El conflicto por el futuro de los medios públicos porteños sumó un nuevo capítulo en la Justicia. Un fiscal de Cámara pidió revocar el fallo que dio vía libre al proceso impulsado por el gobierno de Jorge Macri para concesionar el gerenciamiento del Canal de la Ciudad y de las radios AM La Once Diez y FM La 2x4.
El dictamen de Rodrigo Cuesta, fiscal general ante las Cámaras en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, respalda el reclamo de los trabajadores de los medios públicos, que buscan frenar el avance del proceso para dar en concesión los medios públicos porteños. El fiscal general consideró que los empleados tienen legitimación para intervenir en la causa y que la decisión de primera instancia debe ser revocada.
"Corresponde admitir el recurso de apelación y revocar la decisión de grado", sostuvo Cuesta en su dictamen. Y destacó la importancia del informe del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que alertó que es "ilegal" el proceso para dar en concesión los medios públicos porteños y que ese organismo oficial podría castigarlo con la "caducidad de las licencias".
El planteo puede tener impacto directo sobre el proceso que lleva adelante la Ciudad. Si la Cámara acepta el criterio del fiscal, otro juez deberá analizar el pedido de una medida cautelar para suspender la concesión mientras se discute la cuestión de fondo.
La decisión llega en un momento clave. El gobierno porteño adjudicó el mes pasado el Canal de la Ciudad a Cale Group (la empresa de Augusto Marini que también tiene los canales de streaming Blendery Carajo), por cinco años y con un canon de $50 millones mensuales. Pero la operación todavía no se concretó. Falta firmar el contrato de transferencia y que el adjudicatario asuma formalmente la gestión, algo que en la Ciudad estiman para fines de octubre o comienzos de noviembre.
Mientras tanto, el gobierno porteño busca completar el proceso con las dos radios públicas, después de que el primer llamado quedó desierto por falta de ofertas.
Para este segundo intento, la Ciudad separó las radios en dos renglones y permite que una empresa se presente por una sola emisora o por ambas. El canon base es de $1,53 millón mensual para cada radio y la concesión tendrá una duración de cinco años, según los nuevos pliegos de la licitación. La apertura de las ofertas está prevista para el 28 de septiembre.
El proceso generó además un fuerte rechazo entre los trabajadores. La protesta más reciente ocurrió la semana pasada durante el cierre del Mundial de Tango de Buenos Aires, frente al Teatro Gran Rex. Los empleados reclamaron contra la concesión de las dos radios y cuestionaron que La 2x4 no haya transmitido ni cubierto la final del evento, algo que no ocurría desde hacía más de una década.
La Ciudad sostiene que no está vendiendo los medios ni transfiriendo sus frecuencias. Su argumento es que se trata de una concesión del gerenciamiento y la operación por cinco años. En cambio, los trabajadores aseguran que el mecanismo implica una privatización de los medios públicos y cuestionan que la Ciudad entregue su gestión a operadores privados, algo prohibido por la Constitución porteña y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según plantearon en su denuncia judicial.
Una decisión que puede cambiar el proceso
El nuevo dictamen del fiscal general de Cámara pone en el centro del debate la legitimación de los empleados de los medios públicos para impugnar todo el proceso licitatorio y el crítico informe del ENaCom que figura en la causa judicial, justo cuando la Ciudad intenta completar la segunda parte del proceso de concesión de los medios públicos.
El ENaCom le envió una Carta Documento al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuando la Ciudad avanzó con la licitación del Canal. Su interventor, Juan Martín Ozores, le advirtió que una adjudicación a manos privadas podía configurar una "falta grave" y derivar incluso en la "caducidad de la licencia o registro".
La Ciudad rechazó esos cuestionamientos y mantuvo su decisión de avanzar con el proceso. Macri defendió la iniciativa como una forma de dejar de utilizar recursos públicos para sostener la operación de los medios.
"Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos", afirmó por entonces el jefe de Gobierno porteño.
La definición queda ahora en manos de los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, que deben resolver si revocan el fallo de primera instancia que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N°12.
El fiscal general Cuesta consideró que, si los camaristas aceptan su postura, el expediente debe pasar a otro juez, porque la magistrada que intervino inicialmente ya se pronunció sobre aspectos centrales del conflicto, en sentido contrario al del fiscal.
"Correspondería asignar el conocimiento del asunto a un nuevo magistrado", sostuvo Cuesta en su dictamen.
Ese nuevo juez sería quien analice el pedido de cautelar de los trabajadores. De aceptarlo, podría suspender el avance de las concesiones. Si la Cámara mantiene el fallo de primera instancia, en cambio, el proceso continuará con el cronograma previsto por el gobierno porteño.
La definición judicial llega así antes de que se complete la transferencia del Canal y mientras la Ciudad intenta avanzar con la concesión de las dos radios. El cambio de modelo todavía no está cerrado y la Justicia puede convertirse en un factor decisivo para determinar si los medios públicos porteños quedan bajo gestión estatal o privada.
Todavia no hay comentarios aprobados.