El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó el proceso para revocar las visas de turismo y negocios (categorías B1 y B2) otorgadas entre 2016 y 2026 a extranjeros que, tras ingresar al territorio estadounidense, solicitaron asilo para permanecer de forma permanente.
Breaking news: The State Department plans to revoke B1 and B2 visas — typically issued for tourism and business travel — of those who have claimed asylum after arriving in the U.S., marking the latest effort by the Trump administration to curb migration. https://t.co/VN5TeBadLQ
— The Washington Post (@washingtonpost) August 25, 2026
La medida, coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se aplicará de manera progresiva y se estima que alcanzará a hasta 200.000 personas.
El argumento de la administración: visas como privilegio
Las autoridades federales defienden la revocación sosteniendo que las visas de estancia corta se expiden bajo el compromiso formal de que el solicitante regresará a su país de origen al finalizar su visita. Utilizar este canal para ingresar y posteriormente tramitar el asilo quiebra las condiciones de la concesión.
- Calificación de fraude: El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que "obtener una visa para solicitar asilo es un fraude, lo cual constituye motivo de revocación de la visa".
- Implementación por etapas: Las cancelaciones de los visados B1 y B2 no serán inmediatas en su totalidad, sino que responderán a una revisión continua y dinámica por fases.
- Enfoque restrictivo: Bajo la gestión del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, la agencia gubernamental enfatizó que la visa es "un privilegio, no un derecho".
Suspensión global de citas consulares por "carga pública"
De forma paralela a las cancelaciones de visas a solicitantes de asilo, el Departamento de Estado ordenó a sus embajadas y consulados en todo el mundo la reprogramación masiva de citas para entrevistas de visado.
El secretario de Estado Marco Rubio habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. Foto: AP/Jacquelyn Martin
El aplazamiento responde al inicio de una capacitación global para oficiales consulares sobre la aplicación estricta de la regla de "carga pública", la cual obliga a denegar permisos de residencia o ingreso a quienes potencialmente dependan de la asistencia social del Estado.
Frenos judiciales a las restricciones de visados
Esta nueva ofensiva migratoria se produce en medio de severos cuestionamientos en las cortes federales. Recientemente, la jueza federal Jeannette A. Vargas anuló la pretensión del gobierno de frenar la emisión de visas a nacionales de 75 países de América Latina, África y Asia, dictaminando que el argumento sobre la supuesta dependencia de ayudas públicas carecía de sustento legal. Pese a las decisiones judiciales que exigen la revisión de expedientes, el Ejecutivo mantiene paralizado el procesamiento de nuevas solicitudes de asilo.
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