La Justicia rechazó el pedido de los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para presentarse como querellantes en la causa $LIBRA, pocos días después de que la Cámara Federal confirmara la exclusión de cinco inversores como querellantes en la causa que investiga el escándalo con la criptomoneda que difundió Javier Milei.
En su fallo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 de Buenos Aires entendió que la función parlamentaria de control sobre la administración pública y el Poder Ejecutivo "no basta para satisfacer el requisito de afectación personal exigido para el reconocimiento de legitimación activa".
El rechazo de la presentación de Frade y Ferraro ocurre casi una semana después de que Sala 1 de Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py ratificara el apartamiento de la causa $LIBRA de un grupo de inversores que se presentaron como querellantes, tras una solicitud hecha por Mauricio Novelli.
El cripto lobbysta había argumentado en su pedido original, aprobado en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo no son "particulares ofendidos" por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo.
Tras el fallo de la Cámara Federal, Frade y Ferraro solicitaron que los aceptaran como querellantes ya que, aseguraron que "los hechos denunciados -a los que califican, entre otras figuras, como cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas-, habrían comprometido el normal funcionamiento de la administración pública, la transparencia del proceso decisorio estatal y afectado de manera concreta el ejercicio de sus funciones parlamentarias de fiscalización y control".
Maximiliano Ferraro en una reunión de la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados. Foto Emmanuel Fernández
Tanto Frade como Ferraro formaron parte de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA en Diputdos, que concluyó con un informe final que solicitaron incorporar como prueba a la causa judicial.
"Las funciones de fiscalización y control que, en virtud de ese cargo, alegan ejercer respecto del Poder Ejecutivo y de la administración de los recursos públicos -aun cuando permiten reconocerles un especial interés institucional en el esclarecimiento de los hechos investigados-, no evidencian, por sí solas, una afectación directa, inmediata y personal derivada de aquellos", indica el último fallo, que lleva como fecha este miércoles 9 de septiembre.
"Resulta necesario acreditar, además, la existencia de un perjuicio personal, directo y concreto derivado del hecho investigado", concluye.
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