Una mujer que perdió una pierna tras caer de un tren en movimiento durante un intento de robo en 2015 recibirá una indemnización millonaria por parte de Ferrovías S.A.S., la empresa concesionaria del servicio. Durante el juicio se comprobó que la formación circulaba con las puertas abiertas, que el guarda permitió que saliese de la estación sin verificar el cierre y que no había custodia policial. Según sostuvo la Justicia, la compañía incumplió su deber de cuidado.
Eran alrededor de las 14.15 de un día de marzo de 2015 cuando la mujer -cuyo nombre no trascendió-, se subió al Tren Belgrano Norte en la estación Boulogne en una formación que se dirigía hacia Retiro. Sin embargo, la pasajera no llegaría a destino. Un par de estaciones más tarde, y mientras la formación estaba dejando Carapachay, un ladrón intentó arrebatarle el teléfono celular y, durante el forcejeo, la empujó por una de las puertas del vagón, que permanecía abierta.
La mujer cayó a las vías, fue arrastrada varios metros por el tren y, producto de la caída y los golpes, sufrió la amputación de su pierna derecha, además de varias lesiones que la llevaron a una larga internación y numerosas intervenciones quirúrgicas.
El hombre que la empujó fue atrapado poco después cerca del lugar del suceso y fue condenado en el marco de una causa penal.
Sin embargo, la reparación económica, que depende de un proceso civil, siguió por otro camino, en el que la mujer demandó a Ferrovías. Desde la empresa se defendieron, y argumentaron que el suceso fue un hecho imprevisible provocado por un tercero y que, por ese motivo, no tenían que responder por las lesiones.
El juicio fue largo, y recién once años después hubo una resolución, cuando la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena que se había dictado en primera instancia y le ordenó a Ferrovías S.A.S. pagar una indemnización de 199,3 millones de pesos, más los intereses acumulados desde la fecha del accidente.
La suma está integrada por 95 millones de pesos correspondientes a las secuelas físicas y psicológicas, 65 millones más por daño moral, 8 millones por gastos médicos y traslados y otros 31 millones que corresponden a prótesis, tratamientos y asistencia futura.
Durante el juicio se acreditó además que el tren circulaba con las puertas abiertas al momento del incidente, circunstancia que fue determinante para que se produzca el accidente. Además, durante la causa se probó que el guarda autorizó a que la formación saliese de la estación sin verificar el cierre y que, a la hora del accidente, no había custodia policial.
Según consideró la Justicia, el robo dentro de una formación era un riesgo previsible para la empresa, que debería haber implementado medidas de prevención adecuadas. Además, los jueces recordaron que el contrato de transporte obliga a trasladar a los pasajeros sanos y salvos hasta su destino.
BPO
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