El sindicato Teamsters demanda a California por los camiones autónomos: advierte que 200.000 empleos están en riesgo

California era el único estado que prohibía los camiones autónomos. Pero en abril el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) adoptó nuevas normas para impulsar su implementación. Ahora el poderoso sindicato Teamsters demandó a la administración del gobernador Gavin Newsom, preocupado por miles de choferes que podrían quedarse sin empleo.

En abril, Newsom anunció que el Proyecto de Incentivos para Camiones y Autobuses Limpios (HVIP) destinó más de 1.000 millones de dólares en fondos para este tipo de transporte. El benefició llegó a más de 2.000 flotas y permitió el despliegue de 11.600 vehículos cero emisiones.

Al realizar el anuncio, el director del DMV, Steve Gordon, declaró que el plan impulsaría el crecimiento de la industria de los vehículos autónomos, al tiempo que mejoraría la seguridad pública y la rendición de cuentas de los fabricantes.

En 2023, la Legislatura de California había aprobado un proyecto de ley para exigir conductores humanos a bordo de estos camiones, pero fue vetado por el gobernador Newsom, recuerda la agencia AP. Entonces, afirmó que una regulación adicional era innecesaria, ya que las leyes existentes que rigen los vehículos autónomos (como los robo taxis) eran suficientes.

¿Cuáles son las normas para camiones autónomos en California?

La prohibición de camiones autónomos obedecía, en gran parte, a las objeciones presentadas por los sindicatos preocupados por el futuro de unos 200.000 puestos de trabajo en California. La demanda presentada por Teamsters afirma que las normas representan "una amenaza existencial" para cientos de miles de empleos sindicalizados y solicita al tribunal que impida que el DMV las aplique.

“El DMV ocultó de forma irresponsable, negligente e ilegal los verdaderos costos económicos y humanos de la modificación de la normativa sobre vehículos autónomos”, declaró Julie Gutman Dickinson , abogada del bufete Bush Gottlieb, que representa a Teamsters, en un comunicado difundido por POLITICO.

El director del DMV, Steve Gordon, anunció las nuevas normas para camiones autónomos en abril. Foto: X/@DMV.

“La única manera de proteger el derecho del público a examinar adecuadamente las normativas que transformarán el transporte en California es que el tribunal ordene al DMV que revoque de inmediato la normativa promulgada ilegalmente”, agregó Gutman Dickinson.

Entre las regulaciones aprobadas por el DMV en abril figuran:

• Elimina la prohibición de operar vehículos autónomos con un peso bruto de 10.001 libras o más. Los vehículos autónomos pesados aún deben detenerse en las estaciones de pesaje de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y cumplir con todos los requisitos estatales y federales aplicables para vehículos comerciales.

• Permite que entidades públicas o universidades operen vehículos de transporte autónomos con un peso bruto vehicular (PBV) de hasta 14.001 libras, lo que proporciona una nueva vía para la innovación en el servicio de transporte.

• Exige a los fabricantes que comiencen con pruebas con un conductor de seguridad y avancen a pruebas sin conductor antes de solicitar la autorización para su comercialización.

• Establece estándares para el personal de operaciones remotas, incluyendo requisitos de licencia, permisos y capacitación para conductores y asistentes remotos.

• Autoriza al DMV a imponer restricciones operativas específicas a los fabricantes, incluidos límites de tamaño de flota, ubicación, velocidad y condiciones climáticas, cuando sea necesario para la seguridad pública.

Las objeciones presentadas por los sindicatos responden a la posible pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo. Foto: Archivo.

El recurso, presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda, se centra en que el DMV no realizó el estudio económico requerido sobre los posibles efectos de las nuevas normas.

Teamsters argumenta que la agencia utilizó un proceso de reglamentación abreviado, diseñado para actualizaciones regulatorias menores con costos o beneficios inferiores a 50 millones de dólares durante el primer año posterior a su implementación.