El 1 de julio, una mamá, desesperada, fue a la comisaría para hacer una denuncia. Su hija de 14 años se había ido, no respondía y no sabía dónde estaba.
Ese llamado, ese alerta, derivó en una investigación que terminó sacando a la luz a una red de abusadores que se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes para explotarlas sexualmente. Para lograrlo, cometían otro delito: grooming. Usaban redes sociales para comunicarse con ellas, en algunos casos solicitándoles imágenes, siempre con el propósito de atentar contra su integridad sexual.
Las niñas fueron encontradas en Sumampa, Santiago del Estero, gracias a la ubicación de sus teléfonos celulares y, luego de que se montara un operativo en la puerta de una vivienda, salieron y relataron lo que estaban viviendo.
De acuerdo a los primeros elementos recolectados por la fiscal Analía Cepede, de la fiscalía de Deán Funes, Córdoba, las niñas no serían víctimas de una red de trata, sino que eran contactadas directamente por hombres de Villa de María del Río Seco, unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.
Al momento hay 15 detenidos, entre ellos hay peones de campo, conductores de remises truchos, un policía y un ex asesor de legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores, que ante la presión política tuvo que tomarse una licencia de seis meses.
Los hombres se pasaban los teléfonos de las menores. Y, en algunos casos, las niñas eran quienes se transmitían los contactos como referencia. Uno de los detenidos fue identificado como José Aníbal Villarreal (48), que trabaja hace décadas para "Cañito" Flores y fue imputado por "varios hechos" con "varias" de las niñas, según confiaron a Clarín.
El otro preso identificado es Juan Cruz Cejas Bustamante (27), quien presta servicio en el Departamento Motos de la Policía de Córdoba y está acusado de grooming.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, decidió pasara a retiro a cinco policías de Río Seco. Foto: Fernando de la Orden.
Del total de los detenidos, ocho ya fueron indagados. Se trata de los acusados por grooming y que se contactaron con las niñas, les pidieron fotografías, pero no llegaron a concretar los encuentros para cometer los abusos.
El grooming prevé una pena de seis meses a cuatro años. Los imputados exclusivamente por ese delito podrían solicitar recuperar la libertad mientras continúa el proceso, aunque la decisión dependerá también de la evaluación del riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
A excepción de Bustamante, que por ser miembro de una fuerza de seguridad y podría entorpecer la investigación, los otros siete están detenidos y no descartan que puedan continuar el proceso en libertad.
Además de la gravedad de los hechos, las víctimas viven en el mismo pueblo de seis mil habitantes por lo que se cruzan permanentemente con los familiares de sus agresores, algo que por estas horas preocupa a los organismos que intervienen en el proceso.
De momento, no descartan que pueda haber nuevas detenciones. Y el resto de los imputados, con delitos más graves como abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual agravado por la situación de preeminencia respecto de la víctima, seguirán detenidos y serán indagados en los próximos días.
"Para hablar de trata lo que tenés que tener es un proxeneta, una cabeza adulta que las capte y las prostituya a cambio de una retribución económica. Pero en este caso ellas eran quienes contactaban a los hombres para concretar de alguna manera el encuentro. El tema es que ellas con la edad que tienen no están en condiciones de prestar consentimiento. Lo que tenemos acá son hombres adultos que se aprovecharon de esa situación", explicó la fiscal Cepede en diálogo con Clarín.
Además, explicó que las niñas son amigas entre sí y que sus familias no estaban al tanto de la situación: "Hablamos de situaciones de extrema vulnerabilidad, no son retribuciones altas, era para comer: esto era hambre, no era otra cosa".
Investigan el accionar de un centro de salud
Dos de las cuatro víctimas manifestaron tener implantes subdérmicos anticonceptivos, algo que según explicaron a Clarín, está en plena investigación. El análisis de los protocolos y los dispositivos de salud está siendo analizando para determinar si no hubo incumplimiento de los deberes o abuso de autoridad en esos procedimientos médicos.
Una de las niñas dijo tenerlo hace dos años y otra el año pasado, cuando tenían 12 y 13 años. La Justicia analiza en qué circunstancias fueron colocados los implantes y si el personal sanitario cumplió los protocolos de actuación y los deberes de protección frente a posibles indicadores de abuso sexual.
Esos elementos están en plena investigación y aún no han sido definidos por la justicia.
El escándalo en la legislatura
El imputado Villarreal figura en sus registros comerciales como empleado de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Tuvo un contrato como asesor del diputado “Cañito” Flores.
Este miércoles el oficialismo provincial consiguió 34 votos para aprobar el pedido de licencia de Flores por seis meses sin goce de sueldo, pero la oposición pide su renuncia por la gravedad de los hechos denunciados.
Flores es de Río Seco, fue funcionario municipal y luego representó a su ciudad a nivel provincial. Entre 2011 y 2023 fue intendente y ahora volvió a ocupar un cargo legislativo.
Su carrera política se desarrolló dentro del peronismo cordobés respondiendo a José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora a través de los años. Los medios locales lo describen como un dirigente "fuerte" en el norte de la provincia.
Según publicó La Voz del interior, la senadora nacional Alejandra Vigo (esposa de Schiaretti) aseguró que Flores "tendría que renunciar" por la gravedad de las denuncias.
Lo cierto es que la investigación no imputa al diputado. Lo que sí ocurrió es que varios de los abusos habrían sido cometidos en un campo de su propiedad, según confirmaron los investigadores a Clarín. Villarreal figuraba contratado como asesor en la Legislatura, aunque habría desempeñado tareas vinculadas al cuidado de propiedades de Flores.
Además, se conoció otra denuncia de 2020 vinculada a Villarreal, pero que no avanzó y se investiga si no se profundizó por los vínculos del hombre con el poder político local.
Esa denuncia la realizó una mujer llamada Marfa, quien dijo haber sido víctima de reducción a la servidumbre, violaciones y torturas mientras estuvo bajo el cuidado de la familia Villarreal. Ella escapó del pueblo a los 16 años y, cuando regresó, en 2020 se animó a denunciar.
En enero de 2021 se inició una causa judicial por lo ocurrido con esta mujer por los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado continuado y promoción a la corrupción de menores agravada.
Marfa, la mujer que había denunciado por abuso al asesor de un diputado en Villa María del Río Seco y nunca se investigó
Para la fiscal Cepede esa causa tuvo un error procesal porque se imputó al denunciado cuando los hechos ya estaban prescriptos por el paso del tiempo. Sin embargo, ese sumario fue a la fiscalía de Deán Funes y regresó para la instrucción, algo que no pasó: la investigación quedó "cajoneada" y nunca se archivó ni se sobreseyó al imputado.
Ahora Villarreal está acusado de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado. Si bien ese hecho está prescripto, anticiparon que ese testimonio podría tenerse en cuenta en un futuro juicio.
La cúpula policial
Mientras un tribunal de conducta analiza qué pasó con la denuncia realizada contra Villarreal en 2021, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba apartó a la cúpula policial de Río Seco.
Se trata de cinco oficiales jefes y superiores de la Departamental Río Seco, cuya jurisdicción incluye Villa de María de Río Seco. El subjefe de la Policía provincial, Iván Rey, confirmó que no fueron pasados a retiro: dejaron esas funciones y su situación administrativa será evaluada para determinar nuevos destinos.
En diálogo con Clarín, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, aseguró que la medida fue por una "pérdida de confianza" en la policía local y que fueron reemplazados por otros policías que no son de la ciudad.
Estos cinco integrantes de la Departamental Río Seco fueron apartados de sus cargos y recibieron la licencia anual. Cuando regresen, serán destinados a las funciones que determine la Jefatura.
Paralelamente, el Tribunal de Conducta analiza si existieron irregularidades en la actuación policial ante la denuncia contra Villarreal y si efectivamente actuaron para proteger al poder político local.
AA
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