La Justicia pampeana ratificó la condena a seis años de prisión dictada contra el agente municipal J.E.D.V., autor de abuso sexual con acceso carnal en el ámbito laboral contra una mujer que también trabajaba en el mismo ámbito. La resolución acreditó que la agresión ocurrió en noviembre de 2019, cuando el acusado y la víctima compartían funciones en el área de la Estancia La Malvina perteneciente a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa.
El fallo Nº 53/2026 de la Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), integrado por los jueces Mauricio Federico Piombi y María Paola Frigerio, desestimó la apelación defensiva y confirmó la sentencia del juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora. Así, la Justicia validó la prueba bajo la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Un hecho violento en una oficina pública municipal
Según la acusación y la prueba del juicio, el ataque perpetrado por J.E. D.V. aconteció en la tarde de un día hábil de noviembre de 2019 en la oficina municipal de la Casona de la Reserva Natural La Malvina.
Cerca de las 17:00 horas, tras retirarse una compañera, el imputado cerró con llave la puerta de ingreso al recinto público. Acto seguido, acorraló a la mujer exigiéndole "favores". Pese a los intentos de la víctima por salir, el agresor la tomó del cabello, la redujo y la obligó a practicarle sexo oral. Luego la acorraló contra la pared y la penetró vaginalmente sobre un escritorio mediante uso de fuerza física. El episodio cesó cuando la hija de la víctima llegó al lugar y golpeó la puerta atrancada, obligando al acusado a abrir y permitiendo la huida de la trabajadora.
Cronología del caso: del silencio a la sentencia firme
La violación ocurrió en la oficina de La Malvina. Afectada emocionalmente, la víctima solicitó su traslado al camping municipal para alejarse del agresor, manteniendo el hecho en reserva durante la pandemia
Al retornar a la presencialidad, la víctima colapsó al cruzarse con el acusado en el sector de fichado y le contó lo sucedido a una compañera. A partir de allí, solicitó pases de área a diversos funcionarios para evitar contacto.
Con la asunción de nuevas autoridades comunales en el año 2024, la Directora de Turismo escuchó a la empleada e intervino junto al área de Género, derivando el caso a la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo (OAVyT) e iniciando la causa penal.
En el juicio, la perito oficial María Clara de Paz señaló que la víctima presentó un discurso espontáneo, coherente y sin contradicciones en Cámara Gesell, constatando sintomatología de carácter disruptivo (angustia, inestabilidad emocional, insomnio y aislamiento) ligada al hecho denunciado, el cual diferenció de abusos sufridos en su infancia; asimismo, aclaró que si bien la afectada posee un perfil extrovertido y rasgos histriónicos, conserva el criterio de realidad sin indicadores de fabulación.
Por su parte, el psicólogo tratante Lucas Nacaratti ratificó que en 2021 la paciente le reveló la agresión con elevado nivel de angustia y llanto, e indicó que aunque cuenta con una historia de vida compleja y un estilo discursivo con carga dramática, esta expresividad emocional refleja su manera habitual de procesar experiencias dolorosas y no constituye una mentira deliberada, fantasía ni falsedad.
En tanto, la defensa técnica de J.E.D.V. (ejercida por la abogada Valeria Inés Mereu y patrocinada por Marcelo Molin) solicitó la revocación de la condena y la absolución invocando el principio in dubio pro reo.
El planteo defensivo se fundamentó en que la acusación derivaba de una "fabulación e invento" motivado por despecho o venganza ante el distanciamiento del imputado y la pérdida de su contención afectiva, atribuyendo a la víctima rasgos de personalidad histriónica y tendencia a la manipulación. Asimismo, la representación técnica enfatizó diversas contradicciones temporales en los relatos de develación e inconsistencias sobre el supuesto encierro en la oficina, alegando además la imposibilidad física de la mecánica del hecho debido al sobrepeso y los padecimientos lumbares del acusado, junto con la supuesta incompatibilidad biológica de continuar el ataque sexual tras recibir una mordedura genital, según los hechos dados por probados.
El juez de Audiencia Alfredo Sáez Zamora dictó la sentencia del caso, imponiendo a J.E.D.V. seis años de prisión. La Sala "B" del TIP ratificó la condena.
Actuación de funcionarios e impacto institucional
El caso expuso dos etapas en la respuesta de las autoridades locales frente a la violencia de género en el municipio.
Entre 2019 y 2023, la respuesta se limitó a traslados informales que no resolvieron la situación de fondo. En ese período se sucedieron en la Dirección de Turismo de la Municipalidad, José Francisco Minetto y José María Fernández: Dispusieron reubicaciones operativas en el camping o en La Malvina, aunque ambos agentes continuaron bajo su misma dirección, compartiendo predios e infraestructura.
El exdirector de Gobierno, Juan Arnauti trasladó a la empleada a otra oficina al ser anoticiado de que había vivido una situación desagradable con un compañero.
En el año 2020, J.E.D.V. fue el encargado de elaborar el guion de un proyecto de radioteatro. Esta producción fue realizada en los estudios de la Radio Municipal por personal de la Dirección de Turismo, basada en datos históricos proporcionados por un historiador local.
La exdirectora de Recursos Humanos de la Municipalidad, María Eugenia Perazzo, también se enteró del caso y realizó los pases administrativos de personal durante dicha etapa. En ese período no hubo intervención de la Dirección de Género.
A partir de diciembre de 2023 y durante 2024, las nuevas autoridades aplicaron un abordaje institucional acorde a las normativas de protección de derechos. La directora de Turismo Municipal, Aixa Salussoglia, al recibir el relato de la víctima, consideró inviable la convivencia laboral y solicitó a Recursos Humanos el traslado inmediato del imputado fuera del área. La directora de Políticas de Género y Diversidad del Municipio, Paula Inchaurraga, entrevistó a la trabajadora, activó la licencia por violencia de género, brindó acompañamiento y derivó las actuaciones a la OAVyT para la denuncia penal.
Esto ocurrió cuando la víctima mantuvo una entrevista con el intendente Luciano di Nápoli donde reveló el ataque sufrido en la estancia La Malvina.
El fallo judicial remarcó que la víctima debió recorrer un "espinel de funcionarios" para resguardar su integridad.
eldiariodelapampa
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