En la recta final del año parlamentario, y en la previa a la próxima campaña electoral, el oficialismo presentó en Diputados un proyecto para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sancionados con prisión perpetua y aumentar las escalas penales de los delitos contra la integridad sexual.
El Gobierno pretende acelerar el tratamiento. Fuentes del bloque de La Libertad Avanza adelantaron que comenzará a discutirse “en breve” en el ámbito de las comisiones, con la intención de llevarlo al recinto en este período ordinario que terminará en diciembre.
De ese modo, el oficialismo sumará otro eje de debate a los ya iniciados o previstos sobre el endeudamiento y la morosidad familiar, la emergencia en discapacidad, la llamada ley Malvinas, el mega DNU 70/23 que buscará derogar la oposición, la reforma política y el Presupuesto 2027.
En la Casa Rosada venían preparando un paquete de iniciativas para reforzar la asociación de Javier Milei a la consigna de la “mano dura” de cara a la campaña, con el propósito de compensar el escenario complicado en materia económica y confrontar con el kirchnerismo también sobre esa consigna. Los proyectos se discutirán por separado. “Tema por tema”, aclararon desde el bloque conducido por Martín Menem y presidido por Gabriel Bornoroni.
La primera iniciativa de esta serie la presentó la diputada Virginia Gallardo y desde el oficialismo aclararon que lo trabajó con Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal. También la firmaron la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas), la mendocina Pamela Verasay (UCR), la tucumana Gladys Medina (Independencia), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y otras legisladoras oficialistas.
Se trata de una reforma parcial del Código Penal con dos cuestiones principales. Por un lado modifica artículos e incorpora nuevos para establecer que la acción penal no prescriba para los delitos sancionados con prisión perpetua y subir los plazos en los reprimidos con prisión temporal (de 12 a 15 años) y en los sancionados con inhabilitación temporal (de uno a tres años).
“Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, esgrimen los autores en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa a su vez propone incorporar como motivos de suspensión de la prescripción los períodos de proceso a prueba y las condiciones acordadas en conciliación, y para la interrupción (que el plazo transcurrido quede sin efecto) agregar la declaración de rebeldía y el pedido de extradición.
El otro eje, sobre las escalas penales, propone elevar los máximos por abuso sexual simple (hasta seis años), gravemente ultrajante (hasta 12 años), con acceso carnal (hasta 20 años) y hasta 22 años con agravantes. “Se actualiza la respuesta penal frente a delitos contra la integridad sexual, atendiendo a la especial gravedad de las conductas comprendidas y a la necesidad de contar con escalas que permitan una adecuada individualización de la sanción”, argumenta ese tramo del proyecto.
El Gobierno consideró que sacó provecho del debate y la sanción de la baja de la edad de imputabilidad, y en la Casa Rosada prepararon un paquete de reformas que incluye el endurecimiento de penas a las entraderas, salideras bancarias, el ingreso de extranjeros que ingresen ilegalmente el país y delitos vinculados al narcotráfico y los cometidos por “motochorros”, entre otros. En el Congreso, en el bloque libertario por el momento no tienen precisiones sobre el ingreso del resto de los proyectos para agravar las penas.
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