Adorni dejó su cargo y salió del Gobierno, pero no todos los beneficios estatales quedaron atrás: continúa con custodia federal y una Toyota SW4 oficial. Ahora exigen saber cuánto le cuesta al Estado sostener esos recursos y quién autorizó que los mantenga.
Mientras el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete intenta justificar sus exorbitantes ingresos ante la Justicia que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni todavía goza de las mieles del Estado. https://www.pagina12.com.ar/2026/09/26/la-custodia-y-el-vehiculo-oficial-de-manuel-adorni-bajo-la-lupa/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=1220260926
Dejó el Gobierno, pero parte de sus gastos todavía siguen bajo la órbita del Estado. Manuel Adorni continúa contando con custodia federal y utilizando una Toyota SW4 oficial, un esquema financiado con recursos públicos que ahora quedó bajo la lupa del Congreso, mientras la Justicia analiza la evolución de su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El interrogante central es cuánto cuesta sostener esos beneficios y quién autorizó que continuaran después de su salida de la función pública. La diputada nacional Sabrina Selva presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle el respaldo administrativo de la medida y precise qué erogaciones continúa afrontando el Estado.
El vehículo oficial es uno de los puntos centrales. Se trata de una Toyota SW4 perteneciente al Estado cuya utilización implica gastos asociados a combustible, mantenimiento, seguro y, según corresponda, personal destinado a su conducción. El planteo legislativo apunta justamente a conocer cuánto dinero público demanda ese esquema y qué organismo tiene actualmente asignada la camioneta.
La custodia federal representa el otro componente del gasto estatal. Mantener un dispositivo de seguridad requiere personal y recursos públicos, por lo que el Congreso busca conocer cómo está conformado el operativo destinado a Adorni, cuál es su costo y qué evaluación de riesgo justificó su continuidad después de abandonar el cargo.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que determinados exfuncionarios de alto rango pueden conservar protección durante un período posterior a su salida, sujeto a evaluaciones de riesgo. El pedido de informes busca establecer cuál es el fundamento concreto aplicado en este caso y durante cuánto tiempo seguirá vigente.
La controversia aparece, además, mientras Adorni enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese expediente, el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete presentó documentación para explicar la evolución de sus bienes e ingresos. Su defensa sostiene que su patrimonio cuenta con respaldo documental y que no existió un incremento injustificado. Las explicaciones continúan bajo análisis judicial y hasta el momento no existe una condena en su contra por ese delito.
El pedido parlamentario contiene 16 puntos y coloca ahora el foco sobre una pregunta concreta: cuánto dinero le cuesta al Estado mantener la custodia y el vehículo oficial de un funcionario que ya dejó el Gobierno.
La respuesta del Poder Ejecutivo deberá precisar quién autorizó esos recursos, cuánto se destina a sostenerlos y hasta cuándo los gastos vinculados a la seguridad y movilidad de Adorni continuarán siendo afrontados con fondos públicos.
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