La Justicia rionegrina ordenó este miércoles un nuevo embargo a la diputada Lorena Villaverde por la suma de 29.970 dólares a raíz de un reclamo por irregularidades en la venta de un lote en la localidad de Las Grutas. La libertaria afirmó que no le comunicaron la medida judicial y sostuvo que todo forma parte de un trato "mediático particularmente violento y desigual".
La resolución fue firmada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, de la Unidad Jurisdiccional 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro.
La denuncia se originó por un presunto incumplimiento en la entrega de un lote adquirido dentro del desarrollo inmobiliario Tajamar, en Las Grutas.
"Desde hace tiempo vengo soportando un tratamiento institucional provincial, municipal y mediático particularmente violento y desigual, que no puede analizarse por fuera del escarnio mediático, político y la violencia institucional, como mujer y representante del pueblo rionegrino, que he atravesado", remarcó la diputada al diario Río Negro.
La diputada Lorena Villaverde. Foto Federico López Claro.
Además, remarcó que no pretende sustraerse "de ningún proceso ni pedir privilegios".
"Quiero exactamente lo mismo que cualquier ciudadano: ser notificada, ejercer mi defensa y no ser condenada públicamente por el poder informal que ejercen algunos medios antes de que la Justicia resuelva", sostuvo.
La medida se toma para proteger un eventual resultado positivo para el que hizo la denuncia, pero a fines judiciales no implican establecer quién tiene la verdad en la causa.
Los antecedentes contra Villaverde por el complejo inmobiliario
Esta no es la primera denuncia ni embargo que recibe Villaverde por este tema. Los antecedentes incluyen demandas civiles y una denuncia penal, aunque se trata de procesos que continúan en distintas instancias y no existe una condena contra la diputada.
Lorena Villaverde al salir del Congreso. Foto Guillermo Rodríguez Adami.
En los distintos expedientes, compradores señalaron inconvenientes relacionados con la entrega de los terrenos, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.
Uno de esos conflictos habría terminado en un acuerdo económico, mientras que los restantes permanecen en trámite o están sujetos a eventuales acuerdos entre las partes.
Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos. En diciembre de ese mismo año, otro expediente avanzó sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora por aproximadamente 40,5 millones de pesos.
A esos antecedentes se sumó, en marzo de 2026, otro embargo preventivo por una cifra superior a los 31 millones de pesos. En esta oportunidad, la medida fue expresada en dólares.
SMB
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