Más de 400 personas. Senadores, diputados, gobernadores, funcionarios nacionales y provinciales, representantes de organismos internacionales, industriales de la caña y del maíz, empresarios, técnicos, académicos, proveedores de tecnología. Un nivel de convocatoria difícil de imaginar para una industria que lleva casi una década sin poder ampliar su principal mercado. Pero lo que se sentía en los pasillos del Hotel Catalinas durante la II Cumbre de Bioetanol, organizada por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), no era resignación. Era hambre de cancha. Una industria que lleva demasiado tiempo esperando su próximo partido había llegado a Tucumán dispuesta a jugarlo como una final.
Estaban todos allí porque ese estancamiento no responde a la falta de proyectos, tecnología o materia prima. Es consecuencia de un marco regulatorio que hace años le puso un techo al mercado. Y porque la agroindustria argentina ya sabe lo que ocurre cuando se le da espacio para crecer.
La Ley 26.093 estableció la incorporación obligatoria de biocombustibles a los combustibles fósiles. Desde 2010, las naftas debían contener un 5% de bioetanol y el gasoil otro tanto de biodiésel. La demanda apareció antes que la oferta. Y la oferta respondió con creces. El interés por abastecer ese nuevo mercado superó ampliamente los cupos disponibles. Más biocombustibles producidos en el país significaban menos importaciones de combustibles fósiles. Al Gobierno le convenía, al país también. Al cabo de unos pocos años, el gobierno nacional duplicó el corte de biodiésel y llevó el de etanol al 12%.
En el NOA, las viejas destilerías que habían sobrevivido desde los tiempos del Plan Alconafta de los años ochenta comenzaron a dar paso a instalaciones modernas, más grandes y eficientes. Los ingenios ampliaron su capacidad de producción y el alcohol empezó a ganar un lugar cada vez más importante en una economía que hasta entonces había girado fundamentalmente alrededor del azúcar.
Quince años después, la superficie sembrada con caña de azúcar pasó de unas 280.000 a 420.000 hectáreas, mientras la producción de alcohol de caña se triplicó, de 200.000 a 600.000 metros cúbicos. Hoy, alrededor del 30% de los ingresos del sector azucarero proviene del etanol.
Mientras en el norte se modernizaba una industria con décadas de historia, en el centro del país nacía otra desde cero. Productores agropecuarios y empresas comenzaron a transformar maíz en etanol, siguiendo el modelo que había convertido a Estados Unidos en el principal productor de etanol del mundo. El etanol de maíz hoy aporta otros 600.000 metros cúbicos.
La ley había generado demanda. La demanda había disparado inversiones. Las inversiones habían creado capacidad productiva. Y esa nueva capacidad había permitido aumentar nuevamente la participación de los biocombustibles. Un círculo virtuoso donde regulación e inversión avanzaron una detrás de la otra. Hasta que dejaron de hacerlo.
Hace casi diez años que el corte de bioetanol está estancado en el 12%. En ese tiempo, Brasil avanzó del 18% hasta el 32%. Paraguay llegó al 30% y Bolivia abrió la puerta a porcentajes que pueden trepar hasta el 25%. Argentina, que había comenzado antes que varios de ellos, se quedó donde estaba.
Tanques de etanol en un campo de Parána, Brasil, cuando ese país arrancó a la par de Argentina en el impulso a los biocombustibles. Hoy más que duplica los porcentajes de corte a las naftas fósiles. Paraguay y Bolivia también avanzan en ese rubro más que la Argentina.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, mostró la bronca del sector. "Estamos cansados de ver cómo crecen nuestros vecinos y nosotros no", dijo. Y la comparación con Brasil duele especialmente. Allí, al corte obligatorio se suma un enorme mercado de etanol hidratado, alimentado por un parque automotor flex que puede elegir en el surtidor cuánto alcohol y cuánta nafta cargar.
Según Adam, si apenas una quinta parte del consumo argentino pudiera moverse hacia un mercado voluntario, aparecería una demanda adicional cercana a los dos millones de metros cúbicos de etanol. Casi el doble de todo lo que hoy producen juntas las industrias de caña y maíz.
Del lado de la oferta hay interés de responder con inversiones. En el maíz, algunos proyectos ya son públicos. BIOVI, impulsado por productores agropecuarios proyecta una planta nueva en General Villegas. Agricultores Federados Argentinos (AFA), una de las mayores cooperativas agropecuarias del país, tiene planes similares. En la provincia de Buenos Aires avanza otra iniciativa similar, vinculada al grupo Bahía Energía.
En la caña ocurre algo parecido, aunque con menos ruido. Hay ingenios analizando ampliaciones en destilerías y un modelo que empieza a despertar cada vez más interés: el de las plantas flex, que en Brasil está creciendo con fuerza. Destilerías capaces de producir alcohol con caña durante la zafra y con maíz cuando la caña no está. Una idea que empieza a borrar esa frontera con la que se pensó el mapa argentino de bioetanol.
Flavia Royón, ingeniera, senadora nacional por Salta y exsecretaria de Energía de la Nación, entiende de la materia y lo ve con claridad. 'Me cuesta entender como en el norte argentino, que tiene el maíz más barato del país, no produce etanol a partir de ese grano', dijo. La respuesta es obvia y la conoce mejor que nadie. Royón es autora de uno de los siete proyectos con estado parlamentario que buscan llevar el etanol más allá del 12%.
Sí, siete proyectos con estado parlamentario incluyendo al presentado por los diputados santacruceños Carambia y Galano. De Salta a Santa Cruz. Una muestra contundente de que el régimen vigente llegó a su límite. El gobierno nacional, las provincias productoras, la industria y hasta las compañías petroleras aceptan que hace falta un nuevo marco.
Pero la discusión en el Congreso de la Nación está trabada en el biodiésel. Grandes productores, pymes, petroleras, provincias y Nación mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo debería organizarse el mercado. Mientras que en el bioetanol hay casi consenso absoluto en cualquiera de los proyectos de ley. El sector está convencido de que lleva demasiado tiempo atrapado en una discusión que ocurre en otra cadena.
Hoy, el proyecto con mayores posibilidades políticas es el oficialista presentado por Patricia Bullrich y cuenta con respaldo explícito de toda la industria del etanol. Si el biodiésel sigue frenando el paquete completo, en la cumbre tucumana quedó claro que tanto la industria como los impulsores del proyecto estarían dispuestos a avanzar con una ley propia. Entre otros cambios, la iniciativa lleva el corte al 15% y acepta un uso voluntario por encima de esa cifra. Habilita a las petroleras a participar de la producción por encima del 15% y, además, autoriza que las provincias adopten porcentajes superiores de biocombustibles dentro de sus jurisdicciones. Córdoba, por ejemplo, podría avanzar con mezclas como el E17 que ya utiliza en parte de su flota pública.
Para el norte, resolver el techo del bioetanol es urgente. La producción de caña continúa creciendo, tanto por superficie como por rendimiento, mientras la capacidad de molienda comienza a mostrar sus límites. Este año, otra vez, volverá a quedar caña sin cosechar. A diferencia del maíz, que puede almacenarse durante meses, la caña tiene una urgencia biológica. Una vez cosechada debe llegar rápidamente al ingenio. No puede embolsarse. No puede esperar mejores precios. Tampoco puede exportarse en bruto. Hay que procesarla.
Convertirla únicamente en azúcar sería volver a depender de un mercado internacional condicionado por subsidios, cuotas y políticas proteccionistas, donde los precios muchas veces ni siquiera cubren los costos. Tampoco el mercado interno ofrece una salida. Durante décadas convivió con excedentes que, una y otra vez, desembocaban en profundas crisis para la agroindustria azucarera. El bioetanol permitió que una parte creciente de esa caña dejara de mirar exclusivamente al mercado del azúcar. Y con ella, también quedó atrás una historia de excedentes y crisis que el norte argentino conoce demasiado bien.
Sin embargo, en los pasillos del Hotel Catalinas circulaba un rumor que a priori, resulta demasiado ambicioso. Si el mercado del etanol se destraba, habría algún grupo empresario dispuesto a construir un nuevo ingenio pensado, desde el primer día, para producir alcohol. En los últimos noventa años hubo ampliaciones, nuevas destilerías, calderas más eficientes y centrales de cogeneración capaces de aprovechar el bagazo para producir electricidad. Pero fueron 9 décadas alrededor de ingenios existentes. Un establecimiento completamente nuevo marcaría otra escala de inversión. Y también otra expectativa sobre el futuro del sector.
Durante la Cumbre también se exhibieron kits electrónicos capaces de convertir cualquier vehículo de calle en flex. Un auto con tres, cinco o veinte años de antigüedad puede utilizar cualquier proporción de etanol y nafta mediante un dispositivo conectado a la unidad electrónica del motor. La tecnología ya funciona en países como Francia. Ahora también fue desarrollada por argentinos para el parque automotor argentino.
Y hubo un anuncio. El año próximo, desde Bahía Blanca, despegará un cohete impulsado con etanol.
Hace meses que el Congreso discute como pasar del 12% en el tanque. En Tucumán se habló de otra cosa. De nuevos ingenios. De plantas flex. De mercados voluntarios. De una ley propia. De kits de conversión. Y de cohetes.
En Tucumán no se respiró resignación, se respiró hambre de salir a la cancha
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