Estados Unidos quiere participar en el financiamiento de los proyectos de minerales críticos de la Argentina y puso sobre la mesa préstamos de largo plazo, garantías, seguros contra riesgos políticos y asistencia para preparar iniciativas que aún no pueden acceder al crédito.
La decisión fue expuesta por la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo, quien afirmó que Washington está “listo para ayudar y respaldar a la Argentina” para que se convierta en proveedora de minerales críticos, en el U.S.- Argentina Critical Minerals Forum, organizado por AmCham Argentina y la U.S. Chamber of Commerce.
La diplomática señaló ante funcionarios, gobernadores, mineras, bancos y organismos multilaterales, reunidos en el Alvear Palace Hotel, que el capital buscará reglas “claras y predecibles” y reforzó el pedido de ratificación del acuerdo bilateral firmado en febrero (el ARTI o Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos).
La definición política abre una vía, pero el paso siguiente será financiero. Representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC, según siglas en inglés), Banco Interamericano de Desarrollo, Citi y la Corporación Financiera Internacional (IFC) coincidieron en que hay capital disponible, aunque cada proyecto deberá demostrar que puede devolverlo.
“Hoy capital existe, pero por sí solo no es suficiente”, planteó Viviana Alva-Hart, representante del Grupo BID en la Argentina. Y agregó que si bien el RIGI aportó estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria, no reemplaza la certificación del recurso, los permisos ambientales, la solidez de los accionistas ni la viabilidad técnica.
Humberto Pereira, asesor de inversiones para el Cono Sur de DFC, graficó el cambio: antes, financiar una mina en la Argentina era “como construir una casa sobre arena movediza”; con el RIGI, puede levantarse “sobre roca”. Sin embargo, dijo también se evalúa la calidad del activo, la compañía, el capital comprometido y los compradores para la producción.
Por su parte, William Husband, director global de Banca Corporativa de Metales y Minería de Citi, ubicó el costo global de referencia para los proyectos mineros entre 5% y 7% y señaló que algunas iniciativas argentinas habrían obtenido condiciones similares. La dificultad aparece cuando supera el 8%. “El santo grial es conseguir capital barato y de largo plazo”, advirtió.
La tasa parte de una referencia internacional y suma el riesgo del país, de la empresa y del proyecto. Por eso, según explicaron, una mina argentina no compite solamente a partir de la calidad de su yacimiento: también disputa capital con desarrollos de Chile, Perú, Canadá o Australia. Un costo demasiado alto puede incluso agravar el riesgo que busca cubrir, porque aumenta la deuda y reduce la capacidad de repago de la futura operación.
Los organismos públicos y multilaterales pueden reducir ese costo al cubrir parte del riesgo. Pereira señaló que DFC ofrece seguros frente a restricciones cambiarias, expropiaciones, interferencias gubernamentales y violencia política. Los contratos de compra anticipada -offtake agreements- también facilitan el crédito al garantizar un comprador para la producción y pueden habilitar la participación de Exim Bank (la agencia oficial de crédito a las exportaciones de EE.UU.).
Según Alva-Hart, BID Invest -el brazo del banco para el sector privado- aporta recursos propios y moviliza fondos de otras entidades. Así estructuró un paquete de hasta US$ 700 millones para Sal de Oro, el proyecto de litio de Posco en Salta y Catamarca: hasta US$ 250 millones serían provistos por el organismo y otros US$ 450 millones por instituciones internacionales.
Patrick Avato, country manager para Argentina de IFC, sostuvo que el riesgo debe reducirse desde la etapa de desarrollo. El organismo trabaja con el proyecto Los Azules, en San Juan, para incorporar estándares ambientales y sociales antes de solicitar el financiamiento. “Nunca es demasiado temprano para llamarnos”, afirmó.
La infraestructura suma otra dificultad. Avato dijo que IFC analiza con Central Puerto una línea eléctrica de unos 140 kilómetros y hasta 400 MW para abastecer zonas mineras del noroeste, con una inversión estimada en US$ 600 millones. Alva-Hart planteó, además, que las provincias podrían destinar futuras regalías a obras habilitantes y facilitar crédito a proveedores.
Aunque los instrumentos están disponibles, los financiadores todavía esperan un proyecto de gran escala que funcione como precedente bajo las nuevas condiciones argentinas: que cierre su estructura financiera, complete la construcción, inicie la producción y cumpla con el pago de la deuda. “Hace falta un solo precedente y después el resto del mercado lo sigue”, resumió el representante de Citi.
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