Varios congresistas demócratas dirigieron este miércoles una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para expresar su oposición a la decisión de permitir la entrada de hasta 300.000 toneladas métricas de carne de res picada importada sin aranceles durante 90 días.
"Si bien compartimos el objetivo de reducir los precios de la carne para los estadounidenses, consideramos que esta política causaría un perjuicio significativo a nuestra industria nacional de carne de vacuno", se lee en la misiva firmada por los congresistas Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz, Frederica Wilson, Kathy Castor y Josh Gottheimer.
Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva para contener el precio de la carne de vacuno que permitirá la entrada de 300.000 toneladas de carne de res libre de aranceles durante 90 días a partir del 1 de septiembre.
Esas importaciones se venderán un 25 % por debajo del precio del mercado, que actualmente se sitúa aproximadamente la libra en 6,89 dólares, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Sin embargo, el presidente no precisó los términos del acuerdo, quiénes forman parte del tratado o qué países se verán beneficiados por la reducción arancelaria. De momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Agricultura han compartido detalles.
Los congresistas, en su mayoría de Florida, lamentaron que la decisión del presidente "no resolverá los problemas a largo plazo" recordando que los precios de los alimentos han subido un 2,7 % en el último año, y advirtieron de que los ganadores y la industria nacional saldrán perjudicados.
Entre los problemas que enfrentan los ganaderos citan "el disparado coste de los insumos, las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos", además de un brote activo de gusano barrenador del ganado que les ha impuesto cargas adicionales.
"Desde junio de este año, se han detectado 46 casos de gusano barrenador del ganado, lo que plantea riesgos económicos adicionales para nuestros ganaderos", indicaron.
Este parásito que afecta al ganado provoca pérdidas financieras por el aumento de los costes de tratamiento veterinario, la pérdida de cabezas de ganado y las restricciones al comercio de carne y animales vivos.
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