CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que enfrenta un proceso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, anunció el sábado su retiro indefinido del cargo un día después de haber retomado sus funciones, en medio de fuertes críticas de aliados y opositores.
Rocha Moya indicó en una carta que difundió en su cuenta de X que decidió pedir una “licencia temporal con carácter indefinido” para separarse del cargo, pero no ofreció más detalles.
El anuncio del político oficialista se hizo horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionara duramente el anuncio que realizó Rocha la víspera de regresar a la gobernación de Sinaloa tras casi cuatro meses de licencia.
Sheinbaum dijo más temprano en un mensaje en redes sociales que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”, en clara alusión Rocha Moya, aunque no lo mencionó.
La mandataria sostuvo que el “poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia”.
Tras casi cuatro meses de separarse del cargo, Rocha Moya había informado el viernes su regreso a la gobernación de Sinaloa alegando que la Fiscalía General de México determinó que “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito”.
Su decisión desató duras críticas de congresista y gobernadores oficialistas que instaron a Rocha Moya a reflexionar sobre su regreso al gobierno de Sinaloa que desde hace casi dos años está sumido en una espiral de violencia por una cruenta lucha entre dos facciones del cártel de Sinaloa.
La fiscalía de Nueva York hizo pública a fines de abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, entre los que se incluyen el alcalde de la ciudad de Culiacán —que también se separó temporalmente del cargo—, un senador oficialista, un fiscal y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien semanas después se entregó a las autoridades estadounidenses.
En la acusación se alega que los 10 funcionarios y exfuncionarios ayudaron al cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
La Fiscalía General de México refutó la solicitud de detención de los 10 funcionarios y pidió a Estados Unidos la entrega de pruebas, que hasta el momento no se ha concretado.
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