La Unión de Libertades Civiles y el Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York presentaron este jueves una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y dos alguaciles por una redada realizada en una fábrica hace un año, donde arrestaron al menos a 57 trabajadores.
La demanda acusa a la agencia de realizar una "injustificada redada de estilo militar" en la fábrica Nutrition Bar Confectioners en el pueblo de Cato, en el centro-oeste del estado de Nueva York, el pasado 4 de septiembre de 2025.
Las organizaciones argumentaron que la operación violó la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables o arbitrarias, de más de 100 trabajadores que fueron inicialmente detenidos cuando los agentes llegaron al lugar, de acuerdo con un comunicado conjunto.
La demanda se presentó a nombre de los trabajadores Pedro Rojas, Hediberto Ramírez, Maribel López y Argentina Juárez.
Los demandantes aseguran que unos 60 agentes federales llegaron a la fábrica ese día acompañados de agentes locales y usando chaleco antibalas de estilo militar, portando armas de fuego visibles y respaldados por perros y un helicóptero.
"Ellos no buscaban drogas, armas o sospechosos de haber cometido crímenes violentos. Estaban ahí para arrestar ilegalmente a trabajadores latinos", indica el documento legal.
De acuerdo con el comunicado, los agentes utilizaron palancas para abrir las puertas e incluso irrumpieron en un baño donde una mujer estaba usando el inodoro.
"De repente vi entrar a militares con pistolas, pasamontañas y chalecos antibalas. No sabía qué hacer ni qué decir", indicó Argentina Juárez, una de las trabajadoras detenidas ese día tras pedir hablar con un abogado.
Aseguró que ver a los agentes irrumpiendo en la fábrica le recordó la entrada de guerrilleros a su aldea en Guatemala cuando era niña: "Era lo mismo. Nos tenían rodeados. Estaban en el tejado, estaban fuera", afirmó.
Las ONG denunciaron que los agentes obligaron a los trabajadores, incluidos ciudadanos estadounidenses, a entrar en una sala de descanso donde primero les exigieron que se identificaran.
También señalaron que, durante la redada, una cámara corporal grabó comentarios de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los que comparaba a niños inmigrantes con animales, y otros agentes escucharon sin objetar, "lo que puso de manifiesto el trasfondo racista de la operación".
La redada, que formó parte de la política de arrestos y deportaciones del presidente Donald Trump, concluyó con al menos 57 detenidos.
A muchos se les negó la oportunidad de hablar con abogados o sus familias antes de que los trasladaran a centros de detención fuera del estado, algunos incluso en Luisiana, indica.
Uno de los demandantes, llamado Eddie, denunció que fue deportado a Guatemala tras 72 horas a pesar de tener permiso de trabajo en EE.UU., agrega el comunicado.
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