El fiscal Armando Agüero confirmó en diálogo con En Boca de Todos HD que los dos policías denunciados por el hurto de un gato hidráulico de la Gomería Cattaleya serán citados el próximo lunes para declarar como imputados. La Fiscalía prevé formalizarlos por hurto agravado, mientras continúa reuniendo pruebas, entre ellas los videos y audios que registraron el episodio. Además, Agüero explicó qué penas podrían enfrentar, dónde fue encontrada la herramienta y por qué considera que debería evaluarse el apartamiento preventivo de los efectivos.
La investigación judicial avanza tras la denuncia presentada por Luis Alberto Miranda, propietario de la Gomería Cattaleya de General Pico, luego de que dos personas vestidas con uniformes policiales fueran registradas por las cámaras de seguridad cuando retiraban un gato hidráulico del establecimiento.
El elemento, fundamental para el trabajo diario del comercio y valuado en aproximadamente $2.800.000, fue recuperado y devuelto a su propietario. Ahora, la Fiscalía busca determinar las responsabilidades penales de los dos efectivos involucrados.
En diálogo con En Boca de Todos HD, Agüero confirmó que el próximo lunes será un día clave para la causa.
“Estamos reuniendo las pruebas del caso, incluidos los videos aportados por el denunciante y las actuaciones policiales relacionadas con la identificación de los efectivos, el secuestro y la devolución de la herramienta. Con esos elementos, tenemos previsto citarlos el lunes para que declaren como imputados y avanzar ese mismo día con la formalización por hurto agravado”, explicó el fiscal.
Qué pena podrían enfrentar los dos policías
Consultado sobre las consecuencias legales que podrían afrontar los efectivos si son encontrados culpables, Agüero detalló que el hurto tiene una pena de un mes a dos años de prisión, con un incremento de un tercio cuando es cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad.
El fiscal aclaró que, por tratarse de una escala penal cuyo máximo es inferior a tres años, una eventual condena no implica necesariamente el cumplimiento efectivo de prisión. Sin embargo, remarcó que para los integrantes de las fuerzas de seguridad las consecuencias también pueden alcanzar su continuidad dentro de la institución.
“En este tipo de delitos, la pena no suele implicar que la persona termine en prisión, porque el máximo previsto es inferior a tres años. Pero, cuando se trata de policías o funcionarios públicos, también está en juego la posibilidad de que pierdan su cargo”, señaló.
En ese sentido, Agüero sostuvo que la gravedad del caso no debe medirse únicamente por la sanción penal prevista, sino también por la conducta que se investiga y por las obligaciones que tienen quienes integran una fuerza de seguridad.
“Lo más grave no es solamente la pena que pueda corresponder, sino la conducta. Se espera que un policía esté para prevenir y combatir el delito, además de colaborar con la Justicia, y no para cometer hechos delictivos”, afirmó.
El fiscal también explicó que una condena puede tener consecuencias sobre la permanencia de los involucrados en la institución, aunque la eventual exoneración dependerá de las condiciones legales y administrativas correspondientes.
Agüero cuestionó la conducta y pidió determinar responsabilidades
Durante la entrevista, el representante del Ministerio Público Fiscal lamentó que un episodio de estas características afecte la imagen de los efectivos que desarrollan sus tareas de manera honesta en La Pampa.
“Es lamentable que ocurran estas situaciones, porque terminan perjudicando a muchos policías que trabajan honestamente y cumplen con sus obligaciones. No se puede generalizar por la conducta de algunas personas, pero los hechos que se denuncian deben investigarse y tener las consecuencias que correspondan”, expresó.
Agüero reconoció que, como sucede en cualquier institución, existen excepciones y situaciones que deben ser esclarecidas. Por eso, insistió en la importancia de avanzar con rapidez para determinar si los dos efectivos cometieron el delito que se les atribuye.
“Lo que corresponde es avanzar con el proceso, establecer qué responsabilidad penal tiene cada uno y, si se acredita que cometieron el delito y corresponde legalmente, que dejen de pertenecer a la fuerza policial”, manifestó.
Dónde encontraron el gato hidráulico de Gomería Cattaleya
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el lugar donde apareció la herramienta sustraída del comercio de Miranda.
Agüero indicó que, de acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, el gato hidráulico fue encontrado en la vivienda de un familiar de uno de los policías investigados. Según precisó, esa persona también estaría vinculada con la actividad de la gomería.
“En principio, la herramienta fue encontrada en la casa de un familiar de uno de los efectivos, que también se dedicaría a esa actividad. Es una situación que todavía tenemos que profundizar dentro de la investigación”, explicó.
La recuperación del elemento permitió que Miranda volviera a contar con una herramienta indispensable para trabajar, pero no puso fin a la causa judicial. La Fiscalía continúa analizando los registros audiovisuales y las demás actuaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la participación de cada uno de los investigados.
El fiscal aclaró que no puede suspender a los efectivos
Consultado sobre la posibilidad de que los dos policías sean apartados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación, Agüero aclaró que esa decisión no depende de la Fiscalía, sino de las autoridades de la Policía de La Pampa.
El fiscal explicó que la institución cuenta con la herramienta administrativa de la disponibilidad pasiva, que permite apartar temporalmente a un efectivo de sus funciones mientras se analiza su situación judicial y administrativa.
“La decisión de disponer la disponibilidad pasiva de un policía corresponde al jefe de la Policía. Puede adoptarse a partir de un pedido del ministro o de las autoridades correspondientes, pero no es una facultad que tenga la Fiscalía”, detalló.
Sin embargo, Agüero fue contundente al expresar su postura sobre el caso y consideró que los elementos conocidos hasta el momento justifican que se evalúe esa medida.
“Si dependiera de mí, considero que esta conducta sería suficiente para que los efectivos estuvieran en disponibilidad pasiva hasta que se resuelva la situación. Pero esa decisión no está dentro de mis atribuciones”, sostuvo.
El fiscal aclaró que el apartamiento preventivo es una medida administrativa y que corresponde a las autoridades policiales resolver si se aplica mientras continúa la investigación.
Los videos y audios, pruebas centrales de la causa
Las grabaciones de seguridad de la Gomería Cattaleya constituyen uno de los elementos importantes de la investigación. Además de mostrar la secuencia en la que fue retirada la herramienta, los registros incluyen audios de las conversaciones que se produjeron durante el episodio.
Agüero destacó que el denunciante presentó los registros y formalizó la denuncia, elementos que permitieron impulsar las actuaciones judiciales.
“Los videos y los audios aportados por el denunciante son importantes para sostener, en esta etapa inicial, la hipótesis de que pudo haberse cometido un delito. La denuncia señala que le quitaron una herramienta de trabajo y que fue privado de disponer de ella”, explicó.
El fiscal remarcó que ahora resta profundizar la investigación y establecer la responsabilidad penal que pudiera corresponder a cada uno de los involucrados.
Aunque el gato hidráulico fue recuperado y devuelto a Luis Alberto Miranda, propietario de la Gomería Cattaleya, la causa continúa abierta y tendrá un paso decisivo el próximo lunes, cuando los dos policías sean convocados a declarar como imputados y la Fiscalía avance con la formalización por hurto agravado.
enbocadetodoshd.
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