La investigación judicial del escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, el empleado de la Legislatura que sacaba dinero de 34 cuentas sueldo de presuntos agentes de la Cámara de Diputados bonaerense, tendrá un dato al que no podrá acceder: en una sesión casi oculta, exprés, en medio de decenas de expedientes, la cámara baja provincial mandó al archivo el pedido de la fiscal que lleva adelante la causa para conocer qué legislador o legisladores fueron los que contrataron a los supuestos “ñoquis” que dejaban sus sueldos para Rigau.
Según reveló una investigación que se difundió en TN, en una sesión de mayo pasado, se mandó al archivo el pedido de la fiscal de La Plata Betina Lacki, en el que requería el nombre de todos los “memos de designación” de medio centenar de personas entre las que se encontraban quienes cedían las tarjetas de débito para que el puntero retirara dinero todos los meses de los cajeros automáticos del centro de La Plata.
El proyecto pasó por debajo de todos los focos y la mirada pública. Ahora se conoció el dato porque se informó de ese paso técnico-administrativo a la fiscalía que lleva adelante el caso que tiene detenido -con prisión domiciliaria- a Rigau y a dos exfuncionarios de la Legislatura: Facundo Albini, y su padre Claudio, quien fue director de Personal de la Cámara de Diputados. Era un rol clave en la maniobra de defraudación que ejecutaban desde el parlamento provincial.
Rigau fue detenido hace tres años, cuando lo encontraron con varias decenas de plásticos en los boxes de cajeros del Banco Provincia, en la avenida 7 y 54. Tenía más de $ 2 millones en una bolsa y estaba en plena tarea de extracción de dinero.
Una de las medidas clave para saber la “trazabilidad de la maniobra” era conocer quién firmó las designaciones de los empleados. La fiscal Lacki requirió hace más de un año y medio esa documentación. Ante las reiteradas evasivas, el juez de garantías Federico Atencio emitió una orden de presentación para exigir la entrega de los papeles.
La respuesta formal de la Cámara, firmada por el secretario legislativo, fue que no proporcionarán los documentos porque fueron incluidos dentro de un proyecto de resolución general que, posteriormente, fue archivado.
Según se reveló en el informe, la aprobación de esta resolución ocurrió durante la primera sesión ordinaria del año, celebrada el 28 de mayo. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto que, bajo el argumento de “ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva”, se incluyeron casi 8.000 resoluciones administrativas, entre las cuales se encontraban los expedientes del caso Rigau.
El diputado camporista, de confianza íntima de Máximo Kirchner, fue el autor de la iniciativa. La votación se resolvió en menos de un minuto sin debate u objeciones y su tratamiento sobre tablas se aprobó rápidamente.
En el recinto había representantes de todas las fuerzas políticas (Unión por la Patria, La Libertad Avanza -con la presencia de Francisco Adorni-, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica). El único diputado que se quedó excluido de este manejo fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
Ahora Lacki deberá buscar otra manera de determinar la responsabilidad en los nombramientos. No será sencillo. “Parece que el Poder Legislativo todo intenta ocultar esa información”, fue la conclusión que sacaban este miércoles en ámbitos judiciales platenses.
El esquema descubierto hace casi tres años funcionaba de manera sistemática y expuso un mecanismo de desvío de fondos públicos que involucra a las máximas esferas del poder político bonaerense. Según estimó el juez Atencio, lo descubierto representaría un desfalco cercano a los 2.800 millones de pesos.
Por esta causa siguen detenidos, además de Rigau, los dirigentes platenses Claudio y Facundo Albini. Aunque han solicitado varios pedidos de excarcelación, ese trámite sigue pendiente de resolución y ha sido rechazado en las primeras instancias.
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