El Súper RIGI, el proyecto de incentivo para grandes inversiones, se dilata en el Senado. Se frustró el intento del oficialismo de conseguir dictamen este miércoles luego de que senadores aliados le restaran quórum a la reunión y condicionaran su acompañamiento a una nueva modificación de la propuesta impulsada por el Gobierno.
Al menos tres aliados clave del oficialismo se plantaron este miércoles y vaciaron la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General en la que Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, pretendía alzarse con el dictamen de la propuesta que tiene la media sanción de Diputados.
Pero el plan de la ex ministra se frustró porque el correntino Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas), el bonaerense Maximiliano Abad (UCR) y el misionero Martín Goerling (PRO) se quedaron en sus despachos tras exigir una nueva modificación.
La relación entre los oficialistas y los aliados se tensó en las últimas horas porque los tres senadores aliados pasaron a exigir mejores condiciones y una suba en la participación de empresas nacionales en los grandes proyectos de inversión.
Justamente, una de las modificaciones que aceptó el Gobierno era fijar condiciones precisas sobre el artículo vinculado con el denominado "compre nacional", que apunta a incentivar la contratación de proveedores locales.
Qué piden los senadores aliados para aprobar el Súper RIGI
En la media sanción de Diputados se estableció que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores. Los dialoguistas pidieron que esa protección se limite a bienes producidos en la Argentina.
Pero, según pudo averiguar Clarín, los senadores aliados que se declararon en rebeldía piden que se eleve ese porcentaje al 30% con posibilidad de llevarlo al 40%. Lo cierto es que esa condición es difícil y casi imposible que sea aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
"En el Día de la Industria, el Gobierno le vació el acto a la UIA (Unión Industrial Argentina) y encima querían que le saquemos dictamen de este proyecto que no le da ninguna garantía al sector", protestó un senador tras la postergación del dictamen.
Es que en rigor, a los aliados no los conformó ni el cambio que incluía a los bienes no transables, es decir, auditorías y servicios de contabilidad dentro del compre nacional. Puntualmente cuestionan la falta de garantías de la ley para que se cumpla con el artículo.
Es que las empresas que podrían competir para ser contratadas por los grandes inversores también deben garantizar un precio que esté en un 15% por encima del valor del mercado internacional.
En medio de la controversia, la jefa del oficialismo se comprometió a llevar el nuevo pedido de los aliados al titular del Palacio de Hacienda, pero tenía baja expectativa de que pueda avanzar con ese punto, ya que Caputo siempre se opuso a esa condición, ni siquiera apoyaba el 20% de participación nacional.
Incluso durante el debate en comisión, desde el oficialismo trataron de bajarle el precio al compre argentino, que se incluyó en Diputados por pedido de la UIA. "El compre nacional no es necesario porque se supera ampliamente ese 20 % porque estos proyectos generan un efecto derrame", deslizó el sanjuanino Bruno Olivera (LLA), quien, no obstante admitió que esa condición "encarece" los proyectos de grandes inversiones.
Súper RIGI pasó a cuarto intermedio hasta la próxima semana
A Bullrich se la vio superada por los tironeos que hay entre el Gobierno y los aliados. Por eso, frente al pedido de los tres dialoguistas terminó por aceptar que la mejor salida podría ser continuar con el RIGI, la versión inicial que se aprobó en 2024.
Lo cierto es que durante la reunión conjunta en el Senado, el oficialismo no consiguió las firmas pese al intento de Agustín Monteverde, que condujo el debate por ser el presidente de Presupuesto, comisión cabecera de este proyecto, al hacer circular el dictamen para la firma de los senadores.
Tanto Abad como Espínola y Goerling son clave para que el oficialismo tenga el número para sacar el dictamen y poder llevar la propuesta al recinto (la intención de Bullrich era tratarlo en una sesión del 10 de septiembre). Pero no fueron los únicos que mandaron una señal al Gobierno.
Hubo otros aliados que pegaron el faltazo a la reunión como Alejandra Vigo (Provincias Unidas), Flavio Fama (UCR), Andrea Cristina (PRO), Guillermo Andrada (Convicción Federal), Beatriz Ávila (Independencia) y la neuquina Julieta Corroza.
En este escenario, Monteverde tuvo que postergar hasta la próxima semana el debate y así hacer un nuevo intento por conseguir el dictamen.
Pero previo al tratamiento del Súper RIGI, el Senado debatió el proyecto para crear el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta destinada a promover inversiones productivas desde los 12 millones de dólares, impulsada por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
Esa audiencia comenzó con polémica porque Jorge Capitanich aseguraba que no estaba reunido el quórum. Y en realidad, lo advertido por el chaqueño era correcto aunque el oficialismo lo hizo sentar para que haga efectivo su queja así se logró el número para arrancar el debate.
La pelea terminó siendo un dato anecdótico porque en rigor, la propuesta de Vischi -al igual que el Súper RIGI- tampoco tenía las firmas para aprobar el dictamen.
El RIIR era parte del acuerdo entre el oficialismo y los radicales para habilitar ambas propuestas y tratarlas en el recinto en una sesión de la próxima semana, que prácticamente quedó descartada ante la falta de votos.
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