Un fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata busca frenar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). De esta forma, la justicia bonaerense confirmó una cautelar que había presentado el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y giró el expediente a la justicia federal. Desde la empresa señalaron que pese a la insistencia de la justicia bonaerense el proceso de privatización no se frena.
La Cámara platense confirmó una medida cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. Esta medida prohíbe a AySA alterar, reducir o limitar sus obligaciones vigentes en materia de agua potable, salud pública y medio ambiente, congelando la aplicación del nuevo contrato de concesión de mayo de 2026 que habilitaba estándares de calidad más bajos para un eventual operador privado.
A la vez, la justicia bonaerense determinó que el caso debe ser tramitado en el fuero federal, dado que AySA es una empresa con un 90% de participación estatal nacional.
Ante la consulta de Clarín, desde Aysa niegan que se vaya a suspender el proceso de privatización y aseguran que la decisión no es competencia de la justicia bonaerense.
El plan del gobierno es privatizar el 90% de AySA en una operación en la que busca recaudar US$ 500 millones.
La apertura de ofertas estaba prevista para el 27 de agosto y se postergó para el 15 de septiembre a las 10 de la mañana.
El proceso de privatización implica la concesión a un privado por 30 años de los servicios de agua potable y cloacas que abastecen a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El interesado más fuerte en quedarse con el 90% de la empresa es el grupo Roggio, que opera Aguas Cordobesas.
Otro jugador local que evalúa su participación es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor (proveedor de cloro a AySA) y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, que se acaban de quedar con Metrogas y comprarán parte de la refinería de Shell y sus 900 estaciones de servicio.
El pliego establece el requisito de acreditar experiencia en la operación de ambos servicios, por lo que las compañías argentinas interesadas necesitan asociarse a firmas extranjeras.
En ese sentido aparece el interés de la Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que opera la red de San Pablo, en Brasil, con 27 millones de personas, y la también brasilera Águas do Rio, que provee el servicio para Río de Janeiro.
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