergencia Tarifaria y Federalismo Eléctrico, por el cual la provincia se comprometió a no aumentar el valor de la electricidad para los hogares durante todo 2015. Se trata, en rigor, de replicar el congelamiento que se mantuvo invariante durante el año pasado. A cambio, el Estado nacional financiará obras de mejora y ampliación de las redes de distribución. Y, como novedad, este año podría aportar también los fondos para cubrir los incrementos de sueldo que se firmen en las paritarias con los sindicatos. El pago de salarios puede explicar hasta un 60% de los costos operativos de una distribuidora eléctrica.
La escena viene al caso para graficar una dinámica que se repite a principios de cada año: las empresas y gobernadores se ilusionan con incrementar el valor de las tarifas -que en Buenos Aires se mantienen congeladas desde 2002 y son la principal causa de la situación crítica que atraviesa el sector eléctrico-, posibilidad que incluso es alentada desde algunos despachos oficiales, pero al final los rumores terminan por diluirse y las subas no se materializan.
Este año, De Vido apuntaba, en un principio, a convocar a los gobernadores a mediados de enero para aprovechar la sordina que genera el receso estival, pero la decisión de algunos mandatarios de hacer público su deseo de aumentar el precio de la energía aceleró el proceso. Por eso, en las últimas dos semanas el funcionario pingüino rubricó acuerdos con nueve distritos -Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Formosa, entre otros- para evitar que las tarifas de luz aumenten en 2015, año crucial para el destino político del kirchnerismo. En las próximas semanas aspira a hacer lo propio con el resto de las provincias. Sin embargo, por estos días, La Pampa, Chaco y Corrientes presentan cierta resistencia.
El manejo del segmento eléctrico es, dentro de toda la industria energética, el último refugio del kirchnerismo duro, aquel que se caracterizó durante la última década por intervenir el mercado, fijar los precios relativos de la cartera de productos del sector, abusar del congelamiento tarifario y alentar un enorme enjambre de subsidios que acarrea un enorme esfuerzo fiscal a cuestas del Tesoro.
Es que frente a la agudización de las problemáticas estructurales que aquejan al negocio energético -como la caída de la producción local de petróleo y gas y la expansión de las importaciones de energía, que el año pasado costaron más de u$s 10.000 millones-, el Gobierno rectificó la política para algunos rubros del sector. En abril del año pasado, por caso, autorizó nuevos cuadros tarifarios -con subas de hasta un 500%- para el gas que consumen los usuarios domiciliarios. Fue la primera recomposición desde 2001 a la fecha.
Deudas siderales
Las eléctricas vieron como en el último año gasíferas y petroleras recompusieron de manera parcial sus ingresos de la mano de los nuevos esquemas de precios autorizados por el Gobierno. De hecho, la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció un paquete de medidas para subsidiar los valores del crudo y del gas en boca de pozo que reciben los productores a fin de mantener la perforación de los yacimientos frente al brusco descenso del precio internacional del petróleo, que pasó de u$s 110 a u$s 55 en apenas seis meses. (Ver recuadro pág.5).
Distinta es la política para las eléctricas. Como resultado de la negativa del Ejecutivo a recomponer las tarifas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, la cadena de pagos del sector está rota y las compañías privadas, cerca del quebranto. Como los ingresos de las empresas crecieron menos que sus costos (apalancados por la inflación y el encarecimiento del tipo de cambio), a la mayoría le faltan recursos para afrontar su actividad.
Es un desfasaje estructural que afecta tanto a distribuidoras como generadoras y transportistas. Por eso, las compañías acumulan rojos millonarios, prácticamente impagables. Entre todas las distribuidoras le deben a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, que controla el Estado, más de $ 18.000 millones. Entre las principales deudoras están la cordobesa EPEC, con $ 2.800 millones; Edelap, $ 660 millones, y Secheep (Chaco), $ 320 millones. Todas por debajo de Edenor y de Edesur, las dos principales empresas del rubro y las únicas reguladas por el Estado nacional, que tienen una deuda con Cammesa de $ 6.250 millones y $ 5.700 millones, respectivamente. Además, sus resultados contables son precarios, con pérdidas entre enero y septiembre de $ 1.443 millones y $ 2.019 millones.
Menos cortes
Si en la esfera económica el deterioro del sector queda en evidencia en los magros balances de las empresas, en el plano técnico se mide en la cantidad de cortes que se produce en las mayores urbes del país cada vez que sube la temperatura. La apoteosis de esa relación directamente proporcional entre termómetros y restricciones de servicio se registró en diciembre de 2013 con masivos cortes de luz en Buenos Aires y el conurbano como resultado de una ola de calor que se extendió por casi 20 días.
Fueron, en total, cientos de miles de vecinos los afectados por la falta de suministro eléctrico en la región concesionada a Edesur y a Edenor. Cámaras y cables incendiados, rotura de subestaciones transformadoras, y caídas de líneas de media y baja tensión terminaron de conformar un cóctel explosivo que puso en jaque, como nunca antes en la década kirchnerista, la sustentabilidad del sistema de distribución de energía.
Este verano, en cambio, la situación parece estar más controlada. Si bien las interrupciones del sistema ya son una costumbre en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires -la semana pasada, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió que había 35.000 usuarios con «dificultades en la provisión de servicio»-, la cantidad y frecuencia de los cortes se redujo con relación 2013.
Paliativos
En esa lavada de cara parcial incidió, en primer lugar, la ausencia de altas temperaturas durante varios días seguidos, pero también las obras de mejora y optimización del sistema de distribución encarada bajo la órbita del Focede, el programa que lanzó el Gobierno en enero del año pasado para recomponer las maltrechas redes de distribución.
Bajo el paraguas de esa iniciativa, que se financia con aportes de los usuarios y del Tesoro, el Ministerio de Planificación, brazo operativo del programa, ejecutó obras por $ 3.950 millones en 2014. Se instalaron 17 transformadores de 40 y 80 Megawatt (Mw); se repotenciaron más de 20 subestaciones en la región de El AMBA; y se construyeron 180 cámaras distribuidoras. Las zonas en la que se centró la atención fueron Caballito, Flores, Almagro, Balvanera, Villa Crespo, Villa General Mitre, Villa del Parque, Devoto, Liniers y Recoleta; precisamente los barrios más afectados en el apagón del verano pasado.
«Se cambiaron cables que tenían más de 40 y 50 años. En total, se soterraron líneas por más de 1.500 kilómetros. Fueron más de 1.000 obras en el área de Edesur y más de 800 en la de Edenor», precisó un colaborador de De Vido, que prefirió la reserva de nombre.
Planificación junto con el ENRE, el ente regulador del sector, mantienen una intervención ad hoc de Edesur, la empresa que pertenece al grupo italiano Enel, controlante de la española Endesa. Edenor, en tanto, está en mano de Pampa Energía, el holding del empresario Marcelo Mindlin.
«Creemos que si mantenemos este nivel de inversión durante los próximos tres años podremos normalizar el servicio eléctrico en Capital Federal y Gran Buenos Aires», agregó el funcionario consultado.
Al límite
En el segmento de generación, el panorama tampoco ofrece garantías. Las eléctricas están a la espera de que la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que dirige Paulo Farina, un economista que responde a Kicillof, actualice los precios de la energía para el mercado mayorista (Ver recuadro pág. 4).
El record histórico de la demanda eléctrica durante el primer mes del año es 24.034 Mw y se registró el 20 de enero del año pasado. Por el momento, sin embargo, el consumo de los últimos 30 días estuvo lejos de acercarse a ese nivel, que en la práctica oficia como la máxima potencia que puede cubrir el parque de generación.
«El sistema está preparado para abastecer una potencia de 24.000 Mw, debido a que desde 2005 se incorporó menos potencia de la que debía para correr al mismo ritmo que la demanda. Si las temperaturas se mantienen elevadas por algunos días y los aire acondicionados trabajan a full (los equipos de refrigeración pueden representar hasta un 25% de consumo), es probable que se incremente la cantidad de cortes», admitieron desde Cammesa.
Subsidios crecientes
El Gobierno debe costear, además, un esquema de subsidios cada vez más oneroso para mantener en funcionamiento a las usinas. Como se encarga de suministrar los combustibles líquidos -gasoil y fuel oil- que queman las centrales térmicas, el Estado destina millonarias partidas presupuestarias para importar esos carburantes. Por eso, aunque el Gobierno se planteó reducir la cuenta de los subsidios con los que asiste al sector energético, esa factura no se achicó, sino más bien todo lo contrario.
Los últimos números de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía muestran que, hasta fines de diciembre, se habían utilizado $ 71.961,22 millones en el marco del programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (devengados, como se denominan a los fondos ya comprometidos del Presupuesto), donde se canaliza la mayor parte de las transferencias del Estado para subsidios energéticos. Ese número, que corresponde al año pasado, es un 85% mayor que los $ 38.769,41 millones que se utilizaron en 2013 para el mismo ítem.
Llevará mucho tiempo desandar el camino de los subsidios cruzados. Según un informe de Abeceb.com, si se eliminaran por completo las subvenciones y el precio de la energía eléctrica se actualizara con el costo real de generación (sumando las partidas a Cammesa para cubrir las importaciones de energía y lo devengado por Enarsa para la compra de gas en el exterior que usan las usinas térmicas), la factura de un hogar en la ciudad de Buenos Aires o en Mendoza, que consumen 600 kilowatt por hora por bimestre, debería superar los $ 900. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe esa boleta llegaría a $ 1.200. Esto quiere decir que, en la ciudad de Buenos Aires, un usuario subsidiado pagaría 14 veces más de lo que abona en la actualidad (hoy paga, en promedio, $ 66,70 por bimestre). En Córdoba y Santa Fe, en tanto, la factura sería tres veces más elevada
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