El Gobierno amplió en $ 250.000 millones —de $ 712.288 millones a $ 962.288 millones— la partida del Presupuesto de este año para el pago de las deudas previsionales reconocidas por la Justicia y en sedes administrativas y las celebradas en acuerdos transaccionales, según la Decisión Administrativa 26/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La ANSeS no informó la cantidad de juicios que pueden pagarse con el aumento de la partida y el stock de demandas que acumulará aún en su contra. Tampoco la cantidad de reajuste de haberes que surgiría de las sentencias que serán abonadas.
Se trata de un refuerzo presupuestario importante, que se agrega a los $ 500.000 millones ampliados en mayo, porque la ANSeS acumula un fuerte retraso en el pago de las sentencias firmes en favor de los jubilados.
Según el abogado Adrián Tróccoli, "la cantidad de juicios es difícil de calcular. Se estima que hay unos 94.000 juicios firmes pendientes de pago y otros 240.000 juicios en trámite. También juicios firmes con pago parcial o sin pago por parte de ANSeS que están siendo ejecutados, lo que eleva considerablemente el total de la litigiosidad".
Los reclamos por reajuste de haberes jubilatorios representan el 76% de las causas que están en la Corte Suprema, según un informe del organismo de hace unos meses.
Por la falta de actualización del Presupuesto para el pago de los juicios firmes durante los últimos años, la ANSeS había tomado la decisión de separar la actualización del haber mensual en las nuevas sentencias del pago del retroactivo, dejando para una segunda etapa el pago de los retroactivos.
La ley previsional ordena el pago completo de la sentencia (retroactividad más reajuste del haber) dentro de los 120 días. Y, para el Tesoro Nacional, era mayor el ahorro fiscal de seguir "pateando" el pago de retroactivos que el gasto que implicaba reajustar sólo el haber previsional de los jubilados que en adelante obtuvieran sentencia firme. Los jueces previsionales de la seguridad social dicen que es ilegal esa separación entre pago del haber y del retroactivo.
ANSeS abona todos los años una partida que marca el Presupuesto Nacional. Y el stock no se reduce porque ingresan nuevos juicios y los abogados de esos jubilados consideran que en muchos casos el pago de la retroactividad o del haber reajustado según la sentencia está mal liquidado y tienen que volver a litigar.
Los juicios con sentencia firme no son mayores porque la Corte Suprema sigue sin pronunciarse en relación a reclamos que tienen pronunciamientos de segunda instancia, apelados por ANSeS, que se arrastran hace años.
Hay, además, diversos reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.
También por los topes que aplica ANSeS sobre la liquidación de los haberes más altos. Los jueces aplican un fallo de la Corte Suprema (“Actis Caporale” de agosto de 1999) que determina que los topes sobre el haber previsional no pueden generar una quita superior al 15% (“límite de confiscatoriedad”).
Con los aumentos por decreto en 2020, la pirámide previsional se acható (mayores aumentos a los que menos cobran en detrimento de los haberes medios y altos), luego de la pérdida del 19,5% que sufrieron todos los jubilados durante la gestión de Macri, y se presentaron reclamos contra la suspensión retroactiva de la movilidad.
Las Cámaras Federales y de Seguridad Social de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, entre otras, declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024 -durante el gobierno de Alberto Fernández. Y ordenaron reparar la pérdida acumulada durante todo ese período. El Gobierno reconoce que hubo esa pérdida, pero no la repara, a lo que se agrega que el bono de hasta $ 70.000 para haberes mínimos sigue congelado desde marzo 2024.
NE
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