Los ÁUna coalición de 23 fiscales y gobernadores demandó este jueves al Gobierno del presidente Donald Trump por los cambios implementados en las asignaciones federales destinados principalmente a servicios de planificación familiar y salud reproductiva, que, según los demandantes, castiga a los estados que no se alineen con sus posturas políticas.
La querella legal impugna las nuevas condiciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos para las subvenciones del Título Xpara el año fiscal 2027, publicadas el mes pasado.
El Título X es la única fuente de financiamiento federal dedicada específicamente a apoyar métodos y servicios de planificación familiar, tales como anticoncepción, servicios para la infertilidad, acceso a control de la natalidad, pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y detección de cáncer a estadounidenses de bajos ingresos.
Los demandantes argumentan que las nuevas condiciones establecidas por el HHS son inconstitucionales porque penalizan a los estados y proveedores que no cumplan con las prioridades del Gobierno Trump.
La Casa Blanca se ha negado a financiar políticas de diversidad y que reconozcan las identidades transgénero y las necesidades médicas específicas de este grupo.
La medida tomada por el HHS señala que los beneficiarios que dejen de cumplir con las prioridades del departamento podrían perder la totalidad de sus respectivas subvenciones.
"El Título X busca hacer accesibles la planificación familiar y la atención reproductiva para todos; sin embargo, el presidente Trump intenta utilizar condiciones de sesgo ideológico para desmantelar esta red de seguridad, históricamente bipartidista, y convertirla en un arma política", declaró en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, que encabeza la demanda
Los fiscales generales de Nueva York, Maryland, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Pensilvania y Kentucky, se unieron a California para presentar la querella legal.
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