SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — Una jueza federal de California, citando la importancia de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, afirma que el gobierno del país está silenciando de manera inconstitucional a críticos de la guerra de Israel en Gaza y a otras personas, como parte del empeño del gobierno del presidente Donald Trump por deportar a no ciudadanos que, según dice, alteraron los campus universitarios mientras expresaban sus opiniones.
La jueza Noël Wise, en un fallo emitido el viernes, dio una victoria al periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que ha señalado que algunos estudiantes internacionales tenían miedo de pronunciarse debido a la amenaza de deportación.
La decisión se apoya en gran medida en las conclusiones a las que llegó hace casi un año un juez federal de distrito en Boston, quien determinó que el gobierno de Trump violó la Constitución cuando apuntó a personas que no son ciudadanas para deportarlas únicamente por apoyar a los palestinos y criticar a Israel.
Wise escribió que las libertades de expresión y de prensa son “fundamentales para que perdure la democracia en Estados Unidos”. La jueza citó fallas relacionadas con la libertad de expresión y con la imprecisión que violan la Primera y la Quinta Enmienda constitucionales, al anular partes de las disposiciones que sigue el gobierno federal en materia de deportaciones.
La jueza mencionó las represalias ejercidas en marzo de 2025 por las autoridades migratorias de Estados Unidos contra personas que participaron en expresiones de apoyo a los palestinos y en contra de las acciones de Israel, que un número creciente de expertos, incluidos los comisionados por un organismo de la ONU, han señalado que equivalen a genocidio. La jueza también citó represalias contra personas que criticaron a Charlie Kirk después de que el cofundador de Turning Point USA fuera asesinado en septiembre pasado.
“Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan”, afirmó la jueza en San José.
“Esta espiral descendente es antitética a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a hablar libremente”, agregó. “Aquí se puede odiar simultáneamente el contenido del discurso de una persona y amar al país que aprecia la libertad de permitirlo. La protección celosa de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración provocadora de la poderosa ausencia de miedo de nuestro país”.
Hasta el sábado, el Departamento de Justicia no había respondido a un mensaje en el que se solicitaban comentarios sobre la decisión.
Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que presentó la demanda, elogió el fallo.
“En Estados Unidos, la libertad de expresión no les pertenece solo a las personas que dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo”, afirmó en un comunicado.
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