El Gobierno volvió a ceder a las presiones de los aliados y aceptó dos modificaciones clave en el proyecto de Súper RIGI, que este miércoles buscará en el Senado sacar despacho de comisión con la intención de llevar la propuesta al recinto la próxima semana.
La propuesta será discutida este miércoles, desde las 13, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General, en el que buscarán sacar dictamen con el apoyo del oficialismo, la UCR , el PRO y los provinciales.
De acuerdo a lo anticipado desde La Libertad Avanza, la iniciativa que ofrece beneficios fiscales para el desarrollo de industrias tecnológicas y estratégicas, como los mega data centers de inteligencia artificial (IA), será tratada en el recinto en una sesión que será convocada para el próximo 10 de septiembre. En el temario se incluirá el proyecto de biocombustible que viene empujando la oposición, tanto los aliados como el peronismo.
Para avanzar con el Súper RIGI, un proyecto enviado desde la Casa Rosada, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada oficialista, tuvo que negociar al menos dos modificaciones clave. Una de las fundamentales apunta contra las empresas que quieran instalar mega data centers de inteligencia artificial en el país.
Sobre este punto se modificará el articulado para que las data center que se instalen en la Argentina deberán traer un plan de suministro energético para prestar su servicio. La propuesta es resistida por los sectores más duros de la oposición luego de que Open AI, la empresa dueña de ChatGPT, anunciara hace casi un año, en una reunión con Javier Milei, un plan de inversiones junto a Sur Energy, firma del argentino Emiliano Kargieman, para desarrollar un centro de inteligencia artificial en la Patagonia.
En ese momento se habló de una inversión de unos US$ 25.000 millones dentro de un esquema de incentivos fiscales que sea superior al fijado en el RIGI, la versión aprobada en 2024 en el marco de la denominada Ley Bases.
El tema genera más tensión por la visita por el país de Peter Thiel, dueño de Palantir, una empresa de software especializada en IA. Lo cierto es que el desembarco de esta empresa puso en alerta a algunos legisladores por el consumo energético que demanda las data center, que se estima que para 2030 van a consumir el 5% de la energía global.
Por eso, los aliados condicionaron su acompañamiento a que el Gobierno exija a las empresas un plan de suministro energético para su funcionamiento. Esta modificación obligará a que la propuesta tenga que volver a Diputados, donde se aceptarán las cambios del Senado o insistirá con la versión aprobada en junio.
El dictamen saldrá después de cuatro reuniones informativas y el oficialismo quiere arrancar la audiencia de este miércoles con el texto definitivo para evitar lo ocurrido con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sufrió múltiples modificaciones antes de llegar desguazado al recinto del Senado.
Tal como informó este diario, otro de los cambios que el Gobierno aceptó es fijar condiciones precisas sobre el artículo vinculado con el denominado "compre nacional", la condición para contratar proveedores locales.
En la media sanción de Diputados se estableció que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores. Los dialoguistas pidieron que esa protección se limite a bienes producidos en la Argentina.
Con estas modificaciones, el oficialismo tendría garantizado el apoyo de los bloques aliados, lo que le permitiría contar con el acompañamiento de más de 37 senadores, el número exigido para el quórum y la garantía para que sea aprobada la propuesta.
El Súper RIGI está orientado a atraer inversiones desde los 1.000 millones de dólares en sectores que no están instalados en el país y que tienen que ver con el sector tecnológico como el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
Este programa atendrá una vigencia de 5 años con la posibilidad de prorrogarlo por uno más. El nuevo sistema de incentivo prevé una baja del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% y los derechos de exportación pasan a 0 desde el primer año.
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