Dos organizaciones de defensa del derecho al voto demandaron este miércoles ante un tribunal federal una ley de Florida que obligará a los votantes a probar su ciudadanía estadounidense para registrarse y sufragar, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
El Southern Poverty Law Center y Democracy Defenders Fund presentaron la querella en nombre de Black Voters Matter Fund y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) contra el secretario de Estado de Florida, Cord Byrd.
La norma, conocida como Ley SAVE de Florida (HB 991), exigirá partida de nacimiento, pasaporte o una licencia de conducir, documentos que el estado cotejará con registros oficiales para demostrar la ciudadanía.
El estado dará de baja a quien no conteste en un plazo de 30 días alguna discrepancia.
Los demandantes sostienen que esas exigencias van más allá de la ley federal de registro de votantes, que también prohíbe borrar electores en los 90 días previos a unos comicios federales.
El pleito se centra en los ciudadanos naturalizados, cuyos archivos oficiales pueden seguir mostrando su condición anterior de no ciudadanos. Florida fue en 2024 el segundo estado con más nuevos naturalizados, 93.240, según la demanda.
"La ciudadanía naturalizada no es provisional. Florida no puede tratarla como si lo fuera", afirmó el director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño.
La ley "crea un sistema en el que se puede negar el registro a un votante o borrarlo del censo por un trámite, un error de base de datos o un aviso que no llegó", se lamentó April England-Albright, directora legal de Black Voters Matter Fund, que advirtió de que esas trabas golpean sobre todo a los votantes de raza negra.
Otras organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), UnidosUS y Latino Justice demandaron la ley en abril.
La HB 991 replica la SAVE America Act impulsada a nivel nacional por el presidente Donald Trump, aprobada en la Cámara de Representantes y bloqueada en el Senado.
Todavia no hay comentarios aprobados.