La ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump está en constante cambio. Y los últimos registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permiten observar una transformación más profunda en la forma en que funciona el sistema: la agencia está ampliando el universo de personas alcanzadas por sus operativos y depende cada vez menos de recibir inmigrantes que ya estaban bajo custodia de cárceles y prisiones.
La mayoría de las personas arrestadas en julio estaba acusada de infringir las leyes migratorias civiles, pero no tenía cargos penales pendientes ni condenas previas, según un análisis de The New York Times sobre los nuevos datos federales. La proporción con una condena previa por un delito violento, en tanto, cayó a menos del 4%.
Los registros fueron entregados por ICE al Deportation Data Project, un proyecto académico codirigido por investigadores de la Universidad de California en Berkeley y UCLA, después de una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La nueva base contiene información hasta el 6 de agosto de 2026 y permite reconstruir con un grado de detalle inusual el funcionamiento de la política migratoria: incluye encuentros con ICE, solicitudes de detención, arrestos, ingresos al sistema de detención y expulsiones. En julio, ICE realizó 49.571 arrestos, frente a 43.021 en junio y 29.241 en febrero. Pero detrás de ese crecimiento aparece un fenómeno que permite entender mejor el alcance de la ofensiva: los arrestos de personas sin historial criminal son los que están aumentando con mayor rapidez.
La mayoría de los arrestados por ICE ya no tiene antecedentes penales
Los nuevos registros permiten separar a los arrestados según la clasificación otorgada por el mismo ICE: como personas con condenas penales, cargos pendientes o sin ninguna de esas dos condiciones. En julio, más de la mitad de los arrestados no tenía cargos ni condenas penales, de acuerdo con el análisis de los datos. Se trataba de personas alcanzadas principalmente por la aplicación de las leyes migratorias civiles, una diferencia relevante frente al perfil que durante años ocupó un lugar central en las operaciones interiores de ICE: inmigrantes que llegaban a manos de la agencia después de haber pasado por cárceles o prisiones locales y estatales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el gobierno continúa cumpliendo su promesa de detener y deportar a delincuentes, pero también ha dejado claro que cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos puede ser objeto de medidas de control migratorio. Los datos reflejan esa ampliación del universo de personas buscadas por ICE.
Entre quienes quedaron alcanzados por el aumento de los arrestos aparecen personas casadas con ciudadanos estadounidenses, solicitantes de asilo que habían ingresado legalmente y personas que contaban con un estatus temporal que la administración buscó revocar. Al mismo tiempo, la proporción de arrestados que tenía una condena previa por delitos violentos cayó por debajo del 4% en julio.
La mitad de los arrestos ya son operativos “at-large”
Captura de la página web del Deportation Data Project
Los datos del Deportation Data Project también permiten observar cómo se realizan esos arrestos. Graeme Blair, profesor de Ciencias Políticas de UCLA y codirector del proyecto, explicó durante un webinar sobre la nueva base de datos que ICE distingue entre diferentes métodos de aprehensión. Una categoría corresponde a los “custodial arrests”, es decir, aquellos casos en los que una persona que se encuentra bajo custodia penal en una cárcel o prisión es posteriormente transferida a la custodia civil de ICE.
Otra categoría son los “at-large arrests”, efectuados directamente por las autoridades migratorias en las comunidades, sin que exista una transferencia inmediata desde una cárcel o prisión.
En julio, el último mes completo incluido en la publicación, el 50% de todos los arrestos de ICE a nivel nacional fue clasificado como “at-large”, según explicó Blair. El investigador destacó que representa “un gran aumento” respecto del último año del gobierno de Joe Biden. La diferencia es todavía más pronunciada en algunos lugares: en California, el 77% de los arrestos de julio correspondió a esa categoría, mientras que el 22% fueron transferencias desde custodia penal.
La comparación permite entender una de las razones por las que está cambiando el perfil de las personas detenidas. Un sistema concentrado en transferencias desde cárceles y prisiones necesariamente encuentra una proporción importante de personas que han tenido contacto con el sistema penal. Cuando ICE incrementa los arrestos directos en las comunidades, su capacidad para localizar a personas que no estaban previamente detenidas se amplía. Ese cambio coincide con el aumento de recursos humanos, financieros y tecnológicos de la agencia.
ICE llegó a 29.000 empleados en junio, frente a unos 21.000 cuando Trump regresó a la Casa Blanca, según datos de la Oficina de Administración de Personal citados por The New York Times. El crecimiento se produjo mientras el gobierno destinaba miles de millones de dólares adicionales a la aplicación de las leyes migratorias y avanzaba con una expansión de la infraestructura necesaria para mantener bajo custodia a quienes son detenidos. La combinación permite que la agencia realice simultáneamente operaciones directas, procese transferencias de cárceles y trabaje con fuerzas estatales y locales.
El crecimiento, sin embargo, no fue lineal. Los arrestos superaron los 40.000 en diciembre de 2025, pero disminuyeron después de las protestas y controversias relacionadas con las operaciones realizadas en Minnesota a comienzos de este año. En febrero fueron 29.241 y durante los meses siguientes se mantuvieron relativamente estables. La tendencia volvió a acelerarse en junio, cuando se registraron 43.021, y en julio llegaron a 49.571, un aumento de aproximadamente el 15% en apenas un mes y del 70% respecto de febrero.
Texas y Florida se convirtieron en piezas centrales
ICE está realizando más de 380 arrestos diarios en Texas. Foto: REUTERS/Paul Ratje
El aumento se observa prácticamente en todo Estados Unidos, pero Texas y Florida ocupan un lugar especialmente importante. ICE está realizando más de 380 arrestos diarios en Texas y más de 230 en Florida, según el análisis de los nuevos registros, y en ambos estados la cantidad aumentó en más de 100 por día respecto de la primavera. Los dos tienen grandes poblaciones de inmigrantes sin autorización legal y gobiernos estatales que han respaldado la estrategia migratoria de la administración Trump.
Parte de esa capacidad proviene del crecimiento de los acuerdos 287(g), mediante los cuales determinadas autoridades estatales y locales pueden ejercer funciones migratorias bajo supervisión de ICE. La utilización del programa se expandió rápidamente durante el segundo gobierno de Trump y actualmente alrededor del 14% de los arrestos está vinculado a este mecanismo. Florida acumula al menos 15.000 arrestos mediante el 287(g) desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y Texas se acerca a los 10.000.
La importancia del programa resulta todavía mayor en estados donde ICE tiene una presencia propia más limitada. En Wyoming y Virginia Occidental, más de la mitad de los arrestos está actualmente asociada al 287(g). Sin embargo, la expansión no está circunscrita a estados gobernados por republicanos o que cooperan ampliamente con las autoridades federales. Nueva Jersey y Nuevo México registraron una duplicación de los arrestos pese a haber aprobado este año leyes destinadas a restringir determinadas formas de cooperación gubernamental con ICE, mientras que estados con poblaciones relativamente pequeñas, como Montana y Vermont, también experimentaron aumentos de más del doble.
Más de 66.000 personas bajo custodia de ICE
El aumento de las operaciones también se refleja en el sistema de detención. Blair explicó durante el webinar del Deportation Data Project que la población diaria promedio bajo custodia de ICE durante julio fue de 66.094 personas en todo Estados Unidos. La cifra no representa la cantidad de nuevas detenciones realizadas cada día, sino el promedio de personas que permanecieron bajo custodia de la agencia en un día determinado durante ese mes, una distinción importante para interpretar correctamente el alcance de los registros.
La administración todavía no alcanzó su objetivo declarado de disponer de 100.000 camas de detención, pero existen señales de que la capacidad seguirá creciendo. Varias instalaciones tienen previsto comenzar a funcionar durante el otoño y también se ha evaluado recuperar proyectos para convertir grandes almacenes en centros de detención. Al mismo tiempo, las deportaciones han mantenido un ritmo superior a 1.000 personas diarias desde el verano pasado y los vuelos de expulsión comenzaron a aumentar nuevamente durante la primavera. En julio se registraron al menos 329 vuelos fuera de Estados Unidos, de acuerdo con ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First.
El Deportation Data Project permite además estudiar el recorrido de una persona desde el arresto hasta su paso por diferentes instalaciones. Los investigadores vinculan los registros mediante identificadores anónimos que permiten seguir esos movimientos sin revelar información personal, como nombres. Un mismo detenido puede aparecer en varias instalaciones durante una única estadía bajo custodia, por ejemplo, si primero pasa por una sala de retención, luego por un centro de largo plazo y finalmente por una instalación utilizada antes de una deportación.
El Deportation Data Project permite estudiar el recorrido de una persona desde el arresto hasta su paso por diferentes instalaciones. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton
Por qué los investigadores piden cautela con las cifras de deportaciones
No todos los registros publicados por ICE tienen el mismo grado de confiabilidad. Los responsables del Deportation Data Project advierten especialmente sobre las cifras de expulsiones. David Hausman, codirector del proyecto y profesor de Derecho en Berkeley, explicó durante el webinar que una de las dificultades persistentes es establecer el número total de deportaciones atribuibles a ICE, porque distintas entregas de la propia agencia han presentado cantidades diferentes para períodos que se superponen.
“Una de nuestras frustraciones permanentes con los datos es que no estamos seguros del número total de expulsiones de ICE”, explicó Hausman. Algunas versiones recientes incluyen deportaciones que no aparecen vinculadas con una estadía previa en un centro de ICE. Los investigadores consideran posible que parte de esos casos corresponda a personas expulsadas poco después de llegar al país o que se presentaron directamente para ser deportadas, pero no han podido determinar con certeza si todos esos movimientos deben atribuirse a ICE o si algunos fueron contabilizados anteriormente como operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Por esa razón, el proyecto considera más sólido analizar las deportaciones que pueden vincularse con una estadía previa bajo custodia de ICE. Esa metodología no permite obtener un total completo de todas las expulsiones, pero sí reconstruir con mayor confianza el proceso que comienza con un arresto, continúa con una detención y eventualmente termina con la salida del país.
Una nueva base permite saber en qué ciudades arresta ICE
La última publicación incorpora además un campo que no estaba disponible anteriormente con este nivel de detalle: la ciudad donde se produjo cada arresto. Hasta esta entrega, los investigadores podían estudiar la geografía de las operaciones principalmente por estado o mediante las áreas de responsabilidad de las oficinas regionales de ICE, que en lugares como California y Texas abarcan territorios demasiado extensos para identificar con precisión dónde se concentran las operaciones.
El nuevo campo abre la posibilidad de realizar análisis locales, aunque también presenta limitaciones. Según Blair, los nombres parecen haber sido escritos manualmente por los agentes de ICE, lo que provoca que una misma ciudad pueda aparecer con distintas capitalizaciones o variantes. Además, un análisis de un área metropolitana exige revisar localidades independientes que pueden formar parte de una misma región urbana. En Los Ángeles, por ejemplo, un investigador tendría que decidir si incorpora además registros correspondientes a Santa Mónica, Pasadena u otras ciudades del condado.
El proyecto había advertido inicialmente que aproximadamente el 4% de las observaciones desde 2025 carecía de información sobre la ciudad. Durante el webinar, Amber Qureshi, codirectora del Deportation Data Project, precisó que en los registros correspondientes a 2026 el porcentaje faltante parece ser inferior al 1%, lo que hace que la información reciente sea considerablemente más completa. El equipo trabaja ahora en una versión procesada que normalice los nombres y permita relacionarlos con las unidades geográficas utilizadas por el Censo.
La existencia de esta base también revela las dificultades para obtener información actualizada sobre una política que está cambiando rápidamente. El Deportation Data Project recibió los archivos de ICE el 21 de agosto y los publicó el 24, después de realizar las verificaciones iniciales. “Estos no son datos que hayamos recopilado; provienen directamente de la propia agencia, en este caso ICE, y de las propias bases de datos de ICE”, explicó Qureshi durante la presentación.
El proyecto publica los archivos originales entregados por el gobierno, versiones procesadas para facilitar su análisis y el código utilizado para producirlas. Sus responsables explicaron que el objetivo es mantener una cadena de transparencia que permita a investigadores, periodistas y organizaciones regresar siempre a los registros gubernamentales originales. Pero obtener las actualizaciones ha requerido acudir repetidamente a los tribunales: según Qureshi, ICE no responde a las solicitudes de información siguiendo un calendario previsible y el proyecto ha tenido que demandar a la agencia bajo la FOIA para conseguir cada nueva actualización.
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