Los reiterados intentos del presidente Donald Trump por imponer aranceles se han convertido en un reflejo de su segundo mandato.
Han perjudicado la economía estadounidense y su propia popularidad.
Además, abarcan desde cuestiones legalmente dudosas hasta flagrantemente ilegales.
Ahora que Trump se ha embarcado en una guerra comercial con Canadá —país que ha decidido plantarle cara—, queremos analizar el daño económico y legal que provocan sus aranceles.
Instamos también al Congreso y a los tribunales a que actúen y pongan fin a esta locura.
Los aranceles ofrecen una oportunidad única para que los otros dos poderes del gobierno federal exijan a Trump que respete la Constitución y deje de perjudicar a los trabajadores y consumidores estadounidenses.
El Tribunal Supremo ya había rechazado la mayoría de los aranceles de Trump en una ocasión.
En febrero, los declaró ilegales, y él dejó claro de inmediato que no se dejaría intimidar.
«Su decisión es incorrecta», declaró pocas horas después de que se publicara el fallo.
En la foto aparece el primer ministro de Ontario, Doug Ford, mientras recorre el proyecto Glencore Onaping Depth en Sudbury, Ontario, el jueves 27 de agosto de 2026. (Keito Newman/The Canadian Press vía AP)
«Pero no importa».
Es cierto que otros presidentes han adoptado en ocasiones una postura igualmente combativa ante una decisión de la Corte Suprema.
Han abandonado políticas rechazadas por la corte y han implementado alternativas que buscaban alcanzar los mismos objetivos de maneras diferentes.
Hace tan solo unos años, el presidente Joe Biden hizo lo mismo con la deuda estudiantil. «
La Corte Suprema me impidió aliviar la deuda estudiantil», declaró Biden.
«Pero no me detuvieron».
Aun así, la actitud desafiante de Trump llama la atención.
En dos ocasiones ha intentado eludir el fallo arancelario del tribunal, imponiendo nuevas rondas de aranceles a las importaciones mediante justificaciones legales manifiestamente ridículas.
Modelo
Esto forma parte de un patrón más amplio, en dos sentidos.
Primero, ha intentado eludir las sentencias judiciales con mucha más frecuencia que sus predecesores.
Ante los tribunales inferiores, ha desafiado abiertamente las decisiones de los jueces, incluso en enero, cuando violó casi 100 órdenes judiciales relacionadas con la inmigración.
Ante la Corte Suprema, ha sido más respetuoso, pero aun así ha incurrido en un «incumplimiento legalista», como han escrito los académicos Daniel T. Deacon y Leah M. Litman.
Esto implica «una serie de argumentos legales falaces y legalismos en un intento de ocultar lo que en realidad es una resistencia generalizada a la supervisión judicial».
Trump ha adoptado este enfoque con los aranceles, la inmigración y el congelamiento de fondos.
En segundo lugar, varias de las justificaciones individuales de Trump son mucho más débiles que las que han intentado los presidentes anteriores.
Su última ronda de aranceles globales es un ejemplo.
La justificación de la administración para estos aranceles es una sección de una ley de 1974 que faculta al presidente para imponer aranceles a los países que importan productos elaborados con trabajo forzoso.
El mes pasado, la administración invocó esta ley para imponer aranceles a casi todos los productos que ingresan a Estados Unidos.
Esta ronda de aranceles es la sucesora de un nivel arancelario similar que la Corte Suprema rechazó en febrero, así como de un arancel temporal que Trump impuso después de la decisión.
Un panel de jueces federales dictaminó que ese arancel temporal también era ilegal.
Casos
Algunos países merecen ser investigados por importar productos elaborados con trabajo forzoso.
Una de las principales fuentes de trabajo forzoso es China, que ha obligado a los habitantes de Xinjiang, una región predominantemente musulmana, a producir algodón, autopartes y otros artículos.
Sin embargo, la legislación federal ya faculta al gobierno para abordar el trabajo forzoso de otras maneras, incluso bloqueando la entrada de productos elaborados con dicho trabajo.
Trump ha utilizado un problema real como excusa para aplicar aranceles a más de 80 países que, en conjunto, representan más del 99% de las importaciones estadounidenses.
En esencia, está afirmando que los productos elaborados con trabajo forzoso constituyen un grave problema en Canadá, Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña, Francia y decenas de otros países.
Los aranceles se aplican incluso a Noruega, país pionero en la lucha contra el trabajo forzoso a nivel mundial.
Luego está la dudosa justificación de su último arancel a los productos canadienses.
El presidente invocó parte de una ley de 1930 que nunca antes se había utilizado para imponer aranceles, ignorando leyes más recientes, así como el acuerdo comercial que su primer gobierno negoció con Canadá.
Ha impuesto un arancel del 50% a muchos productos canadienses alegando que Canadá ha discriminado a los productos estadounidenses, a pesar de que fue su administración quien inició la disputa comercial.
Y Canadá no es precisamente responsable de los problemas legítimos de la política comercial estadounidense en las últimas décadas.
Es el mayor comprador de exportaciones estadounidenses.
El Congreso puede desempeñar un papel vital en este sentido.
Incluso muchos republicanos en el Congreso están descontentos con los aranceles y tienen el poder de detenerlos.
Pueden comenzar con críticas públicas, lo que aumentará el costo político para Trump de mantenerlos vigentes.
Si no cede, deberían aprobar nuevas leyes que eliminen las lagunas legales que ha utilizado.
En el caso de los aranceles a Canadá, el Congreso debería aprobar legislación para dejar claro que no puede usar la ley de 1930 para imponer aranceles generalizados.
Los jueces también pueden intervenir, especialmente en lo que respecta a los aranceles por trabajo forzoso.
El caso se encuentra ahora ante el Tribunal de Comercio Internacional, un organismo federal, que debería pronunciarse rápidamente al respecto.
Como argumentaron los líderes de 25 estados de EE.UU. en un escrito judicial, «la medida arancelaria es arbitraria, caprichosa y contraria a la ley».
Las afirmaciones del gobierno sobre el trabajo forzoso «ridiculizan la ley utilizada para justificarlas».
Si bien los jueces federales a menudo han realizado una labor admirable al intentar responder a las políticas ilegales de Trump, los casos arancelarios ponen de manifiesto un problema fundamental:
el incumplimiento legalista de Trump avanza más rápido que los tribunales.
Cuando un juez declara ilegal una política de Trump, la reemplaza por otra que persigue objetivos similares.
Futuro
Finalmente, los aranceles por trabajo forzoso probablemente volverán a la Corte Suprema, que necesita ser más ágil para proteger la Constitución del desprecio de Trump por el equilibrio de poderes entre las tres ramas del gobierno.
Los magistrados han demostrado estar dispuestos a oponerse a algunos de los peores abusos de poder de Trump, en materia de aranceles, ciudadanía por derecho de nacimiento y falsas acusaciones de fraude electoral.
Sin embargo, en ocasiones han mostrado una desafortunada deferencia hacia él e incluso han socavado la labor de jueces de tribunales inferiores que intentaban defender la ley.
Cuando Biden era presidente, el tribunal actuó con rapidez para detener varias políticas que consideraba ilegales, incluido su segundo intento de condonar los préstamos estudiantiles.
Sin embargo, ante el flagrante incumplimiento de la ley por parte de Trump, la mayoría del tribunal, cuyos magistrados son nombrados por los republicanos, a veces se demora o se abstiene.
Mientras tanto, las políticas de Trump siguen causando daño.
Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de la política arancelaria original de Trump, el arancel efectivo promedio sobre las importaciones estadounidenses descendió del 14% al 7%, según el Laboratorio de Presupuesto de Yale.
Desde entonces, este arancel ha aumentado hasta el 11%.
En términos económicos, la política ha sido hasta ahora una decepción.
Los aranceles han elevado los precios de muchos productos, sin generar una reactivación del empleo manufacturero.
El crecimiento general del empleo y el crecimiento económico se han ralentizado en los últimos meses.
En lugar de dar marcha atrás, Trump ha intensificado su guerra comercial.
Sorprendentemente, la ley de 1930 que ha utilizado para justificar los aranceles canadienses es la Ley Arancelaria Smoot-Hawley, tristemente célebre por haber contribuido a la Gran Depresión.
Sin embargo, el principio aún más importante es el constitucional. Trump está violando la ley. El Congreso y el poder judicial deben responder.
c.2026 The New York Times Company
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