De bajo perfil, pero con fuertes intereses en la Argentina, SLB, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo, salió a aclarar que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes".
La empresa, anteriormente conocida como Schlumberger, dijo que hizo el anuncio "en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional".
La norma, que fue publicada el viernes en el Boletín Oficial, tras su anuncio en cadena nacional por parte de Javier Milei, endurece los controles y las sanciones para las empresas y personas que realicen actividades de petróleo y gas sin permiso argentino en la plataforma continental y en los espacios marítimos de las Islas Malvinas.
"En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes", afirmó la compañía que en el país opera como Schlumberger Argentina S.A.
SLB, como Halliburton, el otro gigante de los servicios petroleros, se dedica a dar soporte a las empresas del sector, que son las dueñas de los yacimientos.
Justamente esta semana, el número uno de la empresa en la Argentina, Patricio Whitney, habló en un encuentro en Houston sobre el fuerte incremento en la cantidad de pozos que se espera para Vaca Muerta, a raíz de las inversiones atadas al RIGI.
El Gobierno ya comenzó con las acciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas: el viernes confirmó que buscará sancionar a 45 empresas y personas.
La medida apunta principalmente contra el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte y encabezado por las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La nómina alcanza también a accionistas, directivos, fondos de inversión, asesores y proveedores de infraestructura y servicios relacionados con esos emprendimientos.
El decreto publicado el viernes también introduce modificaciones para evitar que empresas que operan en la zona austral accedan a beneficios estatales. Se incorporó como requisito obligatorio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la presentación de una declaración jurada garantizando que no harán negocios en Malvinas, lo que también debe ser certificado por la autoridad de aplicación. Lo mismo sucede con cualquiera que quiera acceder a concesiones petroleras en el país.
Además de endurecer las sanciones contra las petroleras, Milei anunció que se acelerará la construcción de la proyectada base integrada naval en Tierra del Fuego.
NE
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