La Corte Suprema de Justicia revocó este jueves el sobreseimiento del ex líder de la UOCRA-La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, acusado junto a su hijo y otras personas, en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
El sindicalista fue denunciado por al ex gobernadora María Eugenia Vidal y beneficiado luego por sectores K.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar a las conclusiones de la Procuración General que criticaba el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que cerraba el expediente, por considerarlo “arbitrario” y “prematuro”. El Ministerio Público busca llevar a juicio al líder sindical.
El dirigente sindical había sido detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por los delitos de “asociación ilícita”, “lavado de dinero” y “extorsión” y además le trabó un embargo por 200 millones de pesos. En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de la localidad bonaerense de Ensenada. Un año después fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2, pero Medina incumplió una de las pautas fijadas, la prohibición de participar de actividades gremiales, y volvió a ser arrestado.
La causa se encaminaba a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata. Pero en octubre del 2022, de manera unipersonal, el juez Alejandro Smoris (que dos meses después renunció) declaró la nulidad de toda la causa y sobreseyó a Medina y el resto de los acusados. Dijo que la causa era un armado instrumentado por la mesa de la “Gestapo”, una denuncia hecha por la AFI durante la gestión de Alberto Fernández que se investigaba en otro expediente paralelo. Allí se apuntaba a una reunión realizada en 2017 en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en la que funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia hablaron con empresarios de la construcción de cómo iniciarle causas judiciales a Medina.
Según Smoris, la situación del gremialista “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando en causa 18933/21, por resultar consecuencia de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de un proyecto delictivo más amplio, que incluía la actuación ilegal de múltiples funcionarios con altísimos cargos gubernamentales, dispuestos a que se impute, procese y detenga con total prescindencia de las normas relativas al debido proceso y con afectación evidente de todos los principios rectores que inspiran la actuación de la justicia en el marco de cualquier Estado Republicano”.
La fiscalía apeló. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Angela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Guillermo Yacobucci, convalidó la nulidad de la causa y los sobreseimientos. Contra ello, el fiscal ante Casación Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario. “Los sobreseimientos dispuestos privan al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia e impiden determinar en el debate oral y público la verdad respecto a los hechos imputados”, se advirtió.
Los jueces hicieron lugar al recurso sostenido por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y dejaron sin efecto la sentencia apelada. Ahora, la causa volverá a Casación donde, con otra integración, se procederá a evaluar los argumentos de la fiscalía.
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