Hay preocupación entre inversores y empresarios de la minería, el agro y el sector de gas y petróleo, por el proyecto de ley impulsado por la senadora chubutense Edith Terenzi que busca incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal, con penas de prisión para las personas involucradas y sanciones que pueden incluir la suspensión de las actividades de una empresa.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Sin embargo, la controversia que provocó entre los sectores productivos llevó posteriormente a los senadores de La Libertad Avanza que la habían acompañado a retirar su apoyo.
“Es un golpe a la seguridad jurídica y a las reglas claras que requieren tanto Vaca Muerta como los sectores que más divisas generan en el país”, señalaron fuentes empresarias. Según advirtieron, si avanzara en los términos actuales, “podría poner en juego la continuidad de las decisiones de inversión, operación y autorización de proyectos de largo plazo que hoy impactan positivamente en numerosas provincias”.
El proyecto propone crear dentro del Código Penal un nuevo título dedicado a los delitos contra el ambiente. Define al ecocidio como el daño “irreversible o especialmente grave” provocado sobre el ambiente mediante la violación de las normas nacionales y provinciales de protección ambiental, cuando comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras.
El texto considera irreversible un daño cuando impide la regeneración natural del ecosistema afectado “en un plazo razonable”. A su vez, define como especialmente grave aquel que, por su extensión territorial o duración, provoca deterioros severos y compromete el derecho a un ambiente sano de varias personas o comunidades.
El cuestionamiento también fue planteado públicamente por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La entidad manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, que obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
CRA aclaró que considera la protección del ambiente como “un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad”, pero advirtió que ese propósito no puede utilizarse para promover “normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional”.
“El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con rigor jurídico y no bajo consignas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, generen incertidumbre, discrecionalidad y conflictos judiciales”, sostuvo la organización ruralista. También rechazó uno de los argumentos centrales de los fundamentos del proyecto: “Resulta incorrecto afirmar que existe un vacío legal en materia ambiental”.
Después del dictamen, las críticas empresarias llevaron al oficialismo a revisar su posición. Patricia Bullrich confirmó que los legisladores libertarios retiraron el apoyo que habían dado inicialmente a la iniciativa.
“Ya sacamos las firmas de la iniciativa de ecocidio. Al mediodía no queda ninguna de LLA", afirmó Bullrich a La Nación. “Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”, sostuvo. Según explicó, la intención del oficialismo es concentrar una futura iniciativa en los incendios intencionales y otros hechos ambientales de gravedad, sin afectar las actividades productivas.
“No lo vamos a llevar al recinto si no está absolutamente claro que es para sancionar a quienes incendian bosques de manera intencional. No tiene nada que ver con lo productivo”, aseguró Bullrich.
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