La secretaría Legal y Técnica ya supervisa la letra chica del proyecto para endurecer las penas a empresas que operan en Malvinas y que Javier Milei anunció hace dos semanas por cadena nacional. "Se va a enviar en las próximas horas. Este mismo miércoles o entre el jueves y el viernes, pero antes del fin de semana", confirmaron a Clarín integrantes de la mesa política que encabezó el martes Karina Milei.
El Presidente Javier Milei en su cadena nacional sobre Malvinas.
La iniciativa, que ingresará por la Cámara de Diputados al igual que el Presupuesto, pretende impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma marítimas de las Islas, ante el avance del proyecto Sea Lion que opera la compañía de origen británico Rophopper y la israelí Navitas. La ley también contempla sanciones a las empresas que hagan uso de las cerca de 200 licencias anuales que otorga la administración de las Malvinas para pescar en las aguas circundantes de las islas, dentro del mar argentino.
El proyecto daría más autonomía al Ejecutivo para definir potenciales amenazas aéreas y para facilitar el derribo de aviones. Aunque Alberto Fernández había criticado duramente el protocolo que habilitó Mauricio Macri en 2016, mantuvo vigente la normativa y la endureció antes de dejar el poder.
La decisión recaería sobre el Consejo de Seguridad Nacional que integrarían Cancillería, la SIDE y los ministerios de Defensa y Economía. Milei en su discurso había sugerido que requeriría al Congreso que otorgara al flamante organismo herramientas para neutralizar a actores estatales como no estatales.
El proyecto que en el Ejecutivo bautizaron de "Soberanía Nacional" no solo impide a empresas con actividad en las Islas que operen en la Argentina en materia de hidrocarburos. También sancionará a empresas pesqueras y a mineras.
Ese tema preocupó especialmente a Luis "Toto" Caputo ante la posibilidad de que compañías con intereses en la Argentina suspendieran sus planes de inversión.
Diputados del Frente Renovador reclamaron a Economía pedidos de informe para conocer por la adhesión al Régimen de Grandes Inversiones de petroleras como Harbour Energy, que habrían operado sin autorización en la plataforma continental de las islas.
En la mesa política sostienen que el ministro se quedó más tranquilo después de revisar la letra chica de la ley. La iniciativa oficial también había generado cortocircuitos por la participación de Eduardo Elsztain en Falkland Company, empresa logística de las Islas. "La ley mira para el futuro", explicaron en la mesa política.
Funcionarios que trabajaron en el proyecto adelantaron que la normativa es progresiva y que permitirá que empresas internacionales que trabajaron en Malvinas sean autorizadas para operar inmediatamente en la Argentina si cierran sus operaciones en las Islas.
A comienzos de la semana, la Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal contra los directivos y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales y sociedades mixtas que operan en el Mar Argentino con autorización del gobierno isleño.
La secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, que responde políticamente a Santiago Caputo, termina de supervisar el proyecto, antes de remitirlo a Diputados. El asesor presidencial transformó esa iniciativa en la punta de lanza del oficialismo en el Congreso, justo cuando el Ejecutivo intenta retomar protagonismo en la agenda y avanzar con la sanción del Presupuesto y la reforma electoral.
Caputo celebró las últimas declaraciones de Donald Trump y el reclamo de los líderes de Gales, Irlanda del Norte y Escocia reclamaran conjuntamente su independencia. "El invento revienta al inventor", escribió el asesor en redes.
El Presidente había festejado las últimas declaraciones de Donald Trump, que en la Cumbre de Naciones Unidas en Nueva York ya agendó una reunión bilateral con el premier británico. El embajador de China también reivindicó frente al canciller Pablo Quirno el respaldo de su país a la Argentina en la causa Malvinas. Uruguay, en tanto, rechazó que la empresa holandesa Fugro -proveedora de YPF- haya habilitado la instalación de un cable submarino -para estudiar el lecho marino- desde allí a las Islas, que reveló el DiarioAr.
El Gobierno aplaudió también el fallo de una jueza federal de Río Grande que hizo lugar a una cautelar de grupos ambientalistas para suspender la explotación de Sea Lion, que empezará a producir en 2028.
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