La fiscal de La Plata Betina Lacki dispuso nuevas medidas para determinar de quién recibía órdenes la funcionaria bonaerense Albertina Mangini y cuál era el verdadero nivel de decisión de los financistas detenidos junto a ella, mientras analiza si pide al juez de Garantías Agustín Crispo convertir las detenciones en prisión preventiva por una maniobra de lavado que habría movilizado más de $27.149 millones.
La investigación de Lacki describe una organización con una estructura jerárquica y una división funcional de tareas. La fiscal sostiene que Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni serían supuestamente coautores de los hechos investigados, aunque cada uno habría tenido una función específica dentro del circuito. Hasta ahora solo están detenidos Mangini, Perrotta y Marchioni. Sobre los otros, el juez Crispo dijo que aún no hay pruebas como para detenerlos.
Marchioni, un “árbitro” en la compra y venta de criptomonedas, tenía una cuenta en Sur Finanzas pero ante un Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) la cerró, informaron a Clarín fuentes cercanas a Maximiliano Vallejo.
La fiscal platense también pidió colaboración al titular de la UIF, Matías Alvarez, para investigar este complejo tramado financiero, pero hasta ahora no contestó.
En ese esquema, Mangini aparece en el primer eslabón de la organización que operó dos años y que habría estado a otros ex presos, además de los que declararon en la causa.
El otro financista detenido por la estafa en el caso del Patronato de Libertados de La Plata.
Según la hipótesis fiscal, la entonces funcionaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados dependiente del gobierno bonaerense utilizaba su posición para detectar personas en situación de vulnerabilidad económica o bajo tutela judicial y ofrecerles dinero a cambio de entregar sus datos personales y biométricos. Esas personas se convertían luego en las llamadas “mulas financieras”, titulares aparentes de cuentas de Ualá, Mercado Pago y PayPal que eran utilizadas para mover dinero de origen ilícito. Mangini tiene “dos patas” en el estado. Una como empleada de la procuración bonaerense y otra en el patronato de liberados que ayuda a ex presos a reinsertarse.
La fiscal considera que Mangini no habría actuado de manera ocasional. En su requerimiento señala que existen indicios de reiteración en los casos de varios ex presos y destaca que la funcionaria habría aprovechado su cargo en el Patronato para acceder a potenciales víctimas. Incluso menciona como indicio una transferencia de dinero realizada por Mangini a uno de loe ex presos después de la captación de sus datos biométricos.
Documentos secuestrados en el caso patronato.
El siguiente eslabón sería Mauro Perrotta. Para Lacki, aparece como el “centro neurálgico o nodo operativo” de la maniobra. Bajo su supervisión habrían actuado varias intermediarias -identificadas en el expediente con nombres como “Valentina”, “Kiara”, “Lucrecia” o “Luciana”- encargadas de llevar a las víctimas a un bar de La Plata, obtener sus documentos y escanear sus rostros para abrir las billeteras digitales.
Pero el papel de Perrotta habría ido mucho más allá de la captación. Una vez abiertas las cuentas, la fiscal sostiene que tenía su disponibilidad total, administraba las “cajas recaudadoras”, operaba los teléfonos, controlaba los accesos y ejecutaba las transferencias hacia el nivel financiero superior. Las cuentas de las víctimas quedaban vinculadas a un correo electrónico asociado a Perrotta, , y a números telefónicos registrados a su nombre.
La pesquisa encontró además que uno de los teléfonos registrados a nombre de Perrotta aparecía identificado en TrueCaller como “CASINO 24HS”. Y una de las cuentas de un ex preso estaba asociada tanto a ese número como al correo electrónico utilizado por Perrotta.
El dinero ingresaba así a las cuentas de las “mulas” y, según la hipótesis fiscal, era convertido dentro del circuito del casino clandestino en “créditos de juego”, una operación destinada a romper la trazabilidad del origen y destino de los fondos. Después comenzaba la última etapa: el dinero era enviado hacia el denominado nivel financiero profesional de la organización.
Es allí donde aparece Ignacio Leonel Marchioni, junto con Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. En un comunicado, Taubenschalag negó haber cometido delitos y dijo que solo operó como “árbitro” en la compra y venta de criptomonedas.
Billetes secuestrados en el caso del Patronato de Liberados.
Para Lacki, los cuatro habrían sido los receptores finales dentro de la estructura identificada: tenían los conocimientos y herramientas tecnológicas necesarios para completar la etapa de lavado y conseguir que los fondos pudieran ser absorbidos por el mercado formal. El dinero podía terminar en plataformas financieras, convertirse en criptoactivos, ser negociado en mesas llamadas OTC o compensarse contra operaciones de terceros.
El dato que más llamó la atención de los investigadores aparece precisamente en las cuentas de Marchioni. En apenas un mes y medio se detectaron 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14, lo que arroja un flujo bruto de $27.149.888.153,28. La diferencia entre ingresos y egresos fue de apenas tres pesos.
La operatoria de Marchioni no aparece aislada. La fiscal detectó que había sido cliente de LB Finanzas junto con Campoli Sillero y Taubenschlag; Marchioni y Campoli habían sido categorizados allí como “arbitrajistas”. Además, Campoli figura dado de alta en Sur Finanzas desde agosto de 2024, un dato que la investigación considera relevante para determinar si integró un circuito financiero coincidente con el de Marchioni.
La conexión entre los integrantes también aparece en otros movimientos. Los investigadores detectaron una transferencia de $150.000 realizada por Marchioni a Taubenschlag en mayo de 2023 y una coincidencia temporal de aproximadamente ocho días en Estados Unidos entre Perrotta y Taubenschlag. En el teléfono secuestrado a Mangini, además, figuraba un contacto identificado como “MAURO”, que le envió un mensaje el mismo día de uno de los procedimientos policiales.
Para Lacki, por lo tanto, no se trataba simplemente de un casino clandestino que utilizaba cuentas prestadas. La hipótesis es la de una verdadera infraestructura de lavado, con capacidad para captar identidades, crear titulares aparentes, recaudar fondos, conciliarlos, atomizarlos con la técnica llamada "pitufeo" y finalmente convertirlos o reinsertarlos en el circuito formal. La fiscal incluso sostiene que esa estructura podía prestar servicios de lavado a otros generadores de dinero ilícito que aún no se identificaron.
Un BMW secuestrado en el caso del Patronato de Liberados.
Uno de los grandes interrogantes que todavía busca responder la investigación es quién estaba por encima de ese circuito y quién era el verdadero destinatario económico del dinero. Los documentos identifican a Campoli Sillero, Taubenschlag, Scigliano y Marchioni como los receptores finales de la etapa financiera conocida hasta ahora, pero la propia pesquisa intenta establecer si ellos eran los beneficiarios finales o si, una vez “limpiados”, los fondos eran derivados hacia terceros para incorporar al circuito legal.
Ese punto es clave porque, según la propia fiscal, los seis imputados no tendrían un dominio absoluto de toda la maniobra: cada uno controlaría su propio aporte dentro de una estructura de trabajo coordinada. La hipótesis es que el éxito del circuito dependía precisamente de que cada eslabón cumpliera su función.
Por eso, una de las preguntas centrales que quedan abiertas es quién daba las instrucciones por encima del nivel operativo y financiero que la fiscal logró reconstruir y, sobre todo, en manos de quién terminaba quedando la plata una vez atravesadas todas las etapas del circuito de lavado.
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