Autoridades de salud mental de 14 provincias argentinas presentaron este jueves en el Senado de la Nación un informe federal que advierte sobre el crecimiento sostenido de la demanda de atención y la creciente presión que enfrentan los sistemas públicos de salud mental. La presentación fue realizada en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental.
El relevamiento, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, reúne información aportada por las máximas autoridades de salud de provincias que en conjunto representan más del 70 por ciento de la población argentina.
Uno de los principales resultados del informe es la fuerte suba de la demanda de atención. En el último año, las consultas ambulatorias por salud mental crecieron un 23 por ciento. Más preocupante aún es el aumento de las internaciones: entre 2023 y 2026 se incrementaron un 42 por ciento, con una suba del 12 por ciento sólo durante el último año.
El relevamiento también registra un aumento de la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y pasaron a requerir atención en el sistema público. Según datos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hoy el 30 por ciento de la demanda en las guardias hospitalarias es por problemas de salud mental.
Las provincias que participaron del informe Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además participaron del encuentro las provincias de Entre Ríos y Río Negro.
Ambulancia del SAME psiquiátrico: las internaciones en el país subieron 42% en algo más de 3 años.
Las autoridades provinciales advirtieron en el Senado que este crecimiento de las patologías psicológicas y psiquiátricas “se produce en un escenario atravesado por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y el debilitamiento de las redes de apoyo, factores que generan una presión cada vez mayor sobre los sistemas públicos de salud”.
Las 14 jurisdicciones relevadas cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales. “Entre 2021 y 2026 se identificaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias informaron ampliaciones de camas de internación y de sus redes comunitarias, con equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de los consumos problemáticos”, señalaron.
A pesar de estos esfuerzos, las provincias advierten que sus capacidades se encuentran sobreexigidas frente a un incremento de los padecimientos que no cesa. También identifican “dificultades específicas para completar equipos con algunas disciplinas críticas" y señalan que debieron "asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con apoyo de Nación”.
En este contexto, las autoridades provinciales plantearon que “las principales necesidades para mejorar la atención son aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, fortalecer la red pública, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad”.
Asimismo, consideran necesario recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios que permita mantener en agenda, de manera continua y actualizada, uno de los temas de mayor prevalencia epidemiológica.
La presentación del informe se realizó mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, N.º 26.657. Las autoridades provinciales que participaron de la presentación en el Senado advirtieron que la reforma “elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos”.
En este sentido, las provincias sostienen que “el escenario actual requiere fortalecer las políticas públicas existentes, aumentar los recursos destinados a salud mental y recuperar una estrategia federal que permita responder de manera coordinada al crecimiento de la demanda”.
PS
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