El dirigente piquetero chaqueño y aliado político del ex gobernador Jorge Capitanich, Fernando Ayala fue condenado a 10 años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, en una causa que investigó una estructura de facturación apócrifa y desvío de fondos sociales vinculada a organismos del Estado provincial y municipios de Chaco. Se trata del caso conocido como “La Rosadita” del Chaco.
FERNANDO AYALA MUEVE FACTURAS TRUCHAS EN SU CASA CON LA AYUDA DE SUS HIJOS.
Ayala se hizo tristemente famoso en todo el país en abril de 2025, cuando se difundieron videos registrados por las cámaras de seguridad de su propia casa en los que aparecía contando y trasladando grandes fajos de dinero. En algunas de esas tareas incluso participaban sus hijos menores de edad. El Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia consideró a Ayala y al contador Walter Antonio Pasko como jefes de una asociación ilícita fiscal destinada al lavado de activos. Ambos recibieron penas de 10 años de cárcel por liderar o integrar una asociación ilícita fiscal dedicada a la emisión de facturas apócrifas y al lavado de activos, que operó en la provincia del Chaco al menos entre principios de 2019 y fines de 2023.
En el juicio intervino el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Resistencia y cotitular del Área de Transición de la Unidad Fiscal Resistencia, Federico Martín Carniel, junto con las auxiliares fiscales María Fernanda Cerrudo Martín y Gloria María Serrano Segura y el auxiliar fiscal Adrián Nicolás Araujo. La instrucción de la causa, en tanto, estuvo a cargo del fiscal general Patricio Sabadini.
Fernando Ayala, detenido en Chaco por presunto lavado de activos
Los dos principales condenados fueron el contador público Walter Antonio Pasko y el comerciante y dirigente social Fernando Adrián Ayala. Ambos recibieron diez años de prisión como jefes y organizadores de la asociación ilícita fiscal, en concurso real con el delito de lavado de activos, en calidad de autores. Además, deberán pagar una multa equivalente a dos veces el monto de la operación.
En su alegato, realizado el 18 de agosto pasado, Carniel había solicitado para ambos una pena única de 16 años de prisión.
Por los mismos delitos, aunque en calidad de integrante de la asociación ilícita fiscal, la esposa de Ayala, María José Reinau, fue condenada a siete años de prisión y a la misma multa, equivalente a dos veces el monto de la operación.
Los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano también condenaron a Diana Yael Daniel a seis años de prisión; a María Belén Reinau, a cinco años y seis meses; a Edith Marisel Ayala, a cinco años; a Jorge Pasko y Álvaro Iván Pasko, a cuatro años y seis meses; a Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy, a cuatro años; y a Elsa Juana Brahim, a tres años y seis meses.
Todos fueron considerados coautores del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de integrantes.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes vinculados con las maniobras de lavado de activos. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de septiembre.
En su alegato, Carniel dio por probado que los acusados conformaron una organización delictiva estructurada y jerarquizada, con el objetivo de evadir impuestos y defraudar al Estado mediante el uso de personas jurídicas que funcionaban como “pantallas”.
Para concretar las maniobras, sus integrantes utilizaban cooperativas, sociedades y fundaciones como verdaderas usinas de facturación apócrifa.
Según la fiscalía, el contador Walter Antonio Pasko utilizó de manera fraudulenta las claves fiscales de sus clientes —quienes posteriormente denunciaron la maniobra— para emitir facturas correspondientes a operaciones inexistentes y sin su consentimiento.
De acuerdo con la acusación, esas facturas eran luego utilizadas para generar créditos fiscales ficticios y reducir de manera ilegítima los impuestos que debían ingresar al fisco.
“Ayala aportó el acceso a los programas del Estado, a los funcionarios que lo ejecutaran y a la gente que lo necesitaran. En tanto, Walter Antonio Pasko aportó la estructura, las personas jurídicas que iban a cobrar y la factura que iba a justificar el gasto. Ninguno de los dos podía hacer esto solo”, explicó Carniel durante su alegato.
En ese marco, la acusación sostuvo que la estructura criminal creó una red de cooperativas y fundaciones destinadas exclusivamente a emitir facturas millonarias a organismos públicos.
El principal damnificado fue el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), al que esas entidades facturaron un monto estimado de $815.762.321 entre 2022 y 2023.
La fiscalía acreditó que Diana Yael Daniel, quien ocupaba un cargo jerárquico en ese organismo estatal provincial, facilitaba y direccionaba contrataciones hacia las entidades utilizadas por la organización.
Carniel sostuvo ante el tribunal que “la sociedad” fue la primera y principal damnificada por esta actividad ilícita.
“La provincia del Chaco es una de las provincias más vulnerables del país. Con lo cual, el modus operandi de la asociación ilícita fiscal incide directamente en estas cuestiones. Es dinero que no ingresó al fisco. Ahí se ve la magnitud del daño”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.
El lavado de activos
La acusación también consideró acreditado que Pasko, Ayala y Reinau utilizaron fondos obtenidos mediante las maniobras de evasión fiscal y fraude al Estado y los reintrodujeron en el circuito económico formal con el objetivo de ocultar su origen y darles apariencia de licitud.
Durante el período investigado, los principales acusados registraron adquisiciones de bienes e inmuebles que, según expuso el Ministerio Público Fiscal, resultaban incompatibles con sus ingresos declarados.
Entre las operaciones relevadas aparecen compras de vehículos, entre ellos camionetas Toyota Hilux, Toyota SW4 y Chevrolet S10; viajes al exterior y adquisiciones de inmuebles, además de movimientos y acreditaciones bancarias por sumas millonarias.
Según la acusación, para ocultar el origen de los fondos los integrantes de la organización recurrieron a distintos mecanismos financieros y comerciales. Entre ellos, la facturación por servicios inexistentes, la adquisición de bienes registrables e inmuebles y una serie de movimientos bancarios destinados a dificultar el rastreo de los activos.
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